El juez Richard Concepción Carhuancho inaplicó la nueva ley sobre crimen organizado en el proceso que se sigue contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, por el Caso Los Waykis en la Sombra. Así lo anunció el último domingo, cuando inició la lectura de su resolución sobre el pedido de prisión preventiva contra este.
Concepción consideró que la norma recientemente aprobada por el Congreso de la República es inconstitucional y contraria a la Convención de Palermo. “Se trata de una ley con nombre propio. […] Ha dejado consecuencias nefastas y seguirá produciéndolas”, añadió.
El juez recordó que la ley sobre crimen organizado fue impulsada por el segundo vicepresidente del Congreso. Waldemar Cerrón, quien luego trató de beneficiarse de esta.
Además, destacó que la presidenta de la República no observó la norma, en el contexto en el que podría beneficiar a su hermano, investigado por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho activo genérico y tráfico de influencias.
También resaltó que la nueva ley deja fuera del marco de organización criminal a una serie de delitos contra la administración pública. En opinión del juez, se habría dictado para dejar fuera del rango de acción a los funcionarios públicos.
En proceso
Hasta la publicación de esta nota, Concepción leía su resolución sobre el pedido del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) de 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte y otros.
Según la hipótesis del Eficcop, el hermano de presidenta lideraría una red criminal dedicada a nombrar de manera ilegal a prefectos y subprefectos en diversas regiones del país. Esto con el propósito de utilizar el aparato estatal para facilitar la inscripción del partido político “Ciudadanos por el Perú”.
Para la fiscalía, Nicanor Boluarte planificó un programa criminal para copar la Dirección General del Gobierno Interior (DGIN), del Ministerio del Interior, “investido del poder de facto otorgado por su hermana, Dina Ercilia Boluarte Zegarra”.
Concepción señaló el último domingo que “los hechos sí tendrían connotación criminal”. Añadió que “existe alto grado de probabilidad en la participación de Nicanor Boluarte en los hechos que se le imputan”.
En otro momento dijo que hay elementos de convicción que corroboran la declaración del testigo Armando Villalobos Leyva, quien fue nombrado prefecto regional de San Martín en enero del 2023. Villalobos señaló a la fiscalía que se le requirió llenar fichas de afiliación al partido político.
Requisitos para la prisión preventiva
El juez destacó que para ordenar prisión preventiva se deben cumplir tres requisitos: que existan graves y fundados elementos de convicción (indicios), que la posible pena sea mayor a 5 años de prisión y que haya peligro procesal (riesgo de fuga u obstaculización a la justicia).
También precisó que la prisión preventiva no se impone para castigar, sino para evitar cualquier riesgo serio para el proceso. Además, destacó que la medida es provisional, se dicta de de acuerdo a las circunstancias y es materia de revisión cada cierto tiempo.
Concepción está tardando tres meses en resolver el pedido de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte y otros.
