La noche del jueves 30 de octubre, agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) realizaron un operativo sorpresa en el penal de Lurigancho, en Lima, como parte de las acciones ordenadas tras la declaratoria de estado de emergencia en Lima y Callao.
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La intervención, que comenzó alrededor de las 10:00 p. m., contó con el respaldo del Decreto Supremo N.º 124-2025-PCM y tuvo como objetivo inspeccionar las celdas del penal. Durante las diligencias, los internos fueron trasladados al patio central mientras el personal penitenciario y de seguridad revisaba los ambientes.
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El operativo permitió el hallazgo de libretas con anotaciones, objetos punzocortantes y sustancias no autorizadas, además de la detección y corte de conexiones clandestinas, una práctica recurrente que facilita la comunicación ilegal con el exterior.
De acuerdo con voceros del INPE, esta estrategia responde a una política orientada a reducir los actos delictivos organizados desde las cárceles y reforzar el control institucional dentro de los establecimientos penitenciarios.
La entidad, adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), ratificó que este tipo de requisas se mantendrán de forma sostenida, en el marco del plan integral de seguridad carcelaria que busca fortalecer la rehabilitación y reinserción social de los internos.
Uno de los hallazgos más relevantes fue la incautación de libretas con posibles registros internos, las cuales podrían aportar información sobre la estructura de grupos que operan dentro del penal. Además, las herramientas punzocortantes decomisadas sugieren la presencia de redes de protección y coerción internas.
El operativo coincide con la implementación de nuevas normas en el Reglamento del Código de Ejecución Penal, que modifican el régimen cerrado especial y ajustan las condiciones de visita según la etapa del interno.
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De acuerdo con el nuevo esquema, los reclusos en la Etapa “A” solo podrán recibir un visitante cada dos semanas y permanecer en el patio dos horas diarias, mientras que quienes se encuentren en la Etapa “C” podrán acceder a encuentros directos de hasta tres horas, siempre bajo supervisión.
El INPE explicó que estas medidas buscan restringir el movimiento dentro de los pabellones, cortar los canales de comunicación informal y reforzar la seguridad, en medio de los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario durante el estado de emergencia.
