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La medida, comunicada hoy, responde a un pedido del gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, quien denunció un posible “vicio de nulidad trascendente” en el proceso. Según la APN, la suspensión estará vigente hasta que se realice un análisis de costo-beneficio que determine si conviene desarrollar el terminal como una Asociación Público-Privada de iniciativa estatal o mediante una habilitación portuaria administrativa.
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“El ministro César Sandoval me llamó y se comprometió a anular la resolución”, declaró Sánchez a este Diario. El gobernador cuestionó la idoneidad del consorcio, señalando que sus integrantes carecen de experiencia en habilitación portuaria.
Sánchez precisó que una de las empresas fue constituida en 2022 en el giro de construcción, y la otra, creada en 2017, cuenta con experiencia inmobiliaria. También criticó que la APN haya actuado sin respetar los acuerdos del Consejo de Estado Regional.
Antecedentes
Entre 2024 y 2025, las direcciones técnicas de la APN (DIPLA y DITEC) observaron el plan maestro del proyecto por deficiencias en la proyección de demanda y tráfico marítimo. Inicialmente, la entidad declaró infundados los recursos de las compañías; sin embargo, el MTC terminó validando los recursos administrativos presentados por el consorcio mediante resoluciones ministeriales emitidas en diciembre de 2024 y marzo de 2025.
El 4 de agosto, la DIPLA informó que las 25 observaciones fueron subsanadas y consideró que el plan cumplía con la Política Portuaria y el Plan Nacional de Desarrollo Portuario 2024-2030, lo que llevó a la APN a emitir la VTTP el 8 de agosto.
Un día después, el gobernador Sánchez solicitó anular la resolución, recordando un compromiso previo realizado en el VIII Consejo de Estado Regional —en el que participó el ministro Sandoval— para realizar antes un estudio de demanda.
Características del proyecto
El Megapuerto de Corío tendría 28 metros de profundidad —más que los 17,9 metros del puerto de Chancay— y capacidad para mover 100 millones de toneladas de carga al año, similar a la suma de los puertos del Callao y San Antonio (Chile).
Su ubicación lo proyecta como punto de entrada y salida para carga del sur de Brasil, Bolivia, el norte de Chile, Argentina y el sur del Perú, una suerte de ‘hub’ comercial para el sur de Sudamérica. El proyecto contempla 15.947 hectáreas inscritas a nombre del Estado y la conexión ferroviaria hacia Cusco, Madre de Dios y Bolivia.
La primera etapa tomaría 4 años y permitiría iniciar operaciones; la culminación total se estima en 6 – 7 años. El impacto laboral proyectado es de 50.000 empleos directos e indirectos.
