La Corte Suprema dictará el 8 de noviembre la sentencia contra el excongresista Michael Urtecho por el caso por recorte de sueldo a trabajadores y enriquecimiento ilícito, y contra su esposa Claudia González, por la cual plantearon una apelación con la que buscan evitar la condena en primera instancia de más de 22 años de prisión para ambos.
Así lo informó el juez César San Martín como parte de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, luego de la audiencia de este jueves 24 de noviembre en la que escuchó los alegatos finales, tanto de los abogados como de los mismos Urtecho y González.
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Al hacer uso de la palabra, el excongresista de Solidaridad Nacional reiteró su inocencia y negó haber conminado a los trabajadores de su despacho que lo acusaron de apropiarse de sus sueldos a que le entreguen parte del efectivo que les correspondía cada fin de mes hasta el 2010.
“Hay otro grupo de personas que son más de nueve que dicen que han ofrendado voluntariamente […] Han presentado sus declaraciones juradas. Como hay un grupo pequeño que dice que fueron conminadas, hay gente mucho más grande que por su fe cristiana han ofrendado voluntariamente”, señaló para luego cuestionar que haya sido condenado en base a dichos.
En agosto del 2023, la Corte Suprema sentenció a 22 años y 5 meses de prisión a Michael Urtecho, y a 23 años de cárcel a su esposa, por haber obligado a su trabajadora, Gladys Flores, y haber inducido a otros funcionarios de su despacho a “entregarle indebidamente parte de sus remuneraciones y/o sus liquidaciones como condición para contratarlos, promoverlos y renovarles sus contratos”.
Según la acusación fiscal, el exlegislador retuvo ilegalmente S/ 430.666,06 del sueldo de sus trabajadores, y se le atribuyó lavado de activos por un total de S/ 2′182.601.68. Por peculado, se le acusó de apropiarse de S/ 339.962,54 que iban a ser destinados como donaciones para un centro médico para personas con discapacidad, y por apropiación ilícita por haber retenido US$14.939 que iban a ir a damnificados por el terremoto de Pisco del 2007.
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Los cobros a los trabajadores, según la sentencia en primera instancia, se hicieron a través de Claudia González, a quienes los afectados sindicaron como la persona que los acompañaba a hacer retiros de dinero de sus sueldos para luego quedarse con una parte exigida por Urtecho.
La esposa del congresista también negó las acusaciones, negó haber acompañado a su esposo en viajes de semana de representación para hacer cobros irregulares o que se hayan apropiado de fondos de manera irregular.
“Todo lo bueno que mi esposo hizo lo vieron mal y mi esposo, simplemente por nuestra rutina cristiana, tratamos de ayudar a las personas más necesitadas”, señaló en su alegato final para justificar los manejos de fondos de los cuales se habrían apropiado ilícitamente.
