El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó este jueves el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2026-2029, documento de política económica que presenta las principales proyecciones locales y globales para el largo plazo. En él ratifican, por ejemplo, que la previsión de crecimiento para la economía este 2025 será de 3,5%.
No obstante, en el mismo documento y como parte de las previsiones publicadas, el MEF realiza una estimación de cuál es el costo económico de la inseguridad.
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“Según estimaciones del MEF, el costo económico que genera la inseguridad representaría alrededor de 1,7% del PBI de 2025 (equivalente a S/ 19.800 millones), de los cuales, el costo en el sector privado equivale a 1,2% del PBI (S/ 13.900 millones) y para el sector público asciende a 0,5% del PBI (S/5.900 millones)“, detalla el documento.
Según precisa el ministerio, para la parte pública, se tomó en cuenta el gasto en la partida presupuestal destinada a la “Reducción de delitos y faltas” que asciende a S/ 5.700 millones en 2024, equivalente a S/5.900 millones en 2025 (calculado con el índice relativo a partir de la división del PBI nominal 2025 entre el PBI nominal 2024), lo que representa un 0,5% del PBI de 2025.
En el caso del sector privado, el documento utiliza el gasto -según información de la Encuesta Económica Anual del INEI- que se destinó principalmente a sistemas de videovigilancia, alarmas electrónicas y controles de acceso, especialmente en las empresas de comercio y manufactura.
Otro detalle que apunta el MEF es que la inseguridad, medida a través de un indicador de la creciente criminalidad y homicidios, tiene un impacto negativo en la actividad económica. Para esto, usa un modelo desarrollado previamente por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Según el FMI (2023)134, en América Latina, un aumento en las tasas de homicidio (equivalente a una desviación estándar) reduce la tasa de crecimiento económico en 0,14 puntos porcentuales (p.p.). Asimismo, diversas investigaciones (Josten, 2003; Detotto y Otranto, 2010; entre otros) encuentran que el impacto promedio de un aumento de la tasa de homicidios podría reducir la tasa de crecimiento del PBI en 0,25 p.p. en un año“, indica.
En línea con ello, el MEF estima que con un incremento de la tasa de homicidios en Perú de 3,2%, variable usada como indicador de inseguridad, se habría restado a la tasa de crecimiento anual del PBI entre 0,4 y 0,8 puntos porcentuales en el 2024.
Desde el Instituto Peruano de Economía (IPE), Paola Herrera, economista senior, precisó que el costo de la inseguridad ciudadana estimado por el MEF equivale prácticamente a todo el presupuesto anual del sector Educación (S/ 19.700 millones) y supera a los presupuestos de sectores como Interior (S/ 13.300 millones) o Desarrollo e Inclusión Social (S/ 7.300 millones). Además, señaló que ese monto es comparable con la inversión ejecutada en Quellaveco (US$ 5.300 millones) o incluso tres veces la que demandaría Tía María (US$ 1.802 millones). La especialista destacó que, al incluir costos tanto para el sector privado como público, esta estimación refleja la magnitud del problema y la necesidad de políticas efectivas para contener la criminalidad.
Herrera añadió que, si bien la estimación del MEF recoge costos de los sectores público y privado, existen estudios que amplían aún más la magnitud. Recordó que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estimó que en 2022 la inseguridad en Perú costó más de S/ 30.000 millones, equivalente al 2,8% del PBI, y advirtió que esa cifra sería hoy mayor debido al incremento de la criminalidad y la expansión de economías ilegales.
Carlos Casas, profesor principal del Departamento Académico de Economía e Investigador del CIUP de la Universidad del Pacífico, indicó que esa cifra parece subestimada frente al impacto real. Explicó que la inseguridad afecta principalmente a la pequeña y mediana empresa, que enfrentan extorsiones y sobrecostos equivalentes a un “impuesto” informal por un servicio que debería brindar el Estado. Ese ambiente termina desincentivando la inversión y encareciendo bienes y servicios, trasladando el costo final a los consumidores.
Casas agregó que la normalización de estos costos ha derivado en una privatización de la seguridad, con efectos de largo plazo en el clima de negocios. Señaló que ya hay empresarios que optan por mudar o cerrar negocios por temor a la criminalidad, lo que resta dinamismo a la inversión.
El economista sostuvo que combatir este problema requiere mejorar la calidad del gasto público, pues la ineficiencia y la corrupción consumen hasta tres puntos del PBI según el BID. “Reducir esas fugas permitiría liberar recursos para seguridad ciudadana sin necesidad de subir impuestos”, afirmó. También recomendó ampliar la base tributaria y fiscalizar mejor actividades emergentes como apuestas online o plataformas digitales.
