En el marco del estado de emergencia decretado por el Gobierno para combatir la inseguridad ciudadana, el ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta, encabezó un megaoperativo sorpresa en el penal de San Juan de Lurigancho (SJL) durante la madrugada de este martes.
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La intervención, una de las más grandes registradas en los últimos años, movilizó a más de 2,200 agentes policiales y 200 efectivos de las Fuerzas Armadas, con el fin de desarticular las redes criminales que operan desde el interior del establecimiento penitenciario.
El operativo, ejecutado como parte de una estrategia conjunta entre el Ministerio del Interior (Mininter) y el Ministerio de Justicia, tiene como objetivo recuperar el control de los penales del país, muchos de los cuales se han convertido en centros de coordinación de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión, el sicariato, el tráfico de drogas y otros delitos de alto impacto.
Durante la intervención, el ministro Díaz señaló que esta acción forma parte de un plan nacional de intervenciones penitenciarias sostenidas, centradas en los penales con mayor índice de criminalidad.
En esa línea, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, también destacó la coordinación entre sectores y adelantó que este tipo de operativos se replicará en otras cárceles, con el propósito de impedir que los internos sigan dirigiendo actividades ilícitas desde sus celdas. Arana también subrayó la importancia de mejorar las condiciones del sistema penitenciario y endurecer los controles de seguridad interna.
El penal de San Juan de Lurigancho, uno de los más hacinados de América Latina, alberga a más de 10,000 internos y ha sido señalado en reiteradas ocasiones como centro de operaciones de organizaciones criminales como ‘Los Pulpos’, ‘Los Injertos’ y otras bandas que dirigen extorsiones y otros delitos desde sus celdas, incluso valiéndose de celulares y otros medios tecnológicos ingresados de forma ilegal.
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Las autoridades no descartan realizar traslados de reos considerados de alta peligrosidad hacia penales de máxima seguridad como Challapalca o Ancón I, como medida preventiva para cortar los vínculos entre internos y redes externas.
Lucha frontal contra la delincuencia
El operativo forma parte del esfuerzo nacional por combatir la delincuencia organizada, en un contexto en el que las extorsiones, sicariatos y robos han aumentado en diversas regiones del país. La ciudadanía ha exigido medidas más firmes y visibles por parte del Estado, y estas intervenciones en penales buscan responder a esa demanda.
El Gobierno ha reiterado que el estado de emergencia seguirá vigente mientras se restablece el orden, y que se evalúan nuevas medidas legislativas para fortalecer las penas contra los cabecillas de bandas criminales.
