Quienes seguimos de cerca la industria minera sabemos que el precio de los minerales que exporta el Perú se ha disparado en los últimos años. Sin embargo, esta ola de bonanza no nos encontró listos para surfearla. En poco más de cinco años hemos pasado de estar entre las 20 jurisdicciones más atractivas del mundo –según el ranking del Fraser Institute– a convertirnos en un competidor de media tabla.
Quienes seguimos de cerca la industria minera sabemos que el precio de los minerales que exporta el Perú se ha disparado en los últimos años. Sin embargo, esta ola de bonanza no nos encontró listos para surfearla. En poco más de cinco años hemos pasado de estar entre las 20 jurisdicciones más atractivas del mundo –según el ranking del Fraser Institute– a convertirnos en un competidor de media tabla.
Según el IPE, entre la etapa de exploración y el inicio de producción de un proyecto minero pueden transcurrir hoy hasta 40 años; en los años noventa ese proceso tomaba cerca de 20.
Desde 2018, solo tres proyectos mineros ‘greenfield’ han llegado a la etapa de producción. La cartera presentada en 2020 es prácticamente la misma que la del 2025: cambian los plazos, pero no los proyectos. Y para el 2026 no se espera el inicio de operaciones de ningún nuevo yacimiento.
Aun así, el Perú mantiene bases sólidas: un sistema de concesiones reconocido internacionalmente, un enorme potencial geológico y la presencia de algunas de las principales empresas mineras del mundo. El problema no es la falta de recursos ni de inversión, sino la falta de decisiones.
El próximo gobierno deberá enfrentar con seriedad el avance de la minería ilegal y de las mafias criminales, sin dejar de apostar por una minería artesanal formal, fiscalizable y respetuosa de los derechos laborales y del medio ambiente. El Perú necesita mineros formales, no invasores que se escudan en mecanismos como el Reinfo para operar al margen de la ley. Separar la paja del trigo y recuperar plenamente el Estado de derecho es una tarea urgente.
Para ello se requiere aprobar una buena Ley MAPE, establecer sistemas efectivos de trazabilidad para los insumos peligrosos y los minerales, e incorporar las plantas de beneficio al catastro minero para asegurar la trazabilidad del mineral que procesan.
La oportunidad sigue ahí, pero el Perú tendrá que decidir si quiere ser protagonista de la transición energética global o resignarse a ver cómo otros países aprovechan los recursos que nosotros dejamos enterrados.
En minería, como en el desarrollo de un país, las oportunidades no se pierden solas: se pierden cuando faltan decisiones.
