Un riesgo fue advertido por padres de familia y usuarios en redes sociales, quienes han puesto en evidencia la existencia una norma vigente y aprobada el año pasado, la cual pone en serio peligro el acceso de miles de niños a portas del inicio del nuevo año escolar 2025. Se trata de la Resolución Viceministerial 151-2023, que, según muchos padres de familia, excluiría de la Educación Básica Especial a niños y adolescentes con discapacidad leve y moderada.
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Los internautas afirman que esta resolución no sería un problema si los centros de educación regular contaran con los recursos adecuados para atender a estudiantes con discapacidades leves y moderadas. Sin embargo, esto no es así, según especialistas. “La R.V.M. 151-2023 pone en riesgo la continuidad educativa de estos niños, ya que establece que los Centros de Educación Básica Especial serán un servicio exclusivo para personas con discapacidad severa. Por lo tanto, los niños con discapacidad leve o moderada podrían abandonar la educación, mientras que otros intentarán ingresar a la educación básica regular, que no cuenta con las condiciones necesarias para una educación inclusiva”, comunicaron los padres.
Análisis
Ante ello, José Luis Gargurevich, exviceministro de Gestión Institucional del Minedu y presidente del Instituto para la Sociedad de la Información, indicó a El Comercio que, al revisar el Reglamento Nacional de Educación, este formaliza que la Educación Básica Especial está dirigida a personas con multidiscapacidad o discapacidad severa. Es decir, este reglamento ya establece que la Educación Básica Especial es para quienes tienen discapacidad severa. Sin embargo, la idea de que los estudiantes con discapacidades leves y moderadas se incorporen a la educación regular no es viable, ya que, aunque la intención es una mayor inclusividad, las escuelas regulares no están preparadas para acoger a personas con discapacidades.
“No hay rampas, ni ascensores, ni materiales para personas con discapacidades auditivas o visuales. Tampoco hay acompañamiento para personas con autismo. Es por eso que muchos estudiantes con discapacidades leves y moderadas van a los Centros de Educación Básica Especial, pero ahora ya no podrían siquiera tener esa opción”, agregó.
Detalló que probablemente la norma técnica de 2023 está saliendo a la luz ahora, porque, al estar a las puertas del año escolar 2025, muchos padres se han visto sorprendidos al darse cuenta de que sus hijos con discapacidades leves o moderadas ya no podrán asistir a los Centros de Educación Básica Especial. “Hay que levantar una alerta y preguntarnos cuál es la razón detrás de esta norma. Ahora, ninguna escuela va a querer incorporar a estas personas con discapacidades leves y moderadas”, dijo.
“Como alternativa para tener un mejor enfoque dirigido a la inclusión, se debe impulsar que las escuelas regulares incluyan atención a personas con discapacidades leves y moderadas. Hay que reinvertir recursos y estrategias pedagógicas para que haya una oferta educativa pública focalizada en brindar mayores accesibilidades, de modo que todas las personas puedan estar dentro de una escuela pública regular. Para ello, es necesario pedirle al Ministerio de Educación que siga especializando su oferta de educación especial, pero que también impulse una mejor adaptación de las escuelas regulares para personas con discapacidades leves y moderadas”, expresó.
Por otro lado, Renata Anahí Bregaglio Lazarte, abogada y magíster en derechos humanos, señala que, aunque formalmente no sea ilegal, “la norma no es óptima”, ya que establece que solo los niños con discapacidades intelectuales severas podrán acceder a la educación especial. Según la abogada, el modelo óptimo debería permitir que todos los niños con discapacidad estudien en colegios regulares, pero reconoce que las escuelas no están preparadas para recibir a estudiantes con necesidades especiales. “Los colegios regulares no tienen la capacidad para atender a niños con discapacidad”, afirmó Bregaglio, y añadió que la norma podría generar un grave dilema, ya que aunque legalmente podría considerarse adecuada, en la práctica los niños con discapacidad leve o moderada “no entrarán en ningún colegio o, peor aún, terminarán en centros regulares donde recibirán una mala educación o enfrentarán situaciones graves de violencia”.
La abogada también destacó ejemplos de otros países que han logrado una integración exitosa de estudiantes con discapacidades en la educación regular. “En España e Italia se ha logrado avanzar en la inclusión, pero la realidad latinoamericana es muy diferente”, explicó. En el contexto peruano, Bregaglio advierte que el sistema educativo no está preparado para implementar la inclusión de manera inmediata. “De un día para otro estamos diciendo que los niños con discapacidades leves y moderadas deben ir a colegios regulares, pero estos colegios no están listos. Esto podría haberse hecho de manera progresiva, pero ahora se está forzando la inclusión”, afirmó.
Sugirió varias medidas que podrían adoptarse para asegurar que las escuelas regulares sean verdaderamente inclusivas. “Primero, hay que dar un paso atrás y volver a la educación especial para los niños que han sido excluidos por la resolución”, indicó. Además, propuso que el Ministerio de Educación apruebe una norma técnica que permita la creación de centros de acompañamiento interno inclusivos en todas las escuelas, es decir, oficinas dedicadas a la inclusión dentro de los propios centros educativos. También enfatizó la importancia de que los profesores reciban formación en educación inclusiva y que las escuelas cuenten con equipos técnicos especializados. “Es necesario que los colegios se preparen adecuadamente para ofrecer una educación verdaderamente inclusiva”, concluyó Bregaglio.
Marcia Rivas, exdirectora de Educación Especial del Ministerio de Educación (Minedu), destacó en entrevista con El Comercio que el país ha avanzado en materia de educación inclusiva desde hace varios años. Según Rivas, desde 2015 existe una norma que establece un mínimo de vacantes reservadas para niños con discapacidad en colegios regulares, lo que permite que tanto docentes como directores estén conscientes de la posibilidad de recibir a estudiantes con discapacidad, ya que esta reserva está normada. Sin embargo, reconoció que aún persisten barreras y que, aunque se han logrado avances, “falta mejorar las condiciones”. A pesar de los desafíos, la exdirectora enfatizó que “es obligación de los colegios, a través de sus equipos, asegurar que los niños con discapacidad tengan una vacante”, y añadió que es fundamental que el Estado continúe mejorando las condiciones para garantizar la inclusión en las escuelas regulares.
