Erick García, exdirector de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), y Fernando de la Torre, exgerente corporativo de Finanzas de Petro-Perú, coincidieron en que este paquete de propuestas no van a mover la aguja financiera de la estatal petrolera, pero contribuye a recuperar la credibilidad perdida por Petro-Perú en los últimos años, así como mejora la imagen interna y externa de la compañía pública, respectivamente.
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Como lo dijo Oliver Stark, presidente del directorio de Petro-Perú, a El Comercio en la edición del martes, falta que la Junta General de Accionistas, compuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Minem, acompañen estas propuestas.
Este Diario consultó sobre el tema al ambos ministerios, pero señalaron que los titulares de estos dos sectores se encontraban de viaje en Asia.
Stark indicó a Canal N que habría una respuesta de los accionistas muy pronto. Añadió que esta es la primera fase de un plan de reestructuración que durará hasta el 2025, lo que vendrá acompañado de algunas facilidades que otorgue el MEF conforme cumplan con determinados indicadores.
Trabajadores
Alfredo Thorne, exministro de Economía, también consideró relevante que se busque reducir los costos para frenar las pérdidas operativas que tiene la empresa. Sin embargo, sostuvo que estas medidas deben de ir acompañadas de una ley que provenga del Congreso para que avale el proceso de reestructuración. Ello no se lograría si esta iniciativa proviene solo desde el Ministerio de Economía (MEF) o desde el Minem.
Esta norma permitiría la reducción de costos y la limitación de injerencia que puede tener el sindicato de trabajadores de Petro-Perú en las decisiones de la compañía, explicó. “La única manera que enfrenten eso es con un mandato bastante fuerte que tiene que venir del Congreso”, acotó.
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Justamente, Carlos Paredes, expresidente del directorio de Petro-Perú, indicó en Canal N que los directores de la corporación estatal pueden tomar decisiones y plasmarlas en actas, pero que estas no se llegan a ejecutar en varias ocasiones por parte de las gerencias y de los trabajadores de la empresa de hidrocarburos, debido a que van en contra de sus intereses.
De La Torre también sostuvo que necesitaría una ley que declare a Petro-Perú en reestructuración y se suspendan los convenios sindicales. Esto sería con el objetivo de que sea eficaz y eficiente el traslado del personal de Lima a Talara.
En ese sentido, indicó que la propuesta del directorio afronta una problemática como es el acuerdo laboral por negociación colectiva entre la estatal y los trabajadores, donde se establece que el traslado a otra sede de forma geográfica también conlleva cumplir con los gastos de la mudanza y de manutención, que son mayores si el trabajador tiene una familia. Además, la empresa tiene que pagar una bonificación permanente al empleado por trabajar en una localidad distinta, añadió.
Stark sostuvo que entre enero y para marzo de 2025 está programado el traslado total del personal a Talara.
Por su parte, García apuntó a que también se debe pedir la salida del representante de los trabajadores en el directorio de Petro-Perú. También consideró que se tienen que sincerar los sueldos de los directores para que sean acordes al mercado y que sean acompañados pro metas de cumplimiento.
¿Una nueva inyección económica?
Como dijo Stark en El Comercio, la primera medida del directorio es contratar a una empresa reestructuradora para Petro-Perú, lo que implica el manejo de la compañía pública. A Canal N, sostuvo que se ha conversado con dos empresas sobre este tema. Al respecto, Alejandro Indacochea, analista económico y político, sostuvo que se le debe dar independencia de manejo a la empresa reestructuradora para la realización de propuestas y toma de acciones pertinentes, sin estar bajo condiciones políticas.
El manejo de un gestor privado también implicaría una inyección económica. Thorne explicó que cualquier empresa que haga esta administración solicitará la transparencia de cuentas de Petro-Perú. Esto conllevará, además, el ingreso de capital estatal para que el gestor privado pueda manejar a Petro-Perú con el monto que sea necesario.
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“No hay un privado que entre a una empresa donde no pueda controlar sus gastos y honrar su deuda. El directorio ahí está pasando la responsabilidad a una teoría de que un [gestor] privado va a manejar esto cuando no hay ninguno que lo vaya a hacer en esas condiciones”, expresó.
Y es que, para De La Torre, el problema principal que ha tenido Petro-Perú ha sido el desvío de recursos de corto plazo para financiar los costos de la Refinería de Talara, lo que se ha dado previo al plan presentado. Ello ha llevado a que esta empresa tenga a marzo un déficit de capital de trabajo por US$2.820 millones, añadió.
Por ello, consideró que se deben de separar los flujos de caja de corto plazo a través de un fideicomiso de flujos.
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En tanto, Paredes consideró que habría necesidad de una inyección de dinero para Petro-Perú, pero en la medida que exista un plan en ejecución y que muestre a la empresa estatal de que está encaminada a incorporar una gestión privada y capital privado que evite el despilfarro de dinero.
Por otro lado, Thorne consideró que la venta de activos no esenciales no alcanzarían para financiar las pérdidas que puede tener la empresa en un año.
Asimismo, por las cifras que tiene Petro-Perú actualmente, estas medidas no revertirían la calificación crediticia de la estatal petrolera, sostuvo De La Torre.
Además…
Propuestas
Fernando de la Torres señaló que el Estado debe hacer explícito su aval hacia Petro-Perú para el pago de deudas. Con ello, el país tendría que buscar a entidades financieras para ofrecer la deuda de corto plazo de la empresa pública. Para el caso de las obligaciones de largo plazo, esta las debería de tratar con los acreedores.
Por su parte, Alejandro Indacochea consideró que debería de haber una Junta de Acreedores para que entre a manejar Petro-Perú y se entre en proceso de liquidación. Añadió que esta junta podría levantar los activos que tiene la empresa pública como garantías para liquidarlos.
Por otro lado, Erick García consideró que la auditoría forense por la Refinería de Talara debe ir acompañada de medidas correctivas para que no se repitan malas gestiones.
