Jueves, Diciembre 26

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador negó la demanda por supuesta violencia política de género contra el presidente Daniel Noboa y otras autoridades, interpuesta por la vicepresidenta del país, Verónica Abad.

En la sentencia, que figura en la web del TCE con fecha 24 de diciembre, el tribunal resuelve “negar la denuncia” propuesta por Abad contra Noboa, la canciller, Gabriela Sommerfeld, el exviceministro de Gobierno, Luis Esteban Torres Cobo, y la asesora presidencial, Diana Jácome.

Una fuente cercana a Abad dijo este miércoles a EFE que ya fueron “notificados con la negativa de la demanda”, proceso que el Gobierno interpretó como un supuesto intento de golpe de Estado por parte de Abad.

En la sentencia, el TCE ratifica “el estado de inocencia” de las personas contra las que Abad había interpuesto la denuncia y dispone archivar la causa, una vez ejecutada la sentencia.

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La fuente cercana a la vicepresidenta señaló que los “abogados están evaluando el tema y se tomará una decisión en las próximas horas”.

En noviembre pasado, Abad sustentó con ocho supuestas “agresiones” la denuncia durante una audiencia ante el TCE donde su abogado, Damián Armijos, explicó que la diligencia buscaba la tutela de los derechos políticos de la vicepresidenta y entonces embajadora en Israel.

Según él, con esas presuntas agresiones, Noboa y el resto de acusados supuestamente buscaban impedir el ejercicio de la función pública de su defendida, así como “amedrentarla, intimidarla y hostigarla” para “provocar su renuncia y evitar así la sucesión presidencial, como manda la Constitución”, que debe ocurrir cuando Noboa pida licencia para llevar a cabo la campaña electoral de los comicios de 2025, donde buscará su reelección.

El distanciamiento entre Noboa y Abad, evidenciado desde la segunda vuelta de las elecciones presidenciales extraordinarias de 2023, se agudizó cuando, al asumir el cargo, el gobernante le asignó funciones como embajadora en Israel para promover la paz entre israelíes y palestinos.

Abad interpretó esta designación como un método para alejarla del país y de la gestión del Gobierno, pues en caso de negarse podía ser destituida.

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