No solo pasó con Sheyla Cóndor: en 2024, la PNP desestimó 28 denuncias por violencia, violaciones y desapariciones de mujeres | Exclusivo

Desde el 1 de enero hasta el 20 de noviembre de 2024, se reportaron 28 casos de denuncias desestimadas por la PNP, de los cuales 22 correspondieron a casos de violencia contra la mujer, 3 a violencia sexual y 3 más a casos de desaparición.

En cuanto a la distribución por regiones, respecto a la violencia contra la mujer, se registraron 3 casos en Cajamarca, 3 en Huánuco, 3 en La Libertad, 2 en Lima, 2 en Juliaca, 2 en Pasco, 1 en Áncash, 1 en Andahuaylas, 1 en Ayacucho, 1 en Cusco, 1 en Ica, 1 en Puno, y 1 en San Martín.

Por otro lado, en relación con la violencia sexual, se registraron 1 caso en Junín, 1 en Cajamarca y 1 en Ica. Finalmente, respecto a los casos de desaparición, se reportaron 1 en Huánuco, 1 en Ayacucho y 1 en La Merced.

En entrevista con El Comercio, Luz Mejía, adjunta de niñez y adolescencia en la Defensoría del Pueblo, explicó la gravedad del tema de las desapariciones en el Perú, que se ha convertido en una prioridad para la institución desde el 2020. Según Mejía, desde ese año, la Defensoría publica un reporte mensual que revela las falencias del Estado en cuanto a la búsqueda y protección de las personas desaparecidas. La funcionaria destacó que los padres de las personas desaparecidas deben contar con la garantía de que el Estado actuará con rapidez.

“La denuncia se puede presentar en cualquier establecimiento de la policía”, señaló, subrayando que una denuncia por desaparición debe ser considerada una situación de emergencia, especialmente cuando se trata de mujeres. La Defensoría del Pueblo ha registrado un aumento alarmante en el número de desapariciones, particularmente de mujeres. “Este mes se reportaron 843 casos de desapariciones, un aumento significativo en comparación con el mismo periodo del año pasado”, reveló.

A pesar de las acciones preventivas que la Defensoría lleva a cabo, Mejía reconoció que no son suficientes. “Se necesita el apoyo de la policía para que no se desestimen las denuncias”, indicó. Además, enfatizó que el acceso a la justicia es un derecho fundamental que debe ser garantizado a todas las víctimas de desaparición.

El caso

El cuerpo de Sheyla Cóndor fue descuartizado en el departamento del policía, en el distrito de Comas. Esto ocurrió la noche del sábado 16 de noviembre, en el condominio Torres de la Pradera, donde hallaron los restos de la mujer, quien llevaba 4 días desaparecida. Las cámaras de seguridad captaron el ingreso de Sheyla al condominio junto al suboficial de la PNP, el presunto feminicida. La familia de Sheyla reveló conversaciones de WhatsApp entre el policía y ella, las cuales fueron encontradas abiertas en una computadora y ayudaron a determinar su paradero.

Sin embargo, las autoridades de la Comisaría de Santa Luzmila desestimaron estas pruebas y se negaron a recibir la denuncia, argumentando que Sheyla vivía en Santa Anita y no en Comas. Otra de las excusas dadas por los agentes fue que probablemente la mujer estaba con un enamorado y que iba a regresar. Incluso le advirtieron a su madre que, si acusaba al oficial de manera equivocada, podría enfrentarse a una denuncia por difamación.

Solo después de la presión de la familia y las quejas de los vecinos por olores extraños, la policía acudió al condominio. Fue allí donde encontraron el cadáver de Sheyla, dentro de una maleta, junto a seis personas en el mismo departamento, quienes ya han sido liberadas. Es importante comentar que el policía, que estaba prófugo y ahora se encuentra muerto, tenía antecedentes por una violación grupal a jóvenes ocurrida en enero de 2023.

Consecuencias legales

El abogado de la familia, Aaron Alemán, informó a El Comercio que, si la denuncia se hubiera tomado en serio desde el principio, el tiempo perdido podría haber sido crucial para salvarla. Remarcó que las entidades policiales tienen la obligación de proteger la integridad de las personas. “Si alguien denuncia la desaparición de un familiar, el efectivo policial tiene la responsabilidad de recibir la denuncia, procesarla correctamente y remitirla a la fiscalía para que se tomen las acciones necesarias”, expresó el abogado. Sin embargo, señaló que, en ocasiones, los oficiales cuestionan las denuncias de manera injustificada, con argumentos sexistas o arbitrarios, como la suposición de que la persona desaparecida estaba con su pareja o que no pertenece a la jurisdicción correspondiente.

Subrayó que este tipo de actitudes genera un espacio de impunidad y desalienta a las víctimas a denunciar, al crear un ambiente de temor. “Es fundamental que haya un enfoque de género en el proceso, y que existan instancias judiciales que impongan sanciones a los policías que no atiendan adecuadamente las denuncias. Esa desidia puede llevar a que las víctimas sufran por negligencia, incluso con consecuencias fatales”, afirmó. En este sentido, mencionó que, si las irregularidades son graves, se podría recurrir a presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Al ser consultado sobre las posibles consecuencias legales para los efectivos que no cumplen con su deber, Alemán explicó que si los policías no actúan conforme a la ley, estarían cometiendo el delito de “omisión de actos funcionales”, lo que podría resultar en una pena de hasta cuatro años de prisión. Además, un oficial que encubra un delito o evite que un responsable sea detenido podría enfrentar una pena privativa de libertad de hasta 15 años.

En cuanto al caso de Sheyla Cóndor, la muerte del principal sospechoso, un oficial de la Policía Nacional, ha abierto nuevas líneas de investigación. Alemán señaló que es necesario esclarecer si su fallecimiento fue un suicidio. Además, afirmó que la investigación por feminicidio sigue en pie, y que aún se están realizando diligencias como la recolección de cámaras de seguridad. También se investiga el posible delito de encubrimiento por parte de otros oficiales, como un mayor que pudo haber facilitado la evasión de la justicia del efectivo policial.

Respecto a los seis sospechosos en el caso, Alemán señaló que sus versiones no son creíbles. “Es prácticamente imposible que alguien no perciba el olor a cadáver estando a tan solo tres metros de distancia”, aseguró. Además, indicó que los testimonios de los sospechosos no han sido contrastados con las imágenes de las cámaras de seguridad del condominio, que aún no han sido adecuadamente obtenidas. “Esto es algo que ya hemos denunciado”, agregó.

Finalmente, el abogado habló sobre el caso de violación grupal ocurrido el año pasado, el cual está vinculado al mismo oficial. Alemán hizo un llamado a las víctimas de ese caso a que se acerquen y establezcan un lazo de confianza con el fin de vincular los crímenes y garantizar que no queden impunes. “Somos los principales interesados en defender a las personas afectadas”, afirmó.