El estallido se generó, sobre todo, después del 7 de enero, cuando un agente del ICE disparara y matara a Renee Nicole Good, una mujer de 37 años y madre de familia, en el sur de Minneapolis durante un operativo de inmigración que había generado una fuerte oposición comunitaria. El incidente desencadenó protestas diarias, en su mayoría pacíficas pero con momentos de tensión, que han reunido a miles de manifestantes y expresado un rechazo más extenso a las políticas de inmigración y al uso de la fuerza federal para hacerlas cumplir.
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Hoy en Minneapolis hay más de 3.000 agentes federales y oficiales desplegados en el área, incluidos efectivos del ICE y de la Patrulla Fronteriza destinados a apoyar la campaña de deportaciones ordenada por la administración del presidente Donald Trump. A esa tensión se suma ahora una amenaza mayor: el Pentágono ha ordenado a unos 1.500 soldados en servicio activo en Alaska que se preparen para un posible despliegue en Minnesota en caso de que la violencia se intensifique aún más.
La medida, aunque no implica necesariamente un despliegue inmediato, refleja la creciente presión del Gobierno federal. Trump ha amenazado con invocar la Ley de Insurrección —una legislación de 1807 que permite el uso de tropas activas dentro de los Estados Unidos si las autoridades locales no controlan disturbios— si los funcionarios estatales no impiden que los manifestantes ataquen a los agentes encargados de hacer cumplir las redadas migratorias.
Frente judicial
Para Francisco Belaúnde Matossian, internacionalista y profesor de derecho internacional público y relaciones internacionales, la escalada impulsada desde Washington no apunta a contener la crisis, sino a profundizarla. “Está en la línea del Gobierno de Donald Trump, que incluso ha amenazado con invocar la Ley de Insurrección. Evidentemente eso va a generar más tensión y, claro, seguramente van a haber acciones judiciales”, sostiene a El Comercio.
Belaunde subraya que cualquier despliegue de tropas federales abriría un complejo escenario legal. Si bien en primera instancia muchos tribunales federales han fallado contra decisiones recientes de la administración Trump, el panorama cambia en las cortes de apelación. “Muchos de los jueces de apelación han sido nombrados por Trump”, recuerda, citando un informe de “The New York Times” según el cual el 92% de las decisiones de esos magistrados ha favorecido al magnate republicano.
Ese recorrido judicial podría terminar en la Corte Suprema. “Hasta ahora, en la mayoría de los casos, la Corte ha fallado a favor de la administración Trump, salvo en lo que se refiere al uso de la Guardia Nacional”, explica el internacionalista, lo que refuerza la incertidumbre sobre los límites reales que podría enfrentar la Casa Blanca.
La diferencia entre la Guardia Nacional y el despliegue de tropas regulares es central en este debate. La primera, aunque integrada por militares, tiene un estatus distinto y está pensada para operaciones internas bajo control estatal. En cambio, para enviar fuerzas militares activas con funciones de orden público, “en principio tiene que invocarse la Ley de Insurrección, que le da un margen amplísimo de discrecionalidad al Gobierno, pero con Trump nunca ”, señala Belaunde.
Sin embargo, incluso sin esta ley, invocada por última vez en 1992, un presidente puede desplegar las tropas para determinados fines, como proteger la propiedad federal, una justificación que ya utilizó Donald Trump el año pasado cuando envío a los marines a Los Ángeles en una de las protestas más violetas contra las redadas migratorias.
Escalada política
El contraste con episodios recientes refuerza la percepción de una respuesta desproporcionada. Durante las protestas de 2020 tras la muerte de George Floyd, mucho más violentas y extendidas, nunca se invocó la Ley de Insurrección. “Ahora se amenaza con convocarla frente a manifestaciones que no llegan ni por asomo a ese nivel de violencia”, sostiene Belaunde. A su juicio, esto refleja “un espíritu mucho más represivo del Gobierno estadounidense frente a cualquier voz crítica”.
El componente político es ineludible. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, es demócrata, y Belaunde enmarca el episodio dentro de una ofensiva más amplia del presidente contra estados gobernados por la oposición. “Trump ha puesto los ojos sobre los estados demócratas, incluso con amenazas de retirarles fondos federales”, afirma. Minneapolis, en ese sentido, se convierte en un escenario simbólico de un pulso político que va más allá de la seguridad o la inmigración.
Sin embargo, el internacionalista advierte que la estrategia de endurecimiento también puede tener costos dentro del propio oficialismo. “Si se responde con una violencia absolutamente injustificada frente a protestas mayoritariamente pacíficas, es posible que la gente no se quede tranquila y se generen enfrentamientos callejeros”, señala. Ese escenario, añade, podría tener consecuencias políticas más amplias.
El académico no descarta que surjan resistencias dentro del Partido Republicano, aunque sean minoritarias. “Ya se ha hablado de que, ante ciertas decisiones extremas, como una eventual intervención militar o incluso otros temas de política exterior como el de Groenlandia, algunos republicanos podrían oponerse. Habría que ver si alguno se atreve a desafiar a Trump”, señala. En un contexto de polarización extrema, incluso pequeñas fisuras internas podrían adquirir relevancia.
El riesgo, concluye, es que la escalada termine alimentando exactamente lo que pretende evitar. “En vez de desescalar, de bajar la tensión, el Gobierno de Trump está escalando las sanciones, y eso es gravísimo”, advierte Belaunde. A su juicio, desde el inicio de las redadas ya se advertía que una respuesta de este tipo podía empujar el conflicto hacia escenarios extremos. “Algunos temen que esto pueda derivar incluso en una guerra civil”, señala, en referencia a los niveles de polarización y confrontación que atraviesa actualmente Estados Unidos.
