El Ministerio de Energía y Minas (Minem) expresó su preocupación por el dictamen de la propuesta normativa que busca modificar el régimen de concesiones mineras incorporado en la Ley General de Minería, exhortando a que esta iniciativa sea revisada de manera integral a fin de no ocasionar impactos negativos en la sostenibilidad del sector minero.
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) expresó su preocupación por el dictamen de la propuesta normativa que busca modificar el régimen de concesiones mineras incorporado en la Ley General de Minería, exhortando a que esta iniciativa sea revisada de manera integral a fin de no ocasionar impactos negativos en la sostenibilidad del sector minero.
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El Minem explicó que, en el marco del debate en la comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, sustentó que estos cambios normativos no son técnicamente viables, y que la propuesta de reducción de plazos para declarar la caducidad de una concesión podría debilitar la competitividad del Perú frente a otras jurisdicciones.
Añadió que la iniciativa puede generar efectos negativos, como el incremento de conflictos sobre concesiones y mayores incentivos para la ocupación ilegal, en un contexto donde el Estado ha establecido, como prioridad nacional, la lucha contra la minería ilegal que se extiende en el país.
Asimismo, puede afectar directamente la actividad de exploración minera, etapa clave para el descubrimiento de nuevos yacimientos, por lo cual afectaría directamente la sostenibilidad futura del sector y el fortalecimiento de la economía nacional.
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El ente rector del sector minero-energético precisó que la adopción de medidas que no consideren la realidad operativa del sector minero, y su permisología, genera incertidumbre para la inversión formal y afecta la estabilidad jurídica del país.
Asimismo, el Minem enfatizó que medidas planteadas, como la reducción de plazos para acreditar producción o inversión mínima, el incremento del derecho de vigencia de manera progresiva según extensión, y el aumento significativo de penalidades, requieren una evaluación técnica y económica de su impacto.
En esa línea, exhortaron a una profunda reflexión para qué la propuesta sea revisada de manera integral, en coordinación con el Poder Ejecutivo y todos los actores del sector, a fin de asegurar un marco regulatorio equilibrado que fomente la inversión, garantice el aprovechamiento eficiente de los recursos y contribuya efectivamente a la lucha contra la minería ilegal.
