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Inspirado en la regulación de la nación oceánica, el gobierno británico anunció medidas similares en junio, prometiendo “ir más allá que cualquier otro país” en la protección de la población más joven en materia digital, mientras las autoridades francesas vienen trabajando en su propio proyecto desde enero de este año.

“La misma Comunidad Europea tiene un acta de servicios digitales que fue aprobada en el año 2022, la 2065, que exige a las grandes plataformas mayor responsabilidad respecto a los contenidos y la seguridad para los usuarios, sobre aquellos menores de edad”, comenta Valencia.

Si bien la pertinencia de restringir el uso a los menores ha sido debatida, países como Reino Unido y Australia han defendido la medida basándose en sus propios estudios sobre el impacto de Internet en los menores.

Una reciente investigación del gobierno británico realizada en 309 hogares determinó que los toques de queda digitales nocturnos y la eliminación de aplicaciones entre menores llevaba a que estos mejoraran su sueño, ánimo, concentración y el tiempo que pasaban en familia. No obstante, también se halló que las prohibiciones totales podían generar trastornos sociales.

Al ser consultado sobre la posibilidad de lograr acuerdos reparatorios como el recientemente alcanzado por Meta y las autoridades de EE.UU. en países como el Perú, el abogado explica que este caso no se puede replicar aquí en los mismos términos debido a las particularidades jurídicas del país norteamericano.

Valencia apunta que, específicamente para el caso peruano, hay normativas para el tratamiento de los datos personales, pero que delitos como los que llevaron a la demanda contra Meta “no están tipificados” penalmente y que hay una necesidad de una regulación clara todavía no cubierta.

“Esto ha sido aprobado en Estados Unidos, que tiene un sistema jurídico que permite llegar a acuerdos previos antes de iniciar un proceso judicial, y esto se llama al principio de disposición”, agrega Valencia Corominas.

“Los países latinoamericanos tienen un sistema jurídico basado en la tradición no neorromanista y aquí en el Perú es distinto, porque el sistema jurídico —en este caso penal— sigue en principio oficialidad. Se podría aplicar de manera excepcional el principio de oportunidad, pero en general lo que va a hacer el sistema o un fiscal es la persecución del delito”, agrega el docente de derecho.

Desde la perspectiva de Valencia, el procesamiento de Meta en EE.UU. tiene como uno de sus principales factores de viabilidad el hecho de que se trate de una compañía alojada en el territorio de ese mismo país.

El especialista en derecho infantil reconoce que territorios como la Unión Europea han logrado imponer multas y legislar a favor de los derechos digitales; sin embargo, precisa que el domicilio de las firmas tecnológicas sigue siendo un primer factor que dificulta el procesamiento judicial de estas.

“Aquí habría que tipificar el delito y ver contra quién dirigimos la acción. Tampoco hay que pensar en situaciones muy complejas, porque de repente un caso de este tipo lo podríamos llevar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pasando por la Comisión Interamericana por violación de los derechos de los niños, pero habría que determinar cuál es la vulneración de los derechos que una empresa transnacional está cometiendo”, apunta Valencia.

El abogado señala que la creación de un andamiaje legal apropiado para la protección de los menores en Internet es un esfuerzo multisectorial e integral, que demanda responsabilidades desde diversos frentes, incluyendo el de la responsabilidad parental. En ese sentido, Jorge Valencia refiere que, ante la ausencia de una regulación clara, ese último punto sigue siendo un primer factor de protección ineludible

“Tiene que haber un control de los padres porque los menores de edad están sometidos a la patria potestad: los padres son los responsables del cuidado de sus hijos hasta que alcanzan la mayoría de edad, que en el Perú es a los 18 años”, remata el abogado.