El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, sostuvo hoy una reunión con representantes de los gremios de transporte, altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP), autoridades del sector y de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), luego de anunciarse una paralización para este 15 de enero.
La reunión se desarrolló en el patio de la empresa ETERSAC, en Pachacámac, donde se planteó una estrategia de presencia territorial y articulación directa con los operadores del transporte, orientada a prevenir y combatir el accionar de organizaciones criminales que afectan al sector.
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“Vamos a seguir fortaleciendo la presencia policial, intensificando los operativos y promoviendo las reformas legales que permitan sancionar con mayor severidad a quienes atentan contra la paz y la seguridad”, dijo el ministro.
El titular del Mininter hizo un llamado a la unidad y al trabajo conjunto entre el gobierno, la Policía y los transportistas, resaltando que la respuesta frente a la criminalidad debe ser “firme, articulada y sostenida”.
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El ministro explicó que la estrategia del sector Interior se sustenta en tres pilares: prevención, investigación y sanción efectiva, con una Policía fortalecida, uso intensivo de inteligencia y tecnología, y una presencia policial sostenida en las zonas de mayor incidencia.
En ese marco, anunció el despliegue progresivo de sistemas de videovigilancia, cámaras integradas al C4 con inteligencia artificial y reconocimiento facial, así como el fortalecimiento de rutas vigiladas y mecanismos de alerta temprana.
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Asimismo, remarcó que sin denuncia no hay investigación ni sanción, por lo que exhortó a los transportistas a confiar en las herramientas que se han puesto a disposición, las cuales contemplan acompañamiento institucional y mecanismos de reserva de identidad.
Nuevas herramientas
Por su parte, la directora general contra el Crimen Organizado del Ministerio del Interior, Silvia de la Cruz Quintana, explicó que, a partir de más de 23 mesas de trabajo sostenidas con los transportistas, se han desarrollado herramientas prácticas, como la guía actualizada contra la extorsión, que orienta sobre cómo actuar ante amenazas, a qué dependencias acudir y cómo preservar evidencias.
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Uno de los avances más relevantes es la implementación efectiva de la reserva de identidad en la denuncia, en el marco del Decreto Legislativo Nº 1611, lo que permite a los afectados denunciar casos de extorsión sin exponer su integridad ni la de sus familias.
A ello se suma la posibilidad de congelar de inmediato cuentas vinculadas a cobros extorsivos, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera.
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De la Cruz Quintana informó además que se encuentra en marcha un paquete legislativo que fortalece la respuesta del Estado frente a la extorsión.
La reunión concluyó con el compromiso de mantener mesas de trabajo permanentes, reforzar la presencia policial y seguir impulsando reformas legales y tecnológicas para el transporte público formal.
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En la reunión participaron el representante del gremio Transportes Unidos, Martín Ojeda; el gerente general de la empresa Etersac y otros dirigentes. Asimismo, el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández.
Por parte de la Policía Nacional, asistieron los jefes de la Región Policial Lima, Francisco Vargas; de la Dirección Nacional de Investigación, Manuel Lozada; de la Dirincri, Víctor Revoredo; y de la División de Extorsiones, Holger Obando, entre otros mandos policiales.
