El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, ha enviado al Congreso de su país una reforma constitucional que probablemente convierta a su país en el más represivo de las Américas, incluso peor que Venezuela y Cuba. Convertirá oficialmente a Nicaragua en una Corea del Norte tropical.
Los cambios constitucionales de Ortega, entre otras cosas, darán un manto legal al gobierno para arrestar a opositores bajo cargos de “traición a la patria” y despojarlos de su nacionalidad.
También convertirán a Ortega y a su esposa, la actual vicepresidenta Rosario Murillo, en “copresidentes”, con poderes para “coordinar” todos los demás poderes del gobierno.
La reforma fue enviada por Ortega a la Asamblea Nacional, controlada por el gobierno, el 20 de noviembre. Es prácticamente seguro que será aprobada, porque el Partido Sandinista gobernante y sus aliados tienen 84 de las 90 bancas de la Asamblea Nacional.
“Nicaragua ya es la sociedad más cerrada del hemisferio, peor que Cuba o Venezuela”, me dijo Juan Pappier, directivo para América Latina del grupo de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch.
“Se está convirtiendo en la versión latinoamericana de Corea del Norte”. Mientras que en Cuba y Venezuela todavía hay un pequeño número de periodistas independientes y activistas de derechos humanos que intentan hacer su trabajo pese a la represión gubernamental, eso se ha vuelto casi imposible en Nicaragua, me dijo Pappier.
Desde las masivas manifestaciones callejeras del 2018, en las que los escuadrones paramilitares de Ortega mataron a unos 350 manifestantes, en su mayoría pacíficos, el régimen de Ortega-Murillo ha cerrado alrededor de 5.000 organizaciones no gubernamentales.
A Ortega no le molestan mucho las críticas internacionales. Cuando lo entrevisté extensamente en su casa en Managua en el 2018, ni se inmutó cuando le pregunté por las acusaciones de los grupos de derechos humanos. Me dijo que eso era parte de una supuesta campaña difamatoria contra Nicaragua por parte de EE.UU. Cuando le pregunté si no le molesta que lo llamen ‘dictador’, se encogió de hombros y me respondió con una sonrisa: “La verdad es que estoy acostumbrado a que me digan de todo”. Según el artículo 1 de la reforma constitucional de Ortega, “todos aquellos o aquellas que atenten” contra los “sagrados derechos del pueblo nicaragüense serán considerados traidores a la patria”.
Según el artículo 17, “los traidores a la patria pierden la nacionalidad nicaragüense”. Entre otros puntos destacados del plan de reforma constitucional de 66 páginas de Ortega, que lleva su firma, define a Nicaragua como un país “revolucionario”, y dice que el Estado se basa en un conjunto de principios, incluidos los “ideales socialistas”; crea una “policía voluntaria”, que según los grupos de derechos humanos será en la práctica una fuerza paramilitar como la que actuó contra las manifestaciones callejeras en el 2018; dice que la nueva “copresidencia” Ortega-Murillo “coordinará” los órganos legislativo, judicial y electoral, así como los organismos autónomos, y afirma que las personas tendrán derecho a expresarse libremente en público y en privado, “siempre y cuando” no se opongan a “los principios consagrados” en la Constitución.
Existen varias teorías sobre por qué Ortega, de 79 años, decidió llevar adelante esta reforma constitucional, considerando que ya controla todos los poderes del Estado, y ya venía llevando a cabo varias de las acciones represivas que quedarían consagradas en el nuevo texto constitucional.
Una teoría posible es que quiera darle una cobertura legal a la brutalidad de su régimen. Otra posibilidad es que, por insistencia de su esposa y vicepresidenta, quiera preparar el terreno legal para que Murillo asuma el mando sin problemas si él se muere en un futuro próximo.
Sea lo que sea, Nicaragua está en camino de convertirse, constitucionalmente, en una campeona de la represión política en América Latina. Lamentablemente, muy pocos le están prestando atención a este fenómeno.
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