A veces tengo la impresión de que en el Perú solemos ponernos trabas a nosotros mismos. Mientras aún enfrentamos el reto de inaugurar el nuevo terminal del AIJCH, a pesar del compromiso del sector aerocomercial de trabajar junto al Mincetur para recuperar y superar las cifras de turismo prepandemia, preocupan ciertas acciones que, en lugar de fortalecer la industria aérea y hacerla más competitiva, parecen limitar su desarrollo.
Desde el Congreso se impulsan iniciativas que podrían frenar el crecimiento del mercado aerocomercial. Asimismo, el ente regulador aprobó recientemente una nueva tasa de transferencia para pasajeros en tránsito en Lima, incluida en el contrato de concesión sin haberse evaluado su impacto económico a largo plazo. Esta decisión beneficia a los aeropuertos de Bogotá y Panamá –los principales competidores del AIJCH–, donde no se aplican estas tasas. De esta forma nos restamos competitividad por el costo adicional que va a representar para turistas nacionales y extranjeros.
Así también, se discuten iniciativas legislativas que podrían alterar las reglas de la industria aeronáutica en el Perú afectando su estabilidad y crecimiento en el corto plazo. Es imprescindible que los proyectos de ley sean sometidos a un profundo análisis técnico y económico previo a su debate en el pleno del Congreso. En ocasiones, se aprueban propuestas que transgreden los principios de la economía social de mercado establecidos en la Constitución, sin evaluar las consecuencias en sectores clave como el turismo y la accesibilidad del transporte aéreo.
La aviación sigue en recuperación y enfrenta desafíos de sostenibilidad, no tiene en agenda ninguna medida que busque potenciarla. Por el contrario, sólo encuentra obstáculos y limitaciones. En estas circunstancias, la Comisión de Transportes aprobó también una reforma a la Ley de Aeronáutica Civil sin revisar la afectación en operaciones de empresas aéreas, y olvidando que, en una economía de mercado, los clientes son libres de elegir los servicios a consumir considerando el precio que prefieren pagar.
Gremios aéreos, turísticos y comerciales rechazan la intervención del Estado en regulación de precios de boletos aéreos, ya que afectaría al 70% de los pasajeros que eligen tarifas económicas sin servicios extra. Comparan la medida con obligar a un restaurante a incluir postre y café en un menú básico. Nadie debería pagar por servicios que no necesita, estando en un Estado de derecho.
De aprobarse estos proyectos se encarecerían los boletos aéreos, vulnerando el modelo de tarifas económicas que logró reducir precios en 45% dando la posibilidad de volar a más personas. Se limitaría el acceso al transporte aéreo, afectando al turismo y a la economía nacional, donde el sector representa el 2,3% del PBI, según la IATA.
Es fundamental que las autoridades y legisladores analicen con mayor profundidad las implicancias y real repercusión de estas medidas antes de implementarlas. Regular sin una evaluación rigurosa podría comprometer el futuro de la industria aérea y perjudicar a millones de peruanos.
