La congresista Norma Yarrow (Renovación Popular) presentó un proyecto de ley que propone sancionar con “inhabilitación perpetua” a los funcionarios designados y de elección popular que cometan el delito de cohecho.
Se trata de la iniciativa legislativa 9146/2024-CR, que plantea modificar los artículos 393, 394, 395, 397, 398 y 426 del Decreto Legislativo 635, Código Penal. Esta modificatoria incluye a los denominados ‘mochasueldos’.
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Así, señala que el funcionario o servidor público que acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones, o el que las acepta a consecuencia de haber faltado a ellas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6, ni mayor de 10 años.
Respecto al que condiciona su conducta funcional derivada del cargo o empleo a la entrega o promesa de donativo o ventaja, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 8, ni mayor de 12 años.
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Igualmente, el que solicita, directa o indirectamente, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones o a consecuencia de haber faltado a ellas recibirá prisión efectiva no menor de 8 ni mayor de 10 años.
Todos serán inhabilitados conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36° del Código Penal. “La inhabilitación perpetua se dará cuando la conducta recaiga sobre acciones relacionadas a su entorno laboral respecto a sus subordinados o pares”, dice el documento.
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En la exposición de motivos Norma Yarrow cita varios casos de sus colegas implicados en denuncias de presuntos recortes de sueldos a los trabajadores de sus despachos.
Entre ellas se encuentran Magaly Ruiz, Rosio Torres, María Acuña (las tres de Alianza para el Progreso), Heidy Juárez (Podemos Perú) y Marleny Portero (Acción Popular).
