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-La semana pasada, el Banco Central de Reserva del Perú elevó su previsión de crecimiento económico para el 2025 a 3,3% y el MEF espera un aumento ligeramente mayor. ¿Observan que las condiciones de crecimiento de este año se mantendrían hacia el 2026?
Estamos manteniendo la proyección inicial para el 2026, de 3,1%. El entorno internacional está en la misma línea de nuestro estimado original. También hay una proyección de altos niveles de minerales que nos va a generar un entorno positivo. Nuestras exportaciones están en pleno crecimiento y hay proyectos mineros por salir. Ayer [lunes] tuve una reunión con una importante empresa y en las siguientes semanas vamos a hacer un gran anuncio de inversión minera. La proyección es positiva, incluso considerando el año electoral, en el que siempre se ralentiza un poco la inversión.
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Recuerda que este 2026 será el último año de gobiernos regionales y locales. Una tarea a la que nos ha comprometido el presidente José Jerí es dejar la tarea lista para que no hayan demoras y no se pierda el segundo semestre del próximo año. Parte de eso responde al objetivo de nuestro Acuerdo Fiscal.
-¿Qué pasos siguen con el Acuerdo Fiscal?
El acuerdo que convocamos es una primera reunión. Además de construir ahí con todos los actores relevantes que hemos invitado, lo que vamos a hacer es una hoja de ruta que vamos a entregar a la siguiente gestión. Va a contener esas medidas mínimas de comportamiento en materia económica y fiscal que debe seguir la siguiente gestión para garantizar el crecimiento económico sostenido.
Estamos en la ruta de ascenso [económico] y con las condiciones favorables del mercado, términos de intercambio y precio de los minerales, nuestros niveles de crecimiento deberían superar el 5%. Si bien mantenemos la proyección de acuerdo a lo que prevemos, si tenemos el compromiso, la adhesión de los candidatos al Acuerdo Fiscal y de la autoridad que gane, podríamos cerrar el año superando la meta de crecimiento.
-¿Existe la posibilidad de que también se tomen medidas en favor del crecimiento potencial?
Eso puede demandar más de dos o tres años, pero hay un trabajo fuerte que estamos haciendo en el tema de la desregulación. Hay sectores en la economía que necesitan estos incentivos, lo que no significa menos impuestos, sino reducir trámites. En esa línea, hemos potenciado nuestras tres áreas: el de seguimiento de inversiones, que ya está funcionando para ayudarles a destrabar; de las mesas ejecutivas para ayudas sectoriales; y un tercero, es el Consejo de Competitividad, el cual también está adscrito al Acuerdo Fiscal.
Por el lado de lado de la inversión privada también. Espero que hoy [martes] o mañana [miércoles] se publique el reglamento de Asociaciones Público Privadas (APP). Estructurar un proyecto APP puede demorar, hasta 16 años tardó la adjudicación del ferrocarril Huancayo-Huancavelica y 12 años en la extensión de la segunda pista del Aeropuerto [Jorge Chávez]. Eso no volverá a pasar con el reglamento. El objetivo es que la estructuración debe demorar un año o máximo año y medio para que esa inversión se ejecute lo antes posible, y podamos tener infraestructura y servicios de calidad a disposición de la población.
-El proyecto minero que indica, ¿cuál es?
Es en Cusco.
-¿Se refiere a Integración Coroccohuayco?
No puedo decir nada.

-Hablando de inversión minera, el presidente José Jerí ha dicho que encaminarán los proyectos Tía María y Conga. ¿Este gobierno tendrá en vitrina este último? ¿Se ha conversado con Newmont?
Antes de hablar con las empresas, es importante definir las condiciones para que la inversión sea sostenible. Proyectos con historial negativo que han generado mucho rechazo en la población tienen que trabajarse adecuadamente. Este gobierno tiene todas las condiciones para generar esa tranquilidad, poder sentarnos a conversar con los actores locales y explicar por qué sí es importante un proyecto minero en el país, pero también darle la garantía de que va a hacerse con mecanismos actuales responsables.
No podemos decir qué proyecto no va, porque es negarle el desarrollo al país. Lo que tenemos que hacer como Poder Ejecutivo es generar esas condiciones sociales y el diálogo. Este gobierno es de puertas abiertas, no solo para las fotos, sino que conversa y genera las condiciones para los proyectos y las leyes. Eso es lo que está detrás de lo que mencionó el presidente.
-En el caso del Acuerdo Fiscal, indicó que antes de la quincena de enero se tendrá una estrategia más detallada. ¿Esto implicará observar leyes de exoneración tributaria?
No es un tema puntualmente que el MEF va a liderar. Vamos a remitir la información técnica de impacto económico, pero no solo es el impacto potencial tributario. Cuando uno evalúa una norma que impacta ampliando los salarios o el cambio de régimen, hay un costo social.
Yendo a otras medidas, que las llamo de fomento, hay exoneraciones para algunos sectores, pero tienes que exigirle metas y dejar claro que esas exoneraciones no son para siempre. Tienen que ser rediseñados algunos de los incentivos que se dan. Todos los países como el nuestro, en crecimiento, tuvieron sistemas similares que no generan asistencialismo. En esa línea, vamos a observar algunas de las normativas dadas. Sin embargo, la estrategia de constitucionalidad no la lideramos, sino el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el ministro de Justicia. Ellos en su momento harán el anuncio.
Sí coincido con lo que dijo el presidente Jerí en el acuerdo: el Estado peruano ha desatendido muchas demandas por años. En algún momento tenían que explotar y estamos en ese momento.
-¿Estas demandas se pueden atender y calmar?
Desde el primer día me he sentado no solo con gobiernos regionales, sino con sindicatos. Están años sin incrementos, no tienen ciertos bonos, tienen labores de riesgo. Sí se justificaría [la ayuda]. El diálogo ayuda a entender por qué lo piden y plantearles algo que, aunque sea, cumpla parcialmente con sus expectativas. Eso planteamos hacer.
Respecto al Acuerdo Fiscal, vamos a tener reuniones desde la primera semana de enero. Hicimos un cronograma de ocho semanas donde vamos a ir tocando las tres líneas de acción planteadas: medidas relacionadas a la sostenibilidad fiscal, a la eficiencia del gasto público y de ampliación de la base tributaria. Vamos a irnos reuniendo para tener un producto final hacia mayo, entre la primera y segunda vuelta.
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-¿Qué respuesta dio el Congreso al respecto? ¿Consideran que desde el Parlamento se perdió el respeto técnico al MEF?
Una señal muy importante de cómo lo tomó el Congreso fue la presencia de uno de sus vicepresidentes y del presidente de la Comisión de Economía. El que estén sentados y haber participado, escuchado a los exministros con toda la crítica, me pareció una señal de democracia, además de demostrar para qué sirve ese acuerdo: para escucharnos. Hay total predisposición del Congreso y los congresistas que asistieron firmaron el acuerdo y van a participar activamente.
No puedo decir si hubo falta o pérdida de respeto. Sí creo que hemos dejado de hablarnos con respeto todos. Confío en que los congresistas van a ayudar a buscar esos puntos medios y las salidas que también garanticen que cumplamos las expectativas de la población. Me parece importante lo que dijo el presidente de la Sociedad Nacional de Industria: el objetivo nunca puede ser el indicador macroeconómico. Eso es totalmente insensible, si tienes un ministro de Economía que va a matar solo por su indicador, no tienes a un buen ministro de Economía. Hay que cuidar el porcentaje, pero el objetivo final de todo servidor público es garantizar que los peruanos tengan una mejora de su calidad de vida.
El cumplimiento de la meta del déficit fiscal es un camino para eso. Hemos demostrado que eso nos da sostenibilidad, genera buena reputación en el extranjero; somos un destino atractivo para la inversión privada.
-Para este año el MEF podría llegar a cumplir la regla fiscal, de 2,2%. ¿Ven con dificultad que se cumpla hacia el 2026 con el gasto electoral?
En realidad es una meta demasiado exigente. Llegar al 2,2% este año fue bastante duro. En los dos meses que hemos estado inmediatamente dimos un decreto de urgencia y cortamos varios gastos en el gobierno nacional. Varios ministros tuvieron que reorganizar su ejecución de gasto y hace unas semanas jalamos lo que no está comprometido [en montos] para llegar a la meta. Imagínate el próximo año con 1,8%. Me permito criticar la meta.
Lo conversé con el Fondo Monetario Internacional cuando estuve de viceministra de Economía entre febrero y mayo. Diseñar una regla fiscal hace 20 años es pensar en un mundo distinto. Hay nuevas metodologías y estamos más alineados a los shocks que suelen tener los países en estas épocas. Sí creo que puede haber una oportunidad de repensar esa meta, y no porque sea difícil de cumplir. Las metas también tienen que estar en función a los ciclos económicos. Ahí hay una oportunidad de mejora. Igual el ministerio dejará en nuestra hoja de ruta todas las condiciones para poder cumplir o dejar orientado para que se cumpla el 1,8%. Está balanceado el marco macroeconómico en esa línea, pero siempre pueden haber imprevistos. Sí es importante que se haga una revisión.
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-Sobre el reglamento de APP y el de Obras por Impuesto, ¿cuánto podría elevarse la meta de adjudicaciones?
Las metas ya están pensadas, por lo menos en APP: para el próximo año vamos a tener una cartera de US$10.000 millones adjudicados, porque nos atrasamos este año, dado que hubo cinco meses de mucha indecisión en el ministerio. La meta de Proinversión está pensada con este reglamento, que esperamos se publique este martes o miércoles.
Respecto a Obras por Impuestos (OxI), su meta puede ser más alta. Están incorporándose servicios por impuestos y se permite un ‘fast track’.
Además, estamos haciendo la revisión de proyectos que el país se comprometió o anunció sobre la modalidad de gobierno a gobierno (G2G). Le ha permitido al país incorporar herramientas valiosas y te permiten celeridad en algunos casos, pero unos no son tan convenientes. Por ejemplo, no tienen un control de gastos.
-¿Cuáles no tienen este control de gastos?
Hay tipos de contratos NEC (New Engineering Contract) que no tienen topes de gasto. Ese es el peor incentivo.
-¿En qué proyectos?
En la cartera de la Autoridad Nacional de Infraestructura (Anin) hemos detectado 21 inversiones que registraron incrementos de hasta 239%. Eso me parece grave en un país con pocos recursos una alta brecha de infraestructura. Tenemos que ser eficientes. Actualmente la cartera de inversiones de la Anin son 183 proyectos por S/37.000 millones. Lo que hemos observado es un déficit estimado al cierre de 2025 de S/3.000 millones en deudas. ¿Cómo puedes ir avanzando una obra sin tener el presupuesto? Eso me parece increíble. Tenemos muchas empresas con valoraciones impagas. Desde esta gestión nos hemos comprometido en honrar esas obligaciones, pero es imposible hacerlo rápido. En estos meses emitimos dos decretos por poco más de S/500 millones y poco a poco vamos a ir financiando eso.
No podemos dejar que la bola de nieve siga creciendo. Hay contratos NEC que te piden un pago y si no lo cumples en determinado día, hay intereses por día de más de S/10.000, S/20.000, S/30.000 al día. Eso es demasiado lesivo para el Estado. Tenemos que usar responsablemente las herramientas y estamos sentándonos con los ministerios para reevaluar los proyectos anunciados por estas modalidades. Primero, porque no tienen presupuesto garantizado al 100% de la obra, sobre todo no lo tienen para garantizar la operación y mantenimiento.














