La industria minera es el principal pilar económico del país, pero está aun lejos de alcanzar su potencial pleno.
Más del 80% del PBI minero ha experimentado un alza significativa. El precio del cobre, que a enero de 2024 era de 8.800 US$/tonelada, cierra el año en torno a los 12.000 US$/tonelada; y el oro, que a enero 2024 cotizaba en 2.000 US$/onza, ahora supera los 4.500 US$/onza. Por otro lado, la producción de cobre, que en 2024 alcanzó los 2,6 millones de toneladas finas, este año culminará en torno a los 2,8 millones; en el caso del oro, el año 2024 totalizó 6,4 millones de onzas, y este año culminará en alrededor de 7 millones de onzas, aunque casi un 50% del total es producido a través de la minería no formal. En total, las exportaciones mensuales de la industria minera han pasado de US$3.100 millones en enero de 2024 a US$6.500 millones a diciembre de 2025.
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En el caso del cobre, contamos con un portafolio que supera los US$50.000 millones; su desarrollo nos permitiría duplicar la producción anual y añadir más de 100.000 empleos directos de calidad. Cabe mencionar que la complejidad de los proyectos de cobre requiere décadas de estudio, como lo reconoce S&P Global Market Intelligence, que confirma que las fases sucesivas de exploración e ingeniería, acceso a terrenos superficiales, permisos ambientales y operacionales, financiamiento y construcción, lleva a períodos de maduración no menores de 18 años. Ello debería zanjar la aseveración falsa acerca de que existen concesiones mineras ‘ociosas’.
En el caso del oro, contamos con la oportunidad inmejorable para formalizar al minero Mape, dotándolo de asistencia técnica y trazabilidad, de manera que alcance un trabajo digno, de mayor productividad y exento de actividades ilegales o criminales.
En el año que culmina han acontecido hechos positivos que merecen ser destacados: primero, el proceso de construcción de dos minas nuevas: San Gabriel (Au) y Tía María (Cu); al menos cuatro transacciones de compra de activos mineros, como son La Arena (Zijin), Condestable (Rio Alto 2), Río Blanco (Zijin) y Chapi (Quilla); y una megafusión global, de Anglo American y Teck. La nota negativa del año ha sido la incapacidad del Gobierno y del Congreso en aprobar la Ley Mape que, como consecuencia, extiende nuevamente el Reinfo.
¿Qué desafíos tendremos para los años venideros?
1. Debemos simplificar (sin reducir los estándares) los trámites administrativos para la obtención de permisos ambientales y operacionales. La predictibilidad y agilidad deben ser imperativas.
2. La simplificación administrativa nos debe llevar a un solo régimen común que integre a la minería artesanal, la minería a pequeña escala, la mediana minería y la gran minería. Eso evitará distorsiones e incentivará el cambio de escala progresivo.
3. Se deberá dotar a las autoridades administrativas –Senace, ANA, Mincul, OEFA, Osinegmin– de todos los recursos humanos necesarios, para que acometan la integración de todo el sector minero antes mencionado.
4. En el desarrollo del portafolio de cobre, las empresas mineras deberán estudiar modelos colaborativos que conlleven a compartir infraestructura, reduciendo, por ende, la huella ambiental.
5. Conscientes del cambio de matriz energética y nuevos requerimientos tecnológicos, el Estado deberá fomentar la exploración geológica en tierras raras y en litio.
El desarrollo pleno del potencial minero reducirá la pobreza a menos de dos dígitos, creará empleos de mayor productividad y permitirá la integración del país, a través de más corredores económicos alto andinos y costeros.
