– Esta semana hubo un nuevo atentado en Pataz, contra la minera Marsa. El premier Gustavo Adrianzén catalogó de inaceptable lo que estaba sucediendo y refirió que las fuerzas del orden allá son insuficientes. Me gustaría conocer cómo define usted la situación en Pataz actualmente.
Reafirmo la posición del Premier. La cantidad de efectivos policiales no resulta ser insuficiente solo en Pataz, es en todo el Perú. La brecha que tenemos es de aproximadamente 60.000 efectivos. Actualmente, bordeamos los 40 millones [de peruanos], pero el número de policías es de 143.000 efectivos. En Pataz estamos viviendo un conflicto social generado por la minería ilegal, que practica actividades delincuenciales. Cuentan con medios logísticos que, a veces, [superan] a la policía. Es importante reconocer el acceso que tienen estas organizaciones criminales a la economía informal, que se [contagia de una] gran corrupción a nivel judicial y fiscal. Desde hace 40 días, la Policía Nacional, junto con el Ministerio Público, viene solicitando al Juzgado de Crimen Organizado de Trujillo la intervención para la detención y el allanamiento de un gran clan en Pataz. Se trata de la detención de casi 30 objetivos, pero hasta el día de hoy, al juez simplemente no le da la gana de ordenarlo.
– Se adelantó que el estado de emergencia tendrá que extenderse hasta que sea necesario. ¿Se prevé también ampliar la cantidad de efectivos que están destinados allá?
Sí. Para esto, el Consejo de Ministros decidió establecer el Frente Pataz, para lo cual ya se están desarrollando los planes operativos. Estimamos que, en un par de meses, podamos establecer el Frente con una gran dotación de efectivos policiales [de diversas direcciones] y operativos.
– ¿La infraestructura para este Frente es la que se encuentra desarrollando una de las mineras, cerca al centro de Pataz?
Sí. Esta infraestructura se está desarrollando de la mano con la empresa privada.
– Comentó sobre las organizaciones criminales. Varios de los entrevistados por El Comercio identificaban la presencia de La Jauría, La Gran FA e incluso del Tren de Aragua. ¿El Estado reconoce la presencia de estas organizaciones en Pataz?
Reconocemos la presencia de estas organizaciones criminales internacionales, pero también hay presencia de organizaciones nacionales, como Los Pulpos. Debemos advertir que parte de estas organizaciones criminales también están migrando a otros lugares. Estamos atacando fuertemente [en] Pataz y hemos identificado que muchas de [las organizaciones] están migrando a Cajabamba. Para ello, estamos tomando acciones, enviando una importante dotación de efectivos policiales y estableciendo una base Depincri en Cajabamba. Queremos evitar que se convierta en un Pataz.
– El Comercio entrevistó al coronel PNP Segundo Bustamante, que está a cargo de la operación conjunta en Pataz. Él mencionó que no había la presencia de estas organizaciones. Mencionó la presencia de pequeñas bandas, pero negó las operaciones de las organizaciones ¿Cómo podemos entender esta diferencia entre las dos respuestas?
Lo que pasa es que nosotros hemos combatido contra las grandes organizaciones y anulado su participación. Por eso han estado desintegrándose y migrando. Estos golpes se evidenciaron en los últimos grandes operativos que hemos visto. No podemos negar que [las organizaciones criminales] hayan tenido presencia, hay remanentes. No es que esté contradiciendo al Coronel, pero no es que tengan una presencia como la tuvieron en sus inicios.
– Mencionó usted el acceso a armamento que tiene estas bandas criminales. Son armas de guerra, de alto calibre. Incluso, algunas con número de serie intactos, pertenecientes a incluso a empresas privadas de seguridad. ¿Qué acciones se están tomando por parte del Ministerio de Interior para poner fin a este tráfico de armas?
Estamos trabajando con la Sucamec en la nueva reglamentación, que permitirá ejercer control, sobre todo, con las armas de caza y deportivas. Muchas de ellas luego son transformadas en armas de guerra. También estamos efectuando un control en la adquisición de armas de uso privado. Asimismo, estamos proponiendo cambios normativos para la adquisición de explosivos [con fines mineros]. Ojo, mucho de los explosivos que están siendo usados [en Pataz] no son peruanos. Está entrando mucho explosivo boliviano. Estamos ejerciendo un control y efectuando las investigaciones pertinentes para advertir cómo está entrando ese explosivo boliviano.
– Otro aspecto importante es la cantidad de polvorines en Pataz, muchos de ellos ilegales. Sin embargo, cuando se hacen los operativos, aparecen autorizaciones. ¿Se está planteando una investigación interna de esas entidades del Mininter que incorporan circuito?
En el caso del otorgamiento de licencias para la obtención de armas y detonantes e insumos, estamos en todo un procedimiento de control. La propia norma permite a las personas que declaran practicar la cacería, tener y comprar hasta más de 10 armas sin ningún tipo de control. O, quienes están inscritos en el Reinfo, pueden comprar toneladas de dinamita, y quienes tienen [polvorines] les basta una declaración jurada [para operar]. Para eso, la ley nos habilita la fiscalización posterior y tenemos que efectuarla. Estamos en la asignación y contratación de nuevo personal que va a iniciar el procedimiento de fiscalización posterior para proceder con la clausura, cierre y formalización de todos [los polvorines]. Esto acompañado de todos los operativos que se vienen para poder continuar en la lucha contra la minería ilegal, no solo en Pataz, sino en Ayacucho, Cajabamba, Arequipa, Piura.
– ¿Por qué demora tanto la policía intervenir un socavón ilegal identificado?
Hay que tener en cuenta una cosa: la Policía Nacional solo puede hacer una detención ante la comisión de un delito en flagrancia o por un mandato judicial. Como policía, si vemos un socavón ilegal, tendríamos que determinar que se está construyendo en ese momento y detener en flagrancia, o en todo caso tener una disposición judicial que ordene su ingreso, clausura o intervención. Si vemos que es un socavón, que lógicamente es absolutamente ilegal, nuestra función es hacer un parte policial y ponerlo a disposición del Ministerio Público para que haga la gestión ante la autoridad judicial y esta sea quien ordene las acciones.
– El coronel Bustamante mencionó que esto podía demorar hasta dos semanas.
Y eso. Ya he referido a una solicitud de allanamiento con detenciones que lleva 40 días. Dos semanas es lo mínimo.
– Esto también revela la importancia de tener un gran despliegue de la Policía Ambiental, los únicos que pueden levantar ese parte para luego comenzar el trámite judicial…
Y no solo eso, sino los costos que genera. Llevar a un policía a Pataz no solamente es cubrir el sueldo del policía, también es cubrirle el día de viáticos. El sueldo promedio de un policía es de 3.300 soles. Llevarme a ese policía a Pataz me cuesta 3.300 soles más al mes. Es el bono que se le tiene que pagar por alto riesgo. Lo que significa que por estos 40 días que tengo al policía en Pataz esperando la orden judicial, sin hacer nada, ya voy gastando 7.000 soles. El Estado está, lamentablemente, gastando porque un juez no le quiere poner la firma a una resolución para un allanamiento y detención que la policía que está pidiendo por el Ministerio Público hace 40 días.
– ¿Qué tanto les obstaculiza el Reinfo para actuar?
Como Policía Nacional, no somos deliberantes. Significa que no podemos dar opiniones sobre la ley, tenemos que cumplirla. Al no ser deliberantes y al tener la obligación de cumplirla, tenemos que someternos a lo que el Congreso y la norma disponga. La dificultad está en que nosotros podemos considerar que una situación pudiera no ser la más idónea, no ser la más adecuada, no ser la más justa; pero si es la ley, tenemos que acatarla y hacer que se cumpla. Si contribuye o no en la lucha contra la delincuencia, me reservo esa opinión.
– Le pregunto porque ya me comentó, por ejemplo, sobre la declaración jurada que permite la compra de explosivos. Esa declaración jurada es parte del Reinfo…
Como te digo, termina siendo contradictorio.
– Me gustaría precisar algo. ¿Estando en un estado de emergencia y siendo el subsuelo propiedad del Estado, no se podrían efectuar acciones de fiscalización o supervisión dentro de los socavones?
El estado de emergencia implica, esencialmente, la actuación policial con la restricción de derechos constitucionales. Como bien se ha referido, el subsuelo no es un domicilio, es parte del Estado y ahí la Policía Nacional puede ingresar y hacer valer la ley. El tema es que uno [no ingresa] simplemente a los túneles. Necesitan de oxígeno, que lo ingresan con motores. Muchas veces cuando la policía ingresa, lo que hacen los mineros ilegales es apagar los motores y comienzan a disparar de todos lados, y la policía tiene que tener los escudos balísticos. Te [cortan] la luz, te quedas sin oxígeno, te comienzan a disparar a todos lados, ¿qué haces? Tienes que salir del túnel. ¿Por qué tenemos que ir varios días [cuando intervenimos]? Porque la idea es cercar, no dejar que ingrese ningún suministro [a los socavones], esperar que, como las hormiguitas, salgan para querer adquirir algo y ahí recién entrar. Si tienen todos los suministros y pretendemos entrar, vamos a perder. Es ir a un Vietnam.
– ¿Cómo describiría usted en pocas palabras la situación que se está viviendo ahora en Pataz?
Es una situación complicada en la que tenemos que abocar todos nuestros esfuerzos. Estamos absolutamente comprometidos, pero sabemos que implicará una gran inversión logística y humana. Hay que entender una cosa, nosotros como Estado podemos desarrollar acciones para tratar de erradicar la minería ilegal. Pero si el Estado nunca se ha preocupado por brindarle oportunidades económicas [a esta población] para desarrollar otras actividades, y encuentran en la minería ilegal una posibilidad de satisfacer sus necesidades, por más que se pretenda erradicar, [la población] va a encontrar en la minería ilegal esa satisfacción de sus intereses.
– ¿Pataz es tierra de nadie?
No creo que sea tierra de nadie. Creo que estamos haciendo todo el esfuerzo para imponer orden y garantizar la seguridad de las personas. Lo que requerimos es el compromiso del Poder Judicial, estamos teniendo el apoyo del Ministerio Público. Reitero, es el Tercer Juzgado de Investigación, 40 días ya nos tiene retenido ese requerimiento. Solicitamos que nos conceda de una vez ese pedido para poder ingresar a Pataz y, de una vez por todas, detener a esa gran organización criminal. Esa es la única forma que tenemos para luchar contra estos intereses criminales y poder lograr la pacificación que tanto deseamos en esa zona.
– ¿Cuánto está costando el estado de emergencia en Pataz?
Como son montos de inteligencia, no podría decirlo.
– Una última pregunta. El oro mueve muchas influencias. ¿Qué garantías tiene usted de que el personal asignado vaya a cumplir la disposición?
Para evitar ese tema, tenemos un sistema de rotación permanente. El personal que está yendo a Pataz rota cada 50 días. Nosotros sabemos que el personal policial es absolutamente profesional y comprometido, pero para evitar cualquier tipo de intención, el personal cada 50 días es rotado.
