El Ministerio Público dispuso iniciar una investigación preliminar por un plazo de 50 días, más 10 días adicionales, contra todos los implicados en la agresión al personal de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), ocurrida el pasado jueves 13 de noviembre, incidente en el que incluso una minivan fue incendiada. Así lo informó la autoridad de transporte, que calificó el hecho como un ataque organizado.
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La investigación estará a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Borja–Surquillo, que emitirá su pronunciamiento tras el periodo dispuesto por la Fiscalía. Debido a que aún se busca identificar plenamente a los autores, la denuncia se ha formulado contra “los que resulten responsables”. Las diligencias apuntan a determinar a los agresores directos, informantes y conductores que bloquearon la caravana de unidades intervenidas, así como a quienes facilitaron vehículos para trasladar al grupo atacante.
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Para ello, se utilizará el análisis de imágenes difundidas por medios de comunicación y cámaras de videovigilancia de los municipios de San Isidro, San Borja y Jesús María. Estos registros ya fueron entregados a la Policía y muestran cómo se organizó el grupo de vándalos antes y durante el ataque.
Los medios probatorios también incluyen las pericias médico-legales practicadas a los cuatro colaboradores de la ATU agredidos, así como la evaluación de la grúa dañada y de los minivanes siniestrados.
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La investigación se realiza por la presunta comisión del delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en la modalidad de lesiones, y por el delito contra la seguridad pública, en la modalidad de peligro por medio de incendio agravado. Las sanciones previstas podrían ir desde 2 hasta 8 años de prisión para el caso de lesiones, y de 10 a 20 años para quienes resulten responsables de incendiar los vehículos.
