Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
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La Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (SOPEMI) expresó su “preocupación” ante la convocatoria y designación de médicos no intensivistas para laborar en UCI (Unidad de Cuidados Intensivos), advirtiendo que esta práctica vulnera normas técnicas obligatorias y pone en grave riesgo la vida de los pacientes críticos.
La Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (SOPEMI) expresó su “preocupación” ante la convocatoria y designación de médicos no intensivistas para laborar en UCI (Unidad de Cuidados Intensivos), advirtiendo que esta práctica vulnera normas técnicas obligatorias y pone en grave riesgo la vida de los pacientes críticos.
Según el gremio, las UCI representan el máximo nivel de complejidad asistencial del sistema de salud y requieren atención altamente especializada, no equiparable al ejercicio de la medicina general ni de otras especialidades.
SOPEMI recuerdó que la Norma Técnica aprobada en 2005 establecía de manera expresa que estos servicios debían estar a cargo de médicos con especialidad registrada en Medicina Intensiva, requisito que ahora queda sin sustento técnico tras la derogatoria impulsada por el Ministerio de Salud (MINSA).
La aprobación de la Resolución Ministerial N° 115-2026/MINSA, publicada el 11 de febrero dispone en su articulado dejar sin efecto la RM 489-2005 y la RM 161-2020.
La sociedad científica advierte que permitir que médicos sin dicha especialización asuman funciones en cuidados intensivos no solo infringe normas del sector salud, sino que también vulnera la Constitución y la Ley General de Salud, que garantizan el derecho a una atención con estándares de calidad y prohíben actos que generen peligro para la salud de las personas.
Comunicado de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva.
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Comunicado de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva.
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Además, el pronunciamiento alerta sobre posibles consecuencias penales por intrusismo profesional, al configurarse —según cada caso— delitos como el ejercicio ilegal de la profesión y el ejercicio ilegal de la medicina, especialmente graves en contextos donde la vida del paciente está en riesgo permanente, como ocurre en las UCI.
SOPEMI también señala que las autoridades y funcionarios que autoricen o mantengan estas designaciones podrían incurrir en responsabilidades administrativas y funcionales, al incumplir normas técnicas obligatorias, sin que puedan justificarse por falta de personal o criterios presupuestales.
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