La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, aseguró que el objetivo del decreto de urgencia de Petro-Perú es atraer inversión privada para capitalizar y reestructurar la empresa estatal, manteniendo la propiedad pública de sus activos.
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“El Estado mantiene la propiedad de la empresa y de sus activos, pero permite que el privado inyecte capital compartiendo el riesgo”, afirmó la ministra en entrevista para Canal N.
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Vale recordar que el pasado 26 de enero se dio a conocer dicho decreto que contempla medidas como fideicomisos para proteger activos estratégicos y un plan de promoción a cargo de Proinversión.
En esa misma línea, la titular del MEF, explicó que Petro-Perú a registrado pérdidas desde 2022 y acumula una deuda de aproximadamente US$5.460 millones.
Además, señaló que la falta de eficiencia operativa, una mala gestión de la refinería de Talara y beneficios laborales elevados han contribuido a la situación crítica de la empresa. “Se han privilegiado otros gastos en lugar de gestionar adecuadamente. Por eso hemos solicitado la intervención de la Contraloría”, indicó.
Se espera que para este mes Proinversión presente un plan para identificar unidades de negocio que puedan atraer socios privados bajo esquemas de riesgo compartido.
Respecto a los trabajadores, Miralles afirmó que no se ha determinado un número específico de despidos, pero que el objetivo es reducir el 40% del gasto de planilla.
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Señaló que el enfoque estará en altos mandos y gerencias con beneficios elevados, más que en operarios o personal operativo. “Hay 36 gerencias que generan un costo altísimo. La mayoría del gasto no está en la cantidad, sino en la estructura», agregó.
Por otro lado, adelantó que ya se han iniciado reuniones con acreedores y proveedores, quienes habrían recibido con optimismo el plan de reorganización de Petro-Perú. Finalmente, anunció que se publicará la lista de reuniones con empresas interesadas para garantizar transparencia en el proceso.
