El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, anunció este miércoles que el gobierno implementará un Decreto Supremo en los próximos días para privatizar el control del ingreso a los establecimientos penitenciarios.
Durante su presentación ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, Arana detalló que, como parte de este proceso, se llevará a cabo un concurso público para seleccionar a la empresa encargada del control de los establecimientos penitenciarios. El proceso comenzará en los centros que presentan mayores riesgos.
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Además, el ministro explicó que hoy se firmará el reglamento del Decreto Legislativo 1688, que establece sanciones para las operadoras de telecomunicaciones que permitan las comunicaciones ilegales dentro de los penales y centros juveniles.
Arana enfatizó que, con la vigencia de este reglamento, “los penales ya no tendrán señales externas. La responsabilidad de las señales electromagnéticas será ahora de las operadoras telefónicas y, en consecuencia, no van a poder disponer de ninguna señal dentro de los penales.”
En su intervención, el ministro también adelantó que el Ministerio de Justicia está trabajando en un proyecto de modificación de la normativa penal para fortalecer las investigaciones dentro del ámbito penitenciario. Indicó que, con esta norma, los teléfonos intervenidos en los penales serán deslacrados y verificados para entregar la información a la Policía Nacional.

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Arana destacó, además, los avances en infraestructura penitenciaria, como la instalación de centros de monitoreo con inteligencia artificial en varios penales y la expansión de bloqueadores de señales. También se han logrado acuerdos de financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para la construcción de nuevos penales.













