El alto comisionado para el combate de la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Rodolfo García, afirmó que la solución al problema de la minería ilegal exige la intervención conjunta del Estado, a través de sus tres poderes, para corregir las fallas del marco legal.
“El problema de la minería ilegal no es solamente un problema del Ejecutivo, es un problema de Estado, por lo que todo el Gobierno, el Legislativo y el Judicial tienen un papel muy importante. La raíz del problema está en el marco legal, que nos dificulta muchísimo luchar contra la minería ilegal y tenemos que cambiarlo”, subrayó.
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En esa línea, García Esquerre destacó que el Congreso haya optado por no ampliar por dos años la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y haber reafirmado la facultad del Ejecutivo para continuar excluyendo registros cuando corresponda.
Asimismo, resaltó que se haya impedido el retorno de los 50.565 registros excluidos, en cuya mayoría no se declaraba actividad minera y, de haberse realizado sin declarar, se trataba de actividad ilegal.
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“Esta exclusión ha permitido reducir significativamente el universo de mineros en proceso de formalización. De los más de 31 mil que han quedado, son alrededor de 24 mil los que todavía están vigentes. Los demás están suspendidos por algún trámite, pero formalizar a este grupo es posible”, acotó.
García explicó que la formalización y las exclusiones forman parte de un esfuerzo más amplio que incluye la erradicación de la minería ilegal y la recuperación ambiental, para lo cual el Ejecutivo aprobó la Estrategia Nacional para la Reducción e Interdicción de la Minería Ilegal.
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“El concepto que manejamos ahora es: vamos a erradicar, pero el Estado y las fuerzas del orden tiene que quedarse y deben instalarse puestos de control para impedir cualquier actividad, por ejemplo, en los ríos donde la minería está prohibida; o puestos multisectoriales como los de Pataz, donde a través de rutas fiscales solo pueden circular camiones con mineral”, comentó.
En esa línea, destacó que el llamado “Modelo Pataz” muestra avances sostenidos al establecer rutas fiscales y puestos de control multisectorial con intervención de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) y la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran).
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“En esas rutas fiscales se debe controlar todo lo que sale, que es material minero, y todo lo que ingresa, que son combustibles, explosivos, insumos químicos y maquinaria”, manifestó.
“El Ministerio de Energía y Minas debe poner en funcionamiento un sistema interoperable que integrará toda la información para garantizar una fiscalización efectiva en los puestos de control. Esto va a mejorar progresivamente y es un modelo que debemos aplicar en otros lugares”, concluyó.
El caso
Como se recuerda, el pleno del Congreso aprobó este jueves 4 en primera votación la ampliación del Reinfo por un año más, hasta el 31 de diciembre del 2026. La decisión se tomó con 60 votos a favor, 36 en contra y 8 abstenciones.
El texto se aprobó sin las disposiciones complementarias transitorias y finales que abrían la puerta a la reincorporación excepcional y que, incluso, suspendía los procesos de exclusión.
