La Municipalidad de Lima exhortó al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional a pronunciarse con celeridad y eficacia sobre las acciones legales interpuestas ante presuntas irregularidades registradas en las elecciones generales del pasado 12 de abril.
La Municipalidad de Lima exhortó al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional a pronunciarse con celeridad y eficacia sobre las acciones legales interpuestas ante presuntas irregularidades registradas en las elecciones generales del pasado 12 de abril.
Esta moción de urgencia en el Concejo Metropolitano de fue aprobada por unanimidad este viernes luego de que el Quinto Juzgado Constitucional de Lima admitiera a trámite la demanda de amparo contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
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Inicialmente, el órgano judicial había declarado inadmisible el recurso, otorgando un plazo de tres días para subsanar observaciones sobre la condición jurídica del demandante y la falta de sustento normativo expreso para pedir elecciones complementarias.
De forma paralela, la Municipalidad de Lima mantiene un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional contra el JNE. La demanda busca que el TC determine si existió un menoscabo de las atribuciones municipales tras la decisión del ente electoral de declarar inviable la realización de elecciones complementarias en la capital. La comuna sostiene que la inacción del JNE afecta directamente la paz social y el orden en el Centro Histórico.
En el marco de este proceso, el municipio también presentó una medida cautelar ante el TC para suspender el acuerdo del pleno del JNE del 23 de abril en el que s dispuso continuar con el proceso electoral y establecer plazos para finalizar el conteo de votos y la declaración oficial de resultados.
En su decisión, el pleno del JNE ratificó la figura de las elecciones complementarias no está contemplada para procesos generales en la normativa vigente. El organismo electoral ha señalado que el ausentismo del 12 de abril tuvo múltiples causas y que alterar el cronograma electoral generaría incertidumbre jurídica en el país.
