La declaración, según informaron a El Comercio fuentes vinculadas al caso, se dio luego de que el juzgado supremo ordenó el levantamiento del secreto profesional médico de la Clínica Cabani y autorizó el deslacrado de la documentación.
La mandataria, como se recuerda, es investigada por los presuntos delitos de omisión de funciones y aprovechamiento indebido del cargo.
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Según narraron las fuentes a El Comercio, el martes 28 de abril la Fiscalía de la Nación realizó el deslacrado de los documentos y fichas médicas vinculadas a la intervención a la que se sometió Boluarte Zegarra, que en su momento fueron entregadas por la Clínica Cabani por orden judicial.
Al día siguiente, 29 de abril, se llevó a cabo la declaración del cirujano Mario Cabani y del otorrinolaringólogo Javier Sánchez E-Ingunza. El primero brindó una declaración detallada por más de seis horas, mientras que el segundo brindó su testimonio por más de tres horas.
Las próximas declaraciones de las enfermeras y asistentes Nely Ramos, Nely Alhuay, Vicky Castillo, y Reina Palomino, fueron programadas para el 6 y 7 de mayo.
De acuerdo a las fuentes, en su declaración, Cabani precisó que la clínica solo hace procedimientos estéticos.
Por tanto, la rinoplastía a la que se sometió la mandataria fue “estética”, que implicó un análisis “funcional”.
Así también, en la declaración, el médico precisó qué tipo de sedación se le aplicó a la mandataria, qué fármaco se usó, el tiempo de duración de la intervención, la recuperación y el reposo.
Respecto al descanso médico, las fuentes señalaron que no se otorgó descanso médico, porque al ser un tema personal, legalmente no fue requerido por la paciente; no obstante estuvo internada por dos días.
También aseveraron que la fiscalía, tras el deslacrado procedió a devolver la ficha médica de la mandataria a la clínica, luego de hacer las copias certificadas respectivas.
Finalmente, las fuentes confirmaron que la presidenta Boluarte, semanas atras envió $4,500 dólares para pagar la cirugía que adeudaba a la clínica desde el 2023, información que fue dada a conocer por Hildebrandt en sus Trece.
No obstante, precisaron que, de acuerdo a la versión, fue la clínica la que contrató el procedimiento médico con la mandataria y en el 2023 hubo un “no pago” por parte de jefa de Estado y fue por ello que la empresa cursó los requerimientos de adeudo.
Este Diario buscó la versión de Juan Carlos Portugal, abogado de Boluarte Zegarra, pero indicó que se encontraba ocupado.
Informe elevado a la fiscalía de la Nación
De otro lado, las ramificaciones de los presuntos favorecimientos que se habrían dado a terceras personas por la cirugía practicada a la presidenta Dina Boluarte en la Clínica Cabani, vienen siendo investigados por el Ministerio Público.
Esta vez, tras realizar pesquisas previas, la Fiscalía Anticorrupción remitió un informe a la Fiscalía de la Nación a fin de que esta analice la información sobre la designación de María Elena Aguilar como presidenta ejecutiva de Essalud, según la disposición fiscal a la que accedió El Comercio
En el mismo documento, dispuso abrir y declarar compleja una investigación seguida a Dante García Aguilar, hijo de la exjefa de Essalud, por el presunto delito de colusión agravada y por el plazo de ocho meses.
Ello, como consecuencia de un indebido beneficio con contratos con el Estado, debido a los vínculos de su madre con el gobierno.
Como se recuerda, Aguilar del Águila ha sido vinculada a la cirugía practicada a la mandataria a fines de junio del 2023. Y, según declaraciones de testigos, como la exsecretaria presidencial Patricia Muriano, la exjefa de Essalud habría acudido a la Clínica Cabani el día de la intervención.
La médico de profesión reconoció además que laboró esporádicamente para la referida clínica a pedido del médico Mario Cabani.
En octubre del 2023, Aguilar fue nombrada como presidenta ejecutiva de Essalud a través de la Resolución Suprema N° 024-2023-TR, firmada por Dina Boluarte y el ministro de Trabajo, Daniel Maurate.
Por ello, al no ser de su competencia, el último 25 de marzo, la fiscalía anticorrupción dispuso derivarlo a la Fiscalía de la Nación puesto que el hecho implicaba a funcionarios aforados.
“Estando a que la contratación de la ciudadana María Elena Aguilar Del Águila como Presidente Ejecutiva de EsSalud fue por decisión de dos funcionarios aforados, no corresponde a esta Fiscalia Provincial continuar con actas de investigación sobre este extremo. Debiendo oficiarse a la Fiscalía de la Nación con el respectivo informe.”
Contratos pese a incumplimiento de requisito
La fiscalía dispuso la complejidad del caso por el plazo de ocho meses, señalando diversas diligencias a realizarse para esclarecer el caso.
De acuerdo a la documentación, García Aguilar habría sido contactado, entre mayo y junio del 2024, por funcionarios del Proyecto Especial Legado a fin de que participe como locador de servicios para el “Monitoreo operacional soporte y gestión administrativo de talleres deportivos y las actividades desarrolladas por las Federaciones Deportivas Nacionales y otros entidades públicas o privadas en los sedes del Proyecto Especial Legado”.
Según la fiscalía, el hijo de la exjefa de Essalud obtuvo dos órdenes de servicio: 1039-2024 por nueve mil soles y 1535-2024 por tres mil soles. Esto, pese a que entre los requisitos de la convocatoria se exigía que los participantes acrediten haber “ participado en un evento internacional deportivo y presentar la constancia”.
Sin embargo, García Aguilar no lo presentó en ninguno de los dos casos.
Sumado a ello, se indica que en el primer contrato por servicios, previsto para mayo y junio del 2024, pese a que debía entregar tres informes para los que fue contratado, solo presentó dos y anunció, unilateralmente que ya no continuaría.
Los funcionarios del Proyecto Legado concluyeron que, pese a quello, no acarreaba perjuicio o sanción alguna.
Sin embargo, volvieron a invitarlo a una nueva convocatoria a fines de mayo del 2024 y el beneficiado aceptó.
Los hechos fueron dados a conocer por el programa Panorama, ante lo cual el Ministerio Público dispuso recabar información sobre dichos procesos.
Así, el último 25 de marzo, en su disposición, la fiscalía anticorrupción indicó que de lo analizado previamente se desprenderían indicios de “irregularidades” en la contratación del hijo de la expresidenta de Essalud.
“De la recabado, se observa irregularidades en la contratación y ejecución del mismo, a favor del particular Dante Gabriel García Aguilar que se habría coludido con el funcionario Franco Iván Loza Zamudio-Jefe de la Subunidad de Servicios para Preparación y Competencias, y también con la servidora Estrella Esmeralda Floreano Bringas-Especialista en Contrataciones de la Subunidad de Abastecimiento de la Unidad de Administración, toda vez que estos empleados públicos habrían concertado con el particular para permitir que se presente para la Orden de Servicio N° 1039-2024, a pesar que éste no cumplía con la totalidad de los requisitos exigibles, permitiéndole el funcionario que no cumpliera con las exigencias de dicha Orden de Servicio, Repicando ambos empleados públicas la indebida contratación de este mismo particular en la posterior Orden de Servicio N° 1535-2024, a pesar de su incumplimiento con la anterior orden.”
Tras abrir investigación, la fiscalía dispuso requerir al Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Centro, el levantamiento del secreto de comunicaciones y bancario de Franco Iván Loza Zamudio, Estrella Esmeralda Floreano Bringas Y Dante Gabriel García Aguilar, de febrero a julio de 2024.
Además, requerió a Migraciones el registro de movimiento migratorio de los tres investigados. Y, se programó que los imputados rindan sus declaraciones el 7 de mayo.
Este Diario buscó la versión de García Aguilar y de la exjefa de Essalud, María Elena Aguilar, pero hasta el cierre de este informe no se pronunciaron. Fuentes allegadas a ambos señalaron que recién habían sido notificados y estaban revisando el caso.
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