MEF: “Esperamos que la próxima semana Proinversión pueda presentar el plan de promoción [de activos de Petro-Perú]”

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Sí, tenemos muchas condiciones para eso. Necesitamos identificar esos gatilladores que permitan que el crecimiento sea más alto, incentivando industrias que ya están con algunos pasos adelante. Los proyectos de infraestructura adjudicados en los tres últimos años son bastante importantes y ya están en una etapa donde, además de generar empleo, en algunos casos se puede ver la mejora, como en la reducción de tiempo en traslados y otros efectos que generan un impacto positivo.

De hecho, tenemos varios inversionistas que nos solicitan acelerar trámites y [lidiar con] la ‘permisología’, donde todavía nos falta avanzar más. Aún nos falta avanzar en la brecha de infraestructura, pero hemos dado bastantes pasos en los últimos años. Ahora lo que necesitamos es reducir esas trabas que impiden que la inversión privada se realice rápidamente […]. Un tema muy importante que queremos abordar es la generación de mediana y pequeña empresa, sobre todo industrial. El presidente está promoviendo y vamos a dejar un proyecto de ley, ojalá que se pueda aprobar dentro de nuestra gestión, que es la Ley de Industrialización. Si bien algunos economistas pueden considerar que “son más incentivos” y que “eso impacta la caja fiscal”, ¿qué va a impactar si eso todavía no ingresa? Tenemos que buscar un incentivo para que toda esa informalidad se vuelque en ingresos tributarios.

Nuestra presión tributaria este año está en aproximadamente 14,6%. Es baja respecto al promedio de la región, pero para nuestros estándares es un récord. Tenemos que hacer que eso sea más sostenido, no tanto reformando y creando más impuestos, sino logrando que más empresarios y más industriales se sumen a la economía. Mecanismos como este proyecto de Ley de Industrialización buscan sumar más actores que paguen impuestos y tener una caja más fuerte para poder atender las demandas de la sociedad.

– Durante su participación en el panel “La agenda de crecimiento: inversión, productividad y transformación productiva”, usted mencionó que este tipo de incentivos sean temporales y no permanentes.

Así es. Ese es el éxito de cualquier incentivo, nos hemos acostumbrado a dar incentivos de por vida. Por ejemplo, todos estos incentivos que están en la zona amazónica, zona que no hemos atendido en mucho tiempo, han fallado porque solo se da el incentivo. Hay que poner incentivos, metas y verificaciones de cumplimiento de esas metas para que los beneficiados puedan pasar al siguiente nivel: invertir ellos mismos y generar una empresa o industria de mayor aportación a la economía.

” Podríamos revisar el límite o dejar una hoja de ruta para que la siguiente gestión lo haga”.

– Volviendo a las condiciones favorables para gatillar la economía, ¿esto significa que harían una revisión al alza de las proyecciones en el próximo Marco Macroeconómico Multianual en febrero?

Sí. Nuestra proyección de ingresos, a pesar de que ha sido récord al cierre del 2025, está al alza. Sin embargo, la demanda de gasto también es bastante alta. Nuestra estrategia [con las normas con impacto fiscal que serían llevadas al Tribunal Constitucional] seguirá su camino, como lo ha anunciado el premier. Pero más que eso, lo importante es que este gobierno se caracteriza por un diálogo frontal. Estamos conversando con congresistas, con los mismos gremios sindicales y otros que están detrás de esas normas, para que entiendan que la norma per se, por más que esté aprobada y les genere un derecho, no genera dinero. Las leyes no crean dinero.

Si la ley fue aprobada sin que previamente se hayan determinado las fuentes de ingresos constantes que sustentan gastos constantes, no va a ser efectivamente aplicable. Eso lo he conversado con varios sindicatos y lo están entendiendo. Estamos yendo hacia un espacio de búsqueda de una solución técnica que permita la atención gradual de esas demandas, pero no al nivel esperado inicialmente, porque eso impactaría nuestra economía y haría que perdiéramos velocidad en la generación de mayor crecimiento económico.

– Mencionó en RPP que estaban identificando algunas leyes con alto impacto fiscal que llevarían ante el Tribunal Constitucional (TC), ¿cuáles serían estas?

Más que identificar una lista de leyes, el tema es el tipo de norma y cómo ha sido aprobada, porque el TC evalúa si la ley aprobada cumple con lo que establece la Constitución. Nuestra Constitución es bastante clara: los gastos constantes tienen que corresponder a fuentes de ingresos constantes. Eso es lo que está detrás. Hay varias normas en ese caso [que son contrarias a eso]. Particularmente no estoy tan cercana a la estrategia: nos han pedido información, pero [la demanda ante el TC] es una estrategia legal que seguro el ‘premier’ [Ernesto Álvarez] en su momento va a comentar.

Nosotros estamos yendo por las normas más grandes, las que aprobaron beneficios sociales para una gran cantidad de trabajadores, y tratando de cautelar con qué ingresos se van a financiar. Ayer [martes], por ejemplo, estuve con el Consejo de la Confederación de Empleados Estatales. También me he reunido con otros gremios sectoriales de salud y educación. Ellos entienden que la ley les da un derecho, pero que su aplicación es impráctica. Están totalmente abiertos —y eso lo valoro mucho— a buscar una salida y dejar de ejercer la presión para que la implementación sea inmediata, porque se han dado cuenta de que no es que no queramos financiar las leyes, sino que no se previó inicialmente el presupuesto para eso.

– En ese sentido, para este 2026 la meta tope de déficit fiscal es de 1,8%. Indicó en diciembre a El Comercio que se podía repensar esta cifra. ¿Se ha avanzado algo al respecto?

Sí. Lo reitero: las condiciones macroeconómicas que tenemos nos han dado la fortaleza para poder ver la estrategia de cómo revisar el límite de 1,8%, porque no puede ser tu objetivo como país simplemente cumplir una regla fiscal. La regla fiscal es un buen indicador y nos ha respaldado en ser un destino muy atractivo para la inversión. Eso se ve claramente no solo en inversión público‑privada, sino en inversiones como el Puerto de Chancay y muchos otros lugares donde ha llegado capital. Pero creemos que debemos seguir siendo potentes para generar esas condiciones. Con el nivel de brecha de infraestructura que tenemos, va a ser difícil alcanzar una meta de ese tipo. Consideramos que hemos hecho un buen trabajo y nos estamos ajustando con medidas de eficiencia del gasto. Creemos que sí podría revisarse ese límite o, por lo menos, dejar la hoja de ruta para que la siguiente gestión lo revise. Es necesario, porque no solo hay una necesidad de financiar la infraestructura pública y público‑privada, sino también las demandas sociales que requiere la población. Este año, además, es complejo: tenemos elecciones y varias otras obligaciones que cumplir.

– ¿Cómo cuáles?

El tema de seguridad ciudadana, por ejemplo, no puede estar limitado a la asignación regular del presupuesto. Se necesitan medidas rápidas. Hoy se ha hecho un operativo muy importante en Pataz y, para eso, coordinamos previamente con los ministros, se les dio una asignación específica y están desarrollando esas actividades. En esa misma línea hay que ir a otros lugares donde se está minando nuestra economía, como la Rinconada en Puno, la selva o el Vraem, territorios que no estamos atendiendo y que con una inyección adicional podrían ayudarse. Eso no va a pasar si siempre tenemos recursos restringidos. Hay que buscar un equilibrio. La responsabilidad fiscal es la base de un crecimiento sostenido, pero también se necesita margen para atender toda la demanda de financiamiento vinculada al crecimiento económico. Gastar en infraestructura […] es una inversión para mover la economía local.

“Solo en el 2025 se han pagado más de US$1.000 millones por garantías de préstamos a Petro-Perú”

– En tal caso, esta idea de elevar la regla fiscal, ¿la presentarían como proyecto de ley o será una decisión del siguiente gobierno?

El año pasado tuvimos esa conversación con el Fondo Monetario, vino una misión. Ya hemos revisado el procedimiento y cuál es el mejor momento para hacerlo. Estamos en un cambio electoral y es entendible que tenga más respaldo si lo aprueba un gobierno que recién entra. Todavía no hemos decidido; por lo menos como proyecto lo podemos dejar, aunque la aprobación no depende de nosotros.

Estamos seguros de que es necesario [elevar la regla fiscal]. Tenemos el acuerdo fiscal. Más o menos hacia mayo deberíamos tener esas medidas listas y conversadas, por lo menos con los dos candidatos que pasen a segunda vuelta, para ver cuál es su disposición o respaldo a esa medida y a otras que estarán en las recomendaciones. Si se logra el consenso, avanzamos, porque el país no tiene tiempo que perder.

– Respecto a Petro-Perú, Proinversión anunció la elección de Deloitte para la reorganización patrimonial de la estatal petrolera. La decisión ha generado opiniones divididas. ¿Qué pasos continuarán tras su selección?

Le pedí a Proinversión que transparente la información que tiene, pero quizá hay que comunicarla más. No es cierto eso que haya sido “a dedo” [la elección]; hay un procedimiento aprobado y están cumpliendo toda la normativa. Tampoco es correcto decir que Deloitte haya sido PMO de la implementación de la refinería. Ellos van a exponer con una línea de tiempo los momentos en que, efectivamente, Deloitte intervino, pero no es que haya sido responsable de todo el proceso. Hay mucha crítica a una decisión en la que no vamos a retroceder, porque creemos que estamos salvaguardando los intereses de todos los peruanos, no solo de algunos. Vamos a continuar. El siguiente paso, y esperamos que la próxima semana Proinversión pueda presentarlo, es el plan de promoción. La idea es ver cuáles son los bloques patrimoniales que se han identificado, cuál es la hoja de ruta para cada uno, y qué herramientas se usarán para promoverlos.

– Existen propuestas legislativas para impedir esta reestructuración. ¿Cómo afectaría el proceso para reflotar Petro-Perú?

Los congresistas y todos los que tengan iniciativa legislativa pueden proponer las normas que quieran, pero deben de estar sustentadas y debe analizarse su impacto. El decreto de urgencia era la única medida posible al momento en el que lo emitimos. Si no lo hacíamos, perdíamos la empresa. Ya teníamos una demanda concursal presentada que hemos logrado que se retire gracias al decreto de urgencia, porque la empresa a la que Petro-Perú le debe considera que esa es la primera medida de disciplina seria que el país tomó para salvar a la compañía. De la misma manera, los bonistas y los bancos que tradicionalmente daban líneas de crédito a Petro-Perú nos dijeron que la estatal ya no es sujeto de crédito de ninguna forma, y que la única posibilidad era que el Estado peruano avale. Eso no lo íbamos a permitir, porque no podíamos aceptar que el Estado siga gastando en avalar o financiar esos préstamos. Solo en el 2025 se han pagado más de US$1.000 millones por garantías de préstamos [a Petro-Perú] en los que el país fue aval. Esos son US$1.000 millones menos para la población: menos hospitales, menos salud, menos colegios, entre otros.

Las medidas están y que sigan su camino; nosotros estaremos para sustentar por qué sería un retroceso, y no solo un retroceso, sino el fin de Petro-Perú.