Gremios empresariales volvieron a proponer una auditoría de los sistemas y procesos informáticos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Además, señalaron que los resultados de este procedimiento deberían hacerse públicos antes de la proclamación oficial de la primera vuelta.
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Finalmente, propusieron que el traslado del material electoral sea asumido por personal de las Fuerza Armadas del Perú para “evitar cualquier riesgo de manipulación externa de los votos”.
El comunicado está suscrito por la Asociación de Exportadores (ADEX), la Asociación Automotriz del Perú, la Sociedad Nacional de Industrias, la Cámara de Comercio de Lima, la Asociación Peruana de Panadería y Pastelería, UGTRANM PERÚ, Perucámaras, la Cámara Nacional de Turismo del Perú, la Plataforma Nacional de Gremios Mipymes, GTL Perú & América y GRETCAPP.
JNE mantiene hermetismo sobre auditoría
En tanto, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) mantiene hermetismo sobre su anunciada auditoría y el Comité Académico de Expertos que la acompañará.
Gunther Gonzáles, integrante del pleno del JNE, afirmó que los resultados de la auditoría no son una condición para la proclamación de la primera vuelta, debido que es un proceso que siempre se realiza en paralelo.
“Se realiza antes, durante y después. En su momento, teniendo en cuenta los resultados, se evaluará una decisión , pero el cronograma sigue, sin negar que el resultado de la auditoría pueda tener alguna implicancia”, aseveró en declaraciones a Exitosa.
Sobre el comité de expertos, Gonzáles señaló que estará integrado por personas “con prestigio” y sin relación con las agrupaciones políticas. Adelantó que su organismo electoral dará a conocer los nombres en las próximas horas. “Ellos tienen que establecer el plan de trabajo y el tiempo que les va a demorar”, acotó.
Minutos antes, Gonzáles indicó que los resultados de la primera vuelta deberían conocerse la próxima semana, de acuerdo con el cronograma electoral. Ello, luego de resolver todos los reclamos y recursos presentados.
El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas señaló en la Comisión de Constitución del Congreso que sus sistemas ya fueron sometidos a una auditoría que duró 168 días. Esta se llevó a cabo desde noviembre del 2025 y fue realizada por la empresa M&T International.
Además, expresó sus reparos ante la propuesta de Renovación Popular de someter a sus sistemas a una auditoría internacional.
Opiniones
En diálogo con El Comercio, los expertos en derecho electoral Fernando Rodríguez Patrón y Enzo Elguera y el especialista en tecnología Erick Iriarte se mostraron a favor del pedido de los gremios y afirmaron que es necesario que el JNE brinde los detalles sobre su anunciada auditoría.
No obstante, tuvieron posturas contrarias con respecto a la proclamación de los resultados de la primera vuelta y la salida de los funcionarios de la ONPE.
Rodríguez Patrón opinó que “no podrían proclamarse los resultados de la primera vuelta sino se tiene previamente los resultados de la auditoría”.
“Porque es lógico, ¿qué hubiese pasado o qué pasaría si se proclaman los resultados de quienes van a la segunda vuelta y la auditoría refleja que han habido serios problemas que podían haber alterado los resultados electorales?”, cuestionó.
El experto opinó que lo ideal sería que la auditoría sea realizada por una empresa internacional; sin embargo, indicó que existen dudas sobre si los organismos electorales tienen el dinero para financiar este procedimiento.
Bajo la mirada de Rodríguez Patrón, más allá de las dudas del presupuesto o sobre quién realizará la auditoría, lo importante es que se lleve a cabo con la participación de los partidos interesados.
El exdirector del Registro de Organizaciones Políticas está de acuerdo con la salida de Pachas y el resto de funcionarios implicados, pero cuando concluya este proceso. “Para las elecciones regionales y municipales tendrían que estar otros”, remarcó.
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Para Elguera “no es viable” que no se proclamen los resultados por una situación de “temporalidad”. En ese sentido, subrayó que el cronograma electoral es inalterable. “En el hipotético caso de tratar de llevar eso [a cabo], se tendrían que cambiar muchas cosas, lo cual debilitaría a la institucionalidad electoral”, declaró a Tenemos que Hablar, el podcast de El Comercio.
El especialista señaló que tanto Renovación Popular como los gremios pueden pedir auditorías, pero en cuestión a temporalidad, los resultados se conocerían luego del cronograma electoral.
Elguera expresó su preocupación por la falta detalles sobre cómo se realizará la auditoría anunciada por el JNE.
Por otro lado, se mostró en contra de retirar a la plana de la ONPE, cuando falta un mes para la segunda vuelta. “El remedio podría ser peor que la enfermedad. Estamos hablando de funcionarios que saben que tienen algún grado de responsabilidad, que se probará en las investigaciones, y obviamente se van a tener que esforzar en hacer esto lo más impecable posible y demostrar su idoneidad en el cargo”, dijo.
“¿Qué pasa si [el nuevo personal] no tiene la más mínima experiencia y la segunda vuelta termina siendo más desastrosa?”, reiteró.
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A su turno, Iriarte subrayó que la auditoría debió realizarse antes del 12 de abril y que, ahora, un nuevo procedimiento dependerá de que la ONPE haga llegar, entregue y facilite a los auditores la información, así como las conclusiones de la auditoría a la que se sometió en noviembre y otros documentos.
No obstante, precisó que una auditoría “no determina si hubo ilícitos” sino “brinda información técnica que se puede utilizar como instrumento, sea para análisis jurídico o político, teniendo enfoques diferentes del resultado que pueda generarse”.
En cuanto a los plazos, Iriarte señaló que eso dependerá del comité de expertos convocados por el JNE. “Se tiene que señalar cuál es el alcance de la auditoría, el marco en el que funcionará y otros detalles como el presupuesto y los plazos. En estos momentos todo está en la cancha del JNE y que establezca su comité asesor que dará la pauta sobre cómo será la auditoría”, remarcó.
Iriarte explicó que “hay diversas técnicas de auditoría que se pueden aplicar en paralelo y no afectan los sistemas de la ONPE”. En ese sentido, calificó de “inconsistentes” los reparos expresados por Pachas ante la Comisión de Constitución.
