Ayer, en Puente Piedra, Elizabeth y un gran número de trabajadores del sector de transporte público se movilizaron desde las 6:00 a.m. por la carretera Panamericana Norte pidiendo acciones inmediatas por parte del Estado para contrarrestar las extorsiones que los afectan. Esta medida generó que se paralice la ciudad: el 95% de los colegios públicos de la capital suspendieron las clases presenciales, universidades anunciaron reprogramación de clases, varios negocios no abrieron y muchos trabajadores no pudieron llegar a tiempo a sus centros de labores por falta de medios.
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Según Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, 9 millones de viajes se cancelaron, lo que provocó la afectación a aproximadamente 4 millones de personas en solo un día. En esa línea, la Asociación Automotriz del Perú (AAP), informó que la reciente paralización de transportistas en la capital podría generar pérdidas que alcanzarían los S/230.44 millones diarios.
En otros puntos de la capital, como Puente Nuevo, Villa El Salvador, Huaycán, Santa Anita, Ventanilla y Los Olivos, también hubo concentración de personas, aunque en menor número. El paro total de 33 empresas de transporte público en Lima generó que muchos ciudadanos recurran a los servicios colectivos informales y de camiones que circulaban por las vías y abrían sus puertas para movilizar a la población. La Policía Nacional del Perú, por su parte, brindó movilidad con sus buses en 13 sectores de Lima para los pasajeros que necesitaban trasladarse.
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Los protestantes de Puente Piedra iniciaron su recorrido desde el Óvalo Zapallal hasta los exteriores del Congreso de la República. Ahí llegaron con un muñeco de una rata que iba vestida con los delitos que les afectan, como el sicariato y la extorsión. Los reclamos continuaron. “Nosotros no podemos estar seguros en nuestros carros, en la calle ni en nuestras casas. Tres de nuestros compañeros han sido asesinados. El peligro está por todos lados y nos están cobrando para dejarnos vivir…trabajar. Queremos seguridad. Es la primera vez que afrontamos esta crisis”, declaró un trabajador de la empresa Vipusa a El Comercio.
Además de la llamativa rata, al menos tres gigantografías con los rostros de los trabajadores asesinados fueron alzados por las personas que protestaban en los exteriores del parlamento. Sus fotos eran adornadas con un color celeste en el fondo. En algunas se podía leer “justicia”, como una reafirmación a lo que exigían los demás presentes. “No hay día que haya paz en la Panamericana Norte. Siempre balean, asaltan, extorsionan, asesinan. Solo queremos tener seguridad para trabajar con normalidad en el transporte público. Que intervenga la policía”, expresó un protestante que estaba detrás de una de ellas, sosteniéndola.
Mientras los transportistas en los exteriores buscaban más megáfonos y parlantes para la expresar sus reclamos, al interior del Congreso el presidente de Asociación Nacional de Transportistas (ANITRA), Martín Valeriano, junto a otros voceros del gremio empresarial, participaron de una mesa de diálogo con el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, y la primera vicepresidenta, Patricia Juárez. Ahí, Valeriano se quebró declarando sobre la inacción del Estado frente a la crisis de inseguridad ciudadana. “Siento una indignación por este gobierno que no se preocupa por atender a la población que se desangra”, dijo.
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Juárez, por su parte, indicó que la criminalidad aparentemente ha rebalsado al Estado y como consecuencia de ello se generó el paro de transportistas. Si bien avaló la medida, también rechazó los actos de violencia. Asimismo, solicitó la declaratoria de estado de emergencia en Lima. “Creemos que las medidas de fuerza efectivamente es un grito desesperado del transporte, pero también creemos que tiene que hacerse en paz”, dijo.
Al promediar el mediodía, los dirigentes se retiraron del parlamento y comunicaron que levantaban el paro. No obstante, dejaron en claro que la medida no se generó por algún tipo de acuerdo, sino porque necesitaban trabajar. “Nosotros vivimos del día a día, de sol a sol. Si no trabajamos no tenemos que comer”, dijo uno.
Como respuesta al paro, la tarde de ayer durante una conferencia organizada por la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), oficializada por Gustavo Adrianzén, el ministro del Interior Juan José Santiváñez, el ministro de Educación, Morgan Quero; el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez; el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, David Ojeda y el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Zanabria; se declaró en emergencia a 11 distritos de la capital Y 1 del Callao durante 60 días calendario.
Estos son: Ate, Villa El Salvador, Ancón, Puente Piedra, Comas, Carabayllo, Independencia, San Martín de Porres, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, Lurigancho-Chosica y Ventanilla. Al cierre de esta edición no se tenían detalles sobre las limitaciones de la medida tomada.
Sobre la medida, el exministro del Interior Rubén Vargas expresó su desacuerdo. “No entendieron nada. Hay un desborde de organizaciones criminales. La principal arma de combate es la inteligencia y el trabajo en equipo con fiscalías. Este gobierno destruyó a ambas cosas. Necesitamos leyes duras, pero el congreso aprueba leyes procrimen”, dijo.
Asimismo, se indicó que policías abordarán buses vestidos de civil o uniformados para brindar seguridad y que se remitirá al Congreso un proyecto de ley para el aumento a cadena perpetua por delitos de extorsión y sicariato. Además, se planteará la creación de una procuraduría de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para agilizar las denuncias de los transportistas.
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El Ministerio Público anunció, este último jueves 26, que personal fiscal y administrativo de cuatro fiscalías especializadas supraprovinciales trabajarán en conjunto con el Grupo Operativo de Respuesta contra la Extorsión (Gorex) de la Policía Nacional (PNP). Este último, está en proceso de constitución con efectivos que laboran en la Dirección de Investigación Criminal.
Es preciso resaltar que el anuncio se dio solo unas horas después de que el Ministerio de Interior solicitara la creación de una Fiscalía Especializada en Extorsión para que colabore con el Gorex, pedido que fue rechazado por el fiscal coordinador contra el Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina. Este último declaró ante Canal N que no es necesaria la creación de la fiscalía mencionada porque en el país se cuenta con todo un equipo contra el crimen organizado que trabaja desde el año 2007.
Las reacciones sobre las extorsiones se generaron luego de que en un mes se registraran 15 atentados contra 11 empresas de transporte público en nueve distritos de la capital que dejaron como saldo a tres personas fallecidas y a varias heridas. Los transportistas consultados por este Diario no descartaron volver a acatar la medida de paro total si es que no ven acciones por parte de las autoridades, pues temen que solo sean promesas en papel.
