Hace unos días, en la inauguración de Expomina, la presidenta Keiko Fujimori dijo lo que buena parte del sector empresarial llevaba años esperando escuchar: “el Estado debe dejar de ser una barrera burocrática para el inversionista y nuestros ciudadanos, y convertirse en un facilitador del desarrollo”. Señalando que la minería moderna y responsable debe generar riqueza, pero también confianza entre el Estado, las empresas, los trabajadores y las comunidades. Prometió predictibilidad y “decisiones dentro de plazos razonables”, y anunció un grupo de trabajo entre los ministerios de Energía y Minas y del Ambiente para destrabar los proyectos más grandes, indicando que hay 67 proyectos mineros por cerca de US$64.000 millones esperando ese destrabe.
Cuatro días antes, el 5 de setiembre, el Ejecutivo había aprobado —por Decreto Supremo N.° 127-2026-PCM— la Política General de Gobierno 2026-2031, la hoja de ruta oficial del quinquenio, organizada en cinco ejes: seguridad ciudadana, resiliencia frente a desastres y cambio climático, desarrollo humano, productividad y empleo, y gobernanza democrática. La minería no aparece nombrada como tal, pero vive exactamente en el cruce de dos de esos ejes: la productividad, que promete predictibilidad regulatoria e inversión segura; y la seguridad, que promete recuperar el control territorial frente a las economías ilegales. En ese cruce se juega buena parte de la credibilidad del nuevo gobierno.
Empecemos por el trámite. Según cálculos de Apoyo Consultoría difundidos en el propio Expomina, un proyecto minero requería 12 procedimientos administrativos en 2001; hoy requiere 265, repartidos entre cerca de 30 entidades del Estado y regulados por unas 470 normas distintas. Los estudios de impacto ambiental demoran, en promedio, 2,5 veces el plazo legal; sus modificaciones, entre 5 y 6 veces más. Un permiso de uso de agua que debería resolverse en 36 días puede tomar hasta 360. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú plantea una salida sensata y, sobre todo, factible sin pasar por el Congreso; reemplazar la secuencia de permisos uno tras otro por una revisión en paralelo, con una ventanilla única digital donde todas las entidades vean el mismo expediente a la vez, como ya ocurre en Chile, Canadá o Australia. Eso cortaría el plazo de siete a tres años. Su presidente, Juan Carlos Ortiz, lo resumió claramente: no hace falta una reforma legal, hace falta voluntad política.
Ahí está el primer examen para la promesa de la presidenta. No es un problema de discurso —los últimos gobiernos también prometieron destrabar la minería— sino de coordinación real entre entidades que no responden a un solo mando y que, cada una, tiene incentivos para no ceder su cuota de control sobre el expediente. Un grupo de trabajo entre dos ministerios ayuda, pero no resuelve el nudo.
El segundo examen es el de la seguridad, y es más urgente porque viene cobrando vidas y afectando al territorio. A inicios de este año, el Ejecutivo publicó el Decreto Legislativo N.° 1695, que endureció las penas por minería ilegal —de 5 a 8 años por explotación sin autorización, de 6 a 9 por el tráfico de insumos y de minerales— y la incorporó a la Ley contra el Crimen Organizado, habilitando técnicas especiales de investigación contra las redes que la sostienen. Pero, ¿cuántas sentencias tenemos hasta el momento aplicando dicho marco legal? Entre enero y mayo, el Estado ejecutó 710 operativos en 24 regiones e incautó o destruyó bienes por más de S/1.200 millones, el 63% de ellos en Madre de Dios. Son cifras reales y, dentro de todo, alentadoras. Pero la minería ilegal de oro ya se expandió a once regiones amazónicas, empujada por un precio del oro en máximos históricos y por instituciones débiles, y ha vuelto a tocar la Reserva Nacional Tambopata. Frente a ese avance, la propia mandataria corrigió en Expomina su promesa de campaña; ya no habla de resultados en 100 días, sino de “1.826 días para recuperarla” —todo su periodo de gobierno–.
Ese cambio de horizonte es, en el fondo, real. Ni la tramitología ni la minería ilegal se resuelven con un decreto ni con un discurso inaugural. Pero, un horizonte de cinco años solo genera confianza si viene acompañado de metas verificables en el camino —cuántos procedimientos se eliminan este año, cuántas hectáreas se recuperan de la minería ilegal, cuánto se reduce el plazo promedio de un estudio de impacto ambiental— y no únicamente al final del quinquenio, cuando ya no quede margen para corregir el rumbo.
La Política General de Gobierno puso en el papel los ejes correctos: productividad con predictibilidad y seguridad con control territorial. El reto de este gobierno –como el de todos los anteriores que han pasado por Expomina– no será convencer al sector minero de que la promesa es genuina, sino demostrar, eje por eje y trámite por trámite, que esta vez sí se puede cumplir.
