El investigado se encuentra en la clandestinidad desde el 18 de noviembre cuando no se presentó a la audiencia en la que se definió su prisión preventiva por el Caso “Los Waykis en la sombra”.
El martes último, el juez Richard Concepción Carhuancho dictó la orden de prisión preventiva en su contra, por 36 meses; y ordenó su búsqueda y captura a nivel nacional e internacional. Sin embargo, de Boluarte Zegarra ya no se sabía nada.
MIRA: Alberto Fujimori: ¿Decisión de restituir su firma en la Constitución tendrá impacto jurídico?
Efectivos de la policía judicial acudieron el último miércoles a su vivienda ubicada en el distrito de San Borja.
El Comercio pudo verificar que el vehículo de Nicanor Boluarte se encontraba estacionado en el garaje del edificio donde reside.
Pese a la situación, la presidenta Dina Boluarte continúa realizando su agenda con normalidad. Este miércoles, encabezó la reunión del Consejo de Ministros.
De esta manera el hermano presidencial sigue los pasos del prófugo Vladimir Cerrón, exgobernador de Junín, quien desde hace un año y dos meses se encuentra en la clandestinidad. Además de la orden de prisión preventiva en su contra por el caso Los Dinámicos del Centro, también tiene pendiente por cumplir una condena efectiva de tres años y seis meses.
Junto a ellos, el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, también se encuentra evadiendo la justicia desde hace dos años y cinco meses. Sobre este pesa una orden de prisión preventiva por actos irregulares en el Caso Puente Tarata-MTC, durante el gobierno de Pedro Castillo, en el quw la actual presidenta Dina Boluarte, era la vicepresidenta.
Hasta el momento, tampoco se conoce el paradero de otros implicados en el Caso Los Waykis en la Sombra, para quienes también se dictó prisión preventiva: Jorge Luis Ortiz Marreros, exdirector de la Dirección General de Gobierno Interior; Zenobia Griselda Herrera Vásquez, exjefa del programa Qali Warma del Midis de la Región San Martín; y Jorge Chingay Salazar.
Imágenes de Canal N, en la vivienda de Ortíz Marreros, dieron cuenta que dos agentes de la Policía llegaron hasta el lugar la noche del martes, pero no encontraron al requerido.
¿Pudieron haberse tomado medidas preventivas?
Este Diario buscó la versión de la Policía Nacional y del Ministerio Público para conocer si se había dispuesto medidas previas para conocer la ubicación de Nicanor Boluarte, durante el desarrollo de las audiencias donde se evaluó su prisión preventiva. Sin embargo, hasta el cierre de este informe, no obstuvimos respuesta.
El pasado domingo 17 de noviembre, Boluarte Zegarra se conectó brevemente a la audiencia virtual y se le pudo apreciar a bordo de un vehículo. En sesiones anteriores, las videollamadas mediante las que se conectaba a la audiencia se producían desde una vivienda, según se mostraba en las imágenes.
Como se sabe, las coordinaciones entre el Ministerio Público y la Policía para que se realice videovigilancia preventiva está permitida.
Así lo demuestra el caso del prófugo exministro Juan Silva, en cuyo caso el exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, solicitó que se realice una video-vigilancia para poder conocer los movimientos del exfuncionario, mientras se concretaba la emisión de una orden de detención en su contra.
Sin embargo, como se recuerda, Silva Villegas pudo burlar a los efectivos policiales que le prestaban seguridad tras haber sido ministro de Estado.
Desde que el hermano presidencial decidió ocultarse de la justicia, su abogado Luis Vivanco, ha repetido que desconoce su paradero.
En una conferencia de prensa, el letrado trató de justificar la fuga de su patrocinado, asegurando que estaba ejerciendo su derecho a “sustraerse” de la justicia.
“Yo no tengo la ubicación ni puedo responder esa pregunta. Yo no sé dónde está el señor Nicanor Boluarte. Lo único que puedo decir es que entiendo que él está ejerciendo el derecho de toda persona a sustraerse, a no someterse a una decisión que a todas luces es arbitraria, injusta y presenta un claro tinte político.”
Vivanco admitió que Boluarte Zegarra se encontraba “no habido” de la justicia, pero que esperarán la decisión que tome la sala superior al revisar su apelación, para determinar si se somete a la justicia o no.
“Vamos a esperar que nuestra apelación sea analizada por la Corte Superior y en ese momento se tomará la decisión de someterse o no a la decisión del Poder Judicial”, expresó el abogado.
Vladimir Cerrón
1 año y dos meses prófugo de la justicia
El 6 se octubre del 2023, Vladimir Cerrón fue condenado a cuatro años de pena efectiva -que posteriormente se redujo a 3 años y 6 meses de cárcel efectiva- por actos de corrupción en el “Caso Aeródromo Wanka”.
Cerrón había participado de manera virtual en las audiencia, y pasó a la clandestinidad luego de conocer el fallo condenatorio en su contra. Desde entonces se encuentra prófugo de la justicia.
Actualmente se ofrece una recompensa de S/500 mil por información que lleve a su captura.
Juan Silva Villegas
2 años y 5 meses
Juan Silva Villegas, quien fue ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) del expresidente Pedro Castillo, se encuentra prófugo desde junio del 2022. Es investigado por presuntos delitos de corrupción por la licitación del “Puente Tarata”.
Existe una recompensa de S/50 mil por información que pueda ayudar a su captura.
“No hay ninguna garantía de que se produzca su captura”
Rubén Vargas, exministro del Interior, sostuvo que a la luz de los hechos, quedaba claro que la intención de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, “nunca fue ponerse a derecho”, y por el contrario, siempre ha estado pendiente para evadir su responsabiliad y el mandato judicial.
Por ello, indicó que se presenta la misma circunstancia que con el exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón, ya que usa los mismos argumentos y pretexto para no ponerse a derecho, pero con el agravante que se trata del hermano de la presidenta.
“Queda claro, ahora, que las excusas y los argumentos que está utilizando su defensa legal, son exactamente las mismas que utiliza continuamente el señor Cerrón. Entonces, tenemos dos personajes vinculados al poder eludiendo a la justicia con los mismos argumentos”, sostuvo.
Vargas recordó además que, por versiones públicas de las declaraciones del capitán PNP Junio Izquierdo, conocido como el ‘Agente Culebra’, el actual ministro del Interior Juan José Santiváñez, estaría relacionado a la defensa de Nicanor Boluarte. Por tanto, acotó, si se sigue la línea de las declaraciones del capitán Izquierdo, “la permanencia del señor Sativáñez en el Ministerio del Interior sería para cumplir las directivas de la presidenta (Dina Boluarte) y entre ellas, según las declaraciones del capitán Izquierdo, fue la desactivación del equipo de apoyo al Eficcop”.
“Entonces, no hay ninguna garantía de que se produzca su captura o haya una orden para su captura, para que se le ponga a derecho al señor Boluarte. Las actuales autoridades del sector Interior no prestan ni generan esa confianza y esa garantía.”
El exministro del Interior rescató además que, según el argumento del juez Richard Concepción Carguancho, se estaría frente a un organización criminal; lo cual es importante ya que se confirmaría que en los círculos más altos del poder operaba una estructura criminal para obtener beneficios indebidos utilizando recursos y cargos públicos.
Además, dijo Vargas, según lo que ha recordado el magistrado en su resolución, los oficiales de la Policía del Eficcop han sido castigados por no aceptar ofrecimientos de los abogados de Nicanor Boluarte; y por ello han sido hostigados.
“Entonces, la pregunta se cae de madura ¿quién será el policía que se atreva a capturar al hermano de la presidenta si por solo investigar ahora hay policías que están siendo acosados hostigados y castigados?”
Rubén Vargas, exministro del Interior.
Finalmente, el exministro señaló que, medidas como la videovigilancia a los investigados, se realizan por disposición fiscal o por orden judicial a pedido fiscal. Por ello consideró que “la fiscalía debió haber tomado las medidas o apremios correspondientes para garantizar una correcta administración de justicia y evitar la fuga”.
Por su parte, el exministro del Interior, Remigio Hernani, señaló que debería haber sido el juez quien debió prever medidas para asegurar la sujeción de Nicanor Boluarte. Ello, al cuestionar que el magistrado Richard Concecpión Carhuancho se tomara cerca de tres meses para resolver el pedido de prisión preventiva.
Consideró que ahora, la orden de captura, deberá ser enviada a la Policía Judicial para que lleven adelante la detención.
“La resolución se notifica a la Policía Judicial y luego ya hay un tema de orden totalmente operativo. O sea, la Policía Judicial tiene que realizar sus labores operativas que conduzcan a la captura de esta persona”, explicó.
