Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
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“Bajo el actual proceso (de formalización) casi nadie se va a formalizar. Esa es la realidad. Y seguir pateando el Reinfo tampoco es la solución”, remarca el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, en esta segunda parte de la entrevista que concedió a El Comercio.
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– ¿No será así?
No. Esa no es la idea. De lo que ya tienen los gobiernos regionales y locales, ellos tendrán que dedicar una parte a las comunidades más vulnerables, pero no es que les van a trasladar el dinero. Quizá podría agregarse un sistema participativo de decisión para que las comunidades participen en la selección de los proyectos, porque ellos son los que mejor conocen lo que más necesitan.
– ¿No habrá ninguna entrega de dinero en efectivo?
No. No habrá nada de dinero en efectivo para la población.
– ¿Esta innovación se implementará a través de un decreto supremo o una ley del Congreso?
Estamos evaluando, pero creemos que va a requerir una ley. Y si fuera así, ojalá nos den las facultades para ello. No se trata de quitar recursos a las regiones o municipalidades, sino de canalizarlos para que ellos lo ejecuten en estas comunidades.
– Los gremios mineros y no mineros solicitan que el Reinfo se cierre definitivamente este año, pero usted ha dicho que lo ve muy difícil. ¿No se cerrará en diciembre?
Lo que yo digo es que no sé si se va a ampliar el Reinfo, pero lo que sí me queda claro es que los mineros que ya están en proceso de formalización no van a concluir el 31 de diciembre. Entonces, algo tenemos que hacer con esas personas para que continúen con su proceso de formalización, ya sea con el Reinfo o con otro mecanismo.
– ¿Cuál otro mecanismo?
Desde mi punto de vista hay que cambiar el proceso de formalización porque tal cómo está casi nadie se va a formalizar. Tenemos que hacer un proceso más específico para la minería de pequeña escala. No podemos pedirles cosas que le pedimos a la gran minería. Eso es imposible. No se puede seguir de esa manera. Allí queremos trabajar en una nueva Ley MAPE (Minería Artesanal y de Pequeña Escala) que establezca un nuevo proceso de formalización y que sea más simplificado. No podemos exigirles tantas cosas a ellos porque no es necesario.
– ¿Qué cosas ya no sé exigirá a los mineros informales, por ejemplo?
Tenemos un instrumento ambiental que se llama Igafom (Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización) que es bien tedioso y oneroso y que no se requiere para esta actividad. Se puede hacer una especie de plantilla, casi como una declaración jurada, con lo cual esto puede fluir mucho más rápido, y lo mismo con los explosivos.
El Minem plantea eliminar el Igafom y reemplazarlo por una suerte de declaración jurada.
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– ¿Pedirían declaración jurada para la obtención de explosivos?
Ya se sabe la cantidad de explosivos que requiere un trabajador. Sobre eso también se puede hacer una plantilla para que puedan obtener los permisos. Y el gran tema que nos va a quedar es el de las concesiones de terceros. Allí hay que dividir bien a los concesionarios que invierten millones de dólares en sus proyectos versus aquellos que especulan y no hacen absolutamente nada en su concesión, Y eso no está bien. Eso hay que corregirlo. Esto es, en gran parte, lo que no permite la formalización. El 31 de diciembre es muy poco tiempo.
– ¿Estás adecuaciones tendrían que realizarse a través de una nueva Ley MAPE?
Tiene que ser así.
– Pero la Ley MAPE está a cargo del nuevo Congreso.
Al final está en manos del Congreso, pero sí lo podemos incluir en las facultades que nos van a dar para poder legislar, en buena hora, porque nos permitirá trabajar rápido. Si no nos dan las facultades tendríamos que ir al Congreso para poder convencerlo de que esta es la mejor forma.
– ¿Cómo sería el proceso de formalización en adelante?
Los que ya están en el Reinfo van a continuar con su proceso de formalización, pero algo más simplificado, más ad hoc, y ya veremos qué tiempo van a requerir. Pero también están aquellos que han sido expulsados del Reinfo. Muchos de ellos han reclamado y no puedo dejarlos en el aire si la segunda instancia dice que ellos tenían razón. Entonces, tendrían que ser reincorporados en este nuevo proceso.
– Ahora quedan 31 mil Reinfos en proceso de formalización, entre vigentes y suspendidos. Si van a reincorporar a los que fueron expulsados, ese número va a volver a aumentar.
Eso hay que revisarlo. Incluso hay un censo que se tiene que hacer y que nos puede confirmar quiénes trabajan realmente en las concesiones que han declarado o si han cambiado de sitio, y ver qué tipo de labores están realizando.
– ¿Cuándo arrancaría este censo?
El censo ya está diseñado y tiene presupuesto, incluso desde el Gobierno anterior. Hay un crédito suplementario aprobado para ello. Yo he revisado rápidamente la cartilla del censo, pero me gustaría modificarla porque creemos que le faltan cosas.
El Minem buscaría facultades legislativas para redactar una Ley MAPE.
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– ¿Primero hay que desarrollar este censo para saber cuántos mineros formalizables hay en el país?
Hay que hacer las cosas en paralelo: el censo y el proceso de formalización, pero dejando la ventana abierta para aquellos que por motivos ‘x’ salieron del proceso, para ver si los incluimos. No queremos dejar en el aire a aquellos que por alguna razón se quedaron fuera. Si están haciendo una labor artesanal hay que ayudarlos también.
– ¿Cuántos mineros se han formalizado hasta la fecha?
No tengo el número, pero son bastante pocos. Bajo el actual proceso casi nadie se va a formalizar, esa es la realidad. Y seguir pateando el Reinfo tampoco es la solución.
– Es difícil que se propongan una meta en el Minem si no saben todavía cuántos mineros informales hay.
Sabemos que hay 30 mil mineros, más o menos, en el Reinfo. Si cambiamos el proceso de formalización y lo simplificamos, creemos que vamos a poder ayudarlos en un tiempo mucho menor, y nos quedarán solamente los que se irán reincorporando porque han reclamado y les dan la razón en una segunda instancia.
– El Minem también propone supervisar y fiscalizar las plantas de beneficio para combatir la minería ilegal y ordenar la informal.
Una cosa es como formalizamos a los mineros artesanales y otra cosa es como controlamos la ilegalidad. Para controlar la ilegalidad, la mejor forma es darle trazabilidad y eso ocurre en las plantas de beneficio. Allí es donde debemos tener el control, trabajando con Sunat, pero también con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Tenemos que verificar que las plantas que dicen ser pequeños mineros (y que, por lo tanto, no deberían procesar más de 350 toneladas por día) en verdad lo sean.
– ¿La supervisión debe enfocarse en las plantas más grandes?
Nos tenemos que apoyar en la UIF porque sabemos que hay dueños de plantas que tienen varias de ellas a través de testaferros. Esos no son pequeños mineros, sino grupos económicos. Si ese es el caso, deberían pasar al Régimen General de Minería (mediana y gran minería) para poder seguir trabajando, y ese régimen ya tiene otras condiciones. Allí van a ser fiscalizados por el Oefa y el Osinergmin y vamos a ver, también, si el origen del mineral es legal o ilegal.
– En el Reinfo hay 2.328 plantas de beneficio, pero la mayoría son pequeñísimas, casi artesanales. ¿Cuántas plantas superan las 350 toneladas?
Son 300 o 400 las más importantes y por las que pasa la mayor parte del mineral aurífero. Eso es lo que me ha comentado mi equipo. Esas son las que hay que empezar a mirar mejor para hacer la trazabilidad de la producción ilegal. El trabajo se concentrará en esas 300 a 400 plantas que aglutinan la mayor parte del mineral. Eso es lo que estamos planteando.
El Minem apunta a supervisar las plantas de beneficio para controlar la minería ilegal.(Foto: GEC)
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– ¿Han tenido algún acercamiento o reunión con la Sunat o Sucamec para ver estos temas?
Con la Sunat ya hemos conversado una parte. Con la Sucamec todavía no. Y la otra pata con la que me falta conversar es con la UIF. Después de eso haremos un plan de ordenamiento del sector minero, también a pequeña escala. Tengo pendiente también la reunión con el Alto Comisionado para el Combate a la Minería Ilegal, que está a cargo de todas las intervenciones contra la minería ilegal. Pero, sí, somos partidarios de que hay que ser firmes en la lucha contra este flagelo.