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Por Víctor Gobitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
Desde la SNMPE venimos promoviendo mayor trazabilidad. Se requiere trazabilidad y fiscalización coordinada a por lo menos cinco aspectos claves: 1) la venta y consumo de explosivos, insumos químicos y equipos, 2) la operación de plantas de beneficio aurífero registradas como pequeña minería, 3) la ruta del oro que se exporta a través de aduanas y zonas fronterizas, 4) el control de las entidades jurídicas participantes y 5) la determinación de los beneficiarios finales de esta actividad.
En la trazabilidad de los explosivos, deberíamos enfocarnos en darle máximo escrutinio al otorgamiento de permisos de consumo, almacenamiento en polvorines y a la verificación de su uso. Específicamente para el caso de explosivos suministrados en cartuchos, no a granel; e incorporando a entidades públicas como el MINEM, DREM y SUCAMEC y, asimismo, a las empresas autorizadas para la producción y venta de explosivos. En el mismo sentido, se debe involucrar al sector público y privado en lo que respecta a insumos químicos y equipos mineros para determinar la ruta y uso final de los mismos.
En el segundo aspecto, es evidente que han proliferado en todo nuestro territorio, plantas de tratamiento sin minas en producción, y que, por lo tanto, lucran procesando mineral de “terceros”. La verificación de la debida diligencia, que supone no procesar mineral de origen ilícito, debería recaer en una autoridad con conocimiento técnico, solvencia moral y sin conflicto de intereses. Todas las autoridades involucradas en la cadena de supervisión y fiscalización deben tener la certeza del origen del mineral.
En el tercer aspecto, el control fronterizo más estricto y eficaz será fundamental para que no egrese de manera ilícita producción aurífera, no registrada. Adicionalmente, a todas las empresas comercializadoras de oro se les debería exigir y fiscalizar por la debida diligencia en sus actividades, es decir, impedir que exporten oro de origen ilícito.
En el cuarto aspecto, nuestras autoridades deberían velar porque todas las entidades jurídicas que participan en toda esta actividad aurífera mantengan el registro de toda su cadena de producción, transporte y exportación.
En el quinto aspecto, la Superintendencia de Banca y Seguros y la banca comercial deberían trabajar coordinadamente con todas las entidades jurídicas mencionadas en el párrafo anterior, para visibilizar a las personas naturales o beneficiarios finales de esta actividad económica.
En resumen, en el actual contexto de alta cotización del oro, altos niveles de desempleo y poca presencia de nuestras fuerzas del orden en lugares remotos; a la par de combatir la criminalidad con inteligencia y recursos idóneos, deberíamos implementar un plan de formalización minera que incorpore trazabilidad, para dimensionar correctamente el problema, individualizar a los distintos actores económicos involucrados y así desterrar la criminalidad e incorporar al mercado laboral formal a los mineros informales.