Minería y petróleo: Los retos inmediatos del Gobierno para revertir políticas fallidas

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

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El Gobierno arranca con muchas ilusiones su gestión del sector minero-energético, empezando por lo fundamental: el ordenamiento de las entidades públicas más gravitantes, como el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y Petro-Perú.

Así, la semana pasada vimos la remoción del Directorio de la empresa estatal y su reemplazo por otro, más proactivo y “totalmente empoderado para cambiar pronto a esa compañía”, según expresó Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas (MEF).

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Y es que tanto el MEF como el Minem tenían claro que el Directorio saliente de la petrolera venía poniendo piedras en el camino a su propia reorganización, demorando, por ejemplo, la constitución del fideicomiso (de US$2.000 millones) que le permitirá disponer de liquidez para comprar crudo y pagar deudas a proveedores.

“Ha habido resistencia, efectivamente, de ir por ese camino, pero ya no hay resistencia. Así que todo va a fluir”, expresó Cuba.

La reorganización de Petro-Perú es uno de los principales desafíos del Gobierno. “Eso y fortalecer a Perú-Petro son las dos primeras acciones que hay que tomar en el sector hidrocarburos”, apunta Luis Fernández, director de Gas Energy Perú.

Para lograr estos y otros objetivos, el Ejecutivo se encuentra abocado a una cuidadosa selección de los funcionarios que tendrán a su cargo el manejo de las políticas hidrocarburífera, eléctrica y minera.

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Es el caso de los viceministros y directores generales de Minería, Hidrocarburos y Electricidad, los cuales deberían ser designados en función a su experiencia y conocimientos y “no a referencias políticas o amicales, como ha ocurrido en años recientes”, anota Fernández.

A ello se añade la tarea de empoderarlos y darles estabilidad para que su duración en el cargo no sea efímera, como ha venido sucediendo desde el 2020 con la designación de 16 ministros y nueve viceministros de hidrocarburos.

Oswaldo Tovar, exdirector general de Minería refiere que la debilidad del titular del ministro de Energía y Minas y sus funcionarios conviene a muchos porque “da pie a que congresistas y políticos metan a familiares y allegados al Minem, a cambio de no promover censuras”, refiere

Consecuencia de ello es el sobredimensionamiento de personal en el ministerio, particularmente, de burócratas (en oposición a profesionales técnicos), los cuales se han ‘atrincherado’ en el establecimiento de la Av. Las Artes, apunta el ingeniero de minas.

Se trata de una problemática que ha sido reconocida por el mismo titular del Minem, Guillermo Shinno.

“Hemos encontrado un exceso de personal, sobre todo, haciendo labores administrativas. No es que les neguemos el derecho de trabajar, pero queremos enrumbarlos hacia las líneas que hacen desarrollar a nuestros sectores”, manifestó el funcionario al diario Gestión.

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Poner “orden en casa” es una tarea urgente para el Minem si busca resolver problemas complejos como la formalización de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), proceso que “requiere de funcionarios públicos a la altura”, remarca José Farfán, exdirector de formalización minera del Minem.

Eso, sin dejar de lado su colaboración en la lucha frontal contra la minería ilegal, la otra cara de la moneda de la problemática de la informalidad minera.

Sobre la minería ilegal, el Ejecutivo ha sido bastante enfático: “Allí donde el crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal hayan arrebatado el control al Estado, haremos uso de todas las herramientas que la Constitución pone a disposición del Gobierno [para imponer orden]”, manifestó la presidenta Keiko Fujimori en su mensaje del 28 de Julio.

A ese fin, el Gobierno se ha trazado como objetivo al 2031 “erradicar, al menos, el 50% de la minería ilegal en zonas críticas”.

Es el caso no solo de Madre de Dios, Arequipa, Apurímac y La Libertad (Pataz), sino también de otras regiones como Cajamarca, Huánuco y Loreto, donde dicho flagelo avanza a toda velocidad.

Para ello el Plan de Gobierno propone la creación de comandos mixtos de la Policía, las Fuerza Armadas, la Fiscalía y la Sunat, siguiendo el modelo implementado en Pataz en febrero del 2025 (a raíz del asesinato de 13 trabajadores de Minera Poderosa).

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Se trata de una iniciativa que el sector minero ha saludado, pero que necesita ser reforzada con la fiscalización y el control de toda la cadena productiva para asegurar “que las plantas de beneficio no estén lavando mineral y se conviertan en una herramienta para lograr la trazabilidad del oro”, remarca Julia Torreblanca, presidenta de la SNMPE.

En esa línea, el Minem ha propuesto establecer una estrategia conjunta con la Sunat y la Policía para controlar el mineral aurífero que “pasa por las plantas de beneficio”, aprovechando la “lista de plantas” que obra en su poder.

Día1 solicitó esa lista, pero hasta el cierre de esta edición el Minem no la había proporcionado.

José Farfán calcula, sin embargo, que el número de plantas de beneficio “formalizadas y en proceso de formalización con capacidad de 350 toneladas”, no debe pasar de 50 a nivel nacional, por lo que “su supervisión sería fácil de ejecutar” si hubiera la decisión para hacerlo. Y es que las estadísticas del Minem no son muy claras, señala el especialista.

Así, sucede que el Reinfo contabiliza 2.000 plantas de beneficio en proceso de formalización, pero “la realidad es que la mayor parte corresponde a quimbaletes, molinos y ollas, donde el minero procesa artesanalmente el mineral y lo convierte en pepitas de oro que luego vende a los acopiadores”, precisa Farfán.