
Nadine Heredia, ex primera dama condenada a 15 años de prisión por lavado de activos, llegó ayer a Brasil en marco del asilo diplomático que le fue otorgado por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano, la solicitud de la esposa del expresidente Ollanta Humala, también condenado a 15 años por el caso de aportes de Odebrecht a su campaña en 2011, se realizó en “concordancia con lo establecido en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954”, de la cual el Perú y el Brasil son parte.
El asilo es una figura jurídica del derecho internacional que puede ser solicitada por ciudadanos que consideren que requieren protección en un país distinto al suyo.
¿De qué depende?
Eduardo Nieto, director de la carrera de Ciencias Políticas de la UPC, explica que los peruanos pueden solicitar asilo a otro Estado cuando consideren que hay una situación de peligro o amenaza. “El asilo más común es el asilo diplomático, que implica que la persona se dirija a la embajada [del país en el que quiera asilarse] para poder buscar protección. Hay otras formas como el asilo territorial, que está referido a extranjeros que pueden estar siendo perseguidos por su país de origen y que se encuentran en un determinado Estado”, explicó a este diario.
Así como el asilo diplomático está regulado en la Convención de 1954, el asilo territorial cuenta con su propio tratado, firmado también en 1954 por los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), entre ellos el Perú. De acuerdo con la Convención de Asilo Territorial, “todo Estado tiene derecho, en ejercicio de su soberanía, a admitir dentro de su territorio a las personas que juzgue conveniente, sin que por el ejercicio de este derecho ningún otro Estado pueda hacer reclamo alguno”.
Para que un país otorgue el asilo solicitado se debe verificar la existencia de amenaza o persecución por razones políticas, ideológicas, entre otras. Sin embargo, Nieto precisa que en la práctica es un ejercicio de discrecionalidad. “Es decir, los Estados soberanos tienen la potestad de dar un asilo sin tener que motivar, sin tener que justificar su decisión”, precisó.
Aunque en el caso de Nadine Heredia el proceso de solicitud y aprobación de asilo en Brasil tardó apenas unas horas, Nieto indica que el tiempo de respuesta para un pedido de este tipo depende de cada país. “En los Estados Unidos el proceso tarda aproximadamente tres meses como máximo, pero en otros países existen otros plazos. También hay Estados que no determinan los tiempos, puede ser inmediato o bastante extenso”, añadió el especialista.
Lo mismo sucede con el otorgamiento del salvoconducto que, para el caso del asilo diplomático, es la autorización del gobierno para que la persona que ha recibido el asilo pueda salir de su territorio. “El Estado también puede evaluar extensión del salvoconducto. Puede haber un pedido de asilo en el cual, en los hechos, no hay ninguna situación de persecución política o de otro tipo. Entonces, los gobiernos pueden también considerar que, si bien otro Estado da el asilo, no están en la obligación de concederle el salvoconducto de manera inmediata. Hay varios casos donde se han dado permanencias de muchísimo tiempo en embajadas porque el Estado no le confería el salvoconducto”, agregó Nieto.
Refugiados
Mientras el asilo suele estar enfocado en persecución por razones políticas e ideológicas, el refugio se relaciona con situaciones de conflictos. Eduardo Nieto lo explica así: “el asilo suele estar ligado a lo personal, individual. En cambio, el refugio tiene conductas también colectivas, especialmente cuando se trata de países en guerra. Por ejemplo, con el conflicto en Medio Oriente y hay bastantes pedidos de refugiados de Gaza”.
De acuerdo con las Naciones Unidas, hasta mediados del 2023, los cinco principales países de origen de refugiados e individuos que solicitaban protección internacional era Siria (6,5 millones), Afganistán (6,1 millones), Ucrania (6 millones), Venezuela (5,6 millones) y Sudán del Sur. (2,2 millones).
En el Perú existe, desde el 2002, una Comisión Especial para los Refugiados (CEPR) cuya tarea es recibir, evaluar y resolver solicitudes de reconocimiento de refugio y garantizar que se cumplan los acuerdos internacionales sobre protección a personas refugiadas.
De acuerdo con la ACNUR (Agencia de la ONU para los refugiados), actualmente el sistema de refugio en el Perú tiene más de 500.000 solicitantes de la condición de refugiado, de los cuales más de 7.200 cuentan con el reconocimiento oficial como refugiadas.
Además de personas de origen venezolano (se calcula son 1,5 millones de ciudadanos de dicho país), Perú cuenta con refugiados y solicitantes de asilo de otros países de la región, como Colombia, Cuba, Ecuador, Haití o República Dominicana, y del mundo, como Turquía, Yemen, Siria, Palestina, Irak, Nigeria y Bangladesh.