La disputa ha propiciado comunicados y pronunciamientos de ambos lados, así como el reciente retiro por parte de la comuna distrital de todas las cámaras en su jurisdicción, pese a que, según fuentes del sector, solo habían reclamos en las cámaras de dos puntos específicos: uno cerca de un colegio y otro próximo a la bajada Marbella hacia la Costa Verde.
Previamente, los vecinos y usuarios afectados realizaron un plantón para ser escuchados y exponer que las notificaciones de las fotopapeletas llegaron hasta con tres meses de retraso, lo que dificultó el derecho a presentar descargos. A ello se suma el hecho de que a más de un conductor se le acumuló un rosario de sanciones, por lo que la suma de dinero a pagar fue aún mayor.
Quejas de usuarios
A través de redes sociales, vecinos de Magdalena y personas que transitan por el distrito elevaron sus quejas por las fotopapeletas impuestas. Algunos denunciaron multas notificadas con retraso, cobros coactivos con órdenes de captura y montos inconsistentes, aplicando incluso la UIT (S/ 5.150) del 2026 a infracciones del 2025.
“Me pusieron dos y ninguna tenía calibración de la cámara, la multas indican que son del 2025, pero el monto de UIT es del 2026, totalmente irregular y arbitrarias”, escribió uno de ellos.
Según sus testimonios, no recibieron la notificación en el plazo legal, enterándose de las sanciones meses después de su emisión. Los afectados señalan que muchas de estas infracciones fueron captadas por fiscalizadores electrónicos en vías como la avenida Brasil.
“Me pusieron 5 papeletas las cuales sumaban S/3.200 soles. Tuve que pagarlas todas con intereses porque no me notificaron y una llegó a medida cautelar. O sea, tuve orden de captura y me bloquearon mis cuentas de banco”, narró otro conductor.
En tanto, mientras que los usuarios esperan una resolución oficial a esta polémica, la disputa entre ambas municipalidades continúa. Ambas deslindan responsabilidad.
MML se pronuncia
A través de un comunicado, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) detalló que el 12 de diciembre del 2024, suscribió a requerimiento de la Municipalidad de Magdalena un convenio que disponía la fiscalización de tránsito a través de medios electrónicos en dicha jurisdicción, el cual se mantiene vigente.
En cumplimiento de dicho convenio, explicó, la Municipalidad de Magdalena dispuso la ubicación e instalación de sus propios equipos de control: cámaras y cinemómetros (que cuenta con certificación del INACAL, de acuerdo a lo informado por Magdalena).
“El convenio establece que las evidencias deben ser detectadas por las cámaras y cinemómetros de Magdalena, evaluadas registradas y remitidas correctamente por dicha comuna a la Gerencia de Movilidad Urbana de la MML, de acuerdo a los procedimientos establecidos, a fin de proceder con el trámite administrativo correspondiente para la aplicación de las papeletas, conforme al RNT”, detalla el escrito.
Asimismo, se precisa que la MML ha solicitado formalmente a la Municipalidad de Magdalena un informe detallado sobre las supuestas irregularidades, las cuales, asegura, provendría de las evidencias registradas en el propio sistema de la comuna distrital.
“Las municipalidades distritales nos solicitan facultades, porque las vías metropolitanas las administran la MML. Se le otorgaron en convenio al distrito de Magdalena y este decidió en su momento contratar a determinada empresa para realizar las funciones de control de tránsito a través de los cinemómetros y las fotopapeletas. Nosotros no tenemos nada que ver ahí. Las responsabilidades de los distritales son de ellos, no nuestras”, sostuvo el alcalde Renzo Reggiardo recientemente en conferencia.
La respuesta de Magdalena
Por su parte, la Municipalidad de Magdalena del Mar explicó que el retiro de los cinemómetros en su distrito responde a la presión de los vecinos y a la existencia de sanciones catalogadas como “ilegales y abusivas”, que habrían sido impuestas con el fin de obtener un beneficio económico (por parte de la MML).
“La empresa Consorcio Setramag (encargada de instalarlas y operarlas) y la municipalidad de Lima impusieron sanciones ilegales y abusivas, con el único fin de enriquecerse”, señaló en un comunicado. Además, la municipalidad distrital exhortó a la Municipalidad Metropolitana de Lima a que anule de forma inmediata las multas aplicadas en el distrito.
Enrique Sánchez, gerente municipal de Magdalena del Mar, precisó que las cámaras del distrito se emplean solo para fines de seguridad ciudadana y que el municipio no participa en la evaluación ni en el envío de infracciones de tránsito a la administración metropolitana.
Sánchez agregó que el municipio envió un oficio al alcalde metropolitano solicitando la suspensión de las multas y la nulidad de aquellas consideradas irregulares, en respuesta a las denuncias de los vecinos. Refirió que el documento detalla inconsistencias en el cobro, como la aplicación de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) del 2026 para infracciones cometidas en 2025 y la falta de certificación adecuada de los dispositivos de medición.
Sobre lo dicho por la MML de que el municipio de Magdalena realiza la evaluación previa de las infracciones antes de remitirlas para la sanción correspondiente, la comuna distrital rechazó esta afirmación e insistieron en que no intervienen en el proceso de sanción.
Por otro lado, mediante un comunicado en sus redes sociales, el alcalde de Magdalena Francis Allison dijo que la Municipalidad de Lima ha incurrido en la imposición “arbitraria y abusiva” de fotopapeletas en el distrito. Según el burgomaestre, dicha comuna no cumplió con la acreditación de inspectores locales y procedió a aplicar sanciones de manera directa, prescindiendo del envío de evidencias que debía realizar su jurisdicción.
El acuerdo, de acuerdo a lo dicho por Allison, establecía que Magdalena operaría los equipos de control (cámaras y cinemómetros) y remitiría las pruebas al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para el procesamiento de multas. “Lima no ha acreditado a ningún inspector de Magdalena y ha asumido directamente la aplicación de multas en el distrito, sin que la Municipalidad de Magdalena haya remitido evidencia alguna”, denunció.
En diálogo con El Comercio, el funcionario detalló que el convenio al que se ha hecho mención refiere que todo equipo que se encontraba en los distritos iba primero a ser verificado por los municipios distritales y luego mandado a la MML para que esta saque las resoluciones y las multas. «Nunca se nos requirió los informes para nosotros mandar las conductas infractoras y que Lima sancione, sino que por el contrario la MML comenzó a aplicar las multas de manera directa y arbitraria», señaló.
Agregó que al recibir la queja de los vecinos, la comuna distrital pudo detectar incongruencias en las fotopapeletas, por lo que se ha pedido a la MML que proceda a la suspensión de todo procedimiento de multa y a la anulación de las mismas. “Detectamos de que incurrían en ilegalidades, por ejemplo, una mal calibración de los dispositivos, montos que se estaban duplicando, sanciones en un área donde no correspondía y otras inconductas“, indicó.
Asimismo, aseguró que este lunes, la MML los contactó y les ha solicitado a detalle aquellos puntos técnicos y controversiales que son considerados irregulares para que pueda declarar al nulidad de las multas.
¿Qué pasará con las multas?
El exjefe de Investigación de Accidentes de Tránsito de la PNP, Franklin Barreto, explicó que las municipalidades distritales no tienen competencias para hacer esta fiscalización vinculada a multas y fotopapeletas, y que solo están facultadas la municipalidad metropolitana y las municipalidades provinciales. Adicionalmente, la PNP también lo está, así lo dice la ley, resaltó.
Sin embargo, hace un tiempo atrás, mediante un decreto de alcaldía, se generó un instructivo para que las municipalidades distritales, vía una delegación de facultades, pueda hacer el control de velocidad en su jurisdicción. “Pero para eso se estipuló que deben de tener cámaras homologadas y calibradas y que deben estar supervisadas por la MML. Además, el personal municipal distrital a cargo de la fiscalización debía ser previamente capacitado por la MML”, subrayó.
Al parecer, dijo Barreto, esto no ha sucedido así. Por otro lado, aclaró que los descargos se hacen a partir de una notificación. Es decir, si es que no se ha producido una notificación, no se puede iniciar el procedimiento administrativo.
“La papeleta puede estar registrada, pero no tiene todavía un procedimiento administrativo instaurado. De igual forma, se entiende el malestar del ciudadano porque ve en el sistema la papeleta registrada, sin haber podido sentar su descargo”, comentó.
