El secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla, ocurrido durante la madrugada del domingo 30 de agosto, y su reciente liberación, un día después, en la ciudad de Trujillo, han conmocionado a la ciudadanía. Se trata de un episodio más de la inseguridad que vive el Perú, pero a una mayor escala: el empresario fue secuestrado por una banda delincuencial que ejecutó un falso operativo policial y cuatro de los acompañantes de la víctima fueron asesinados. Este panorama evidencia una evolución en la forma de operar de estas redes criminales.
Jenss Lara Tantaquilla se desplazaba junto a cuatro acompañantes a bordo de una camioneta blanca por la intersección de la avenida Húsares de Junín con la calle Isabel de Bobadilla, tras salir de una discoteca local. En ese punto, el vehículo fue interceptado por sujetos armados con fusiles, quienes vestían trajes negros y chalecos para simular ser miembros de una unidad de la Policía Nacional del Perú.
Los delincuentes obligaron al empresario a descender de la unidad para trasladarlo a otro vehículo y dispararon ráfagas contra los demás ocupantes. Como consecuencia del ataque, murieron Farhad Andrea Monzón Lingán, Nadia Edith Urtecho Rodríguez, Luis Alberto Rojas Ramos y Christopher Eduardo García Álvarez.
Luego de la liberación de Lara Tantaquilla, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, confirmó que sí hubo una entrega de dinero durante la operación relacionada con el secuestro del empresario minero. Explicó que la operación continúa en desarrollo y que el hecho de que una persona haya acudido a recoger el dinero no significa necesariamente que se trate del máximo responsable de la organización.
El secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla, ocurrido durante la madrugada del domingo 30 de agosto, y su reciente liberación, un día después, en la ciudad de Trujillo, han conmocionado a la ciudadanía. Foto: Facebook.
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Ante lo ocurrido en Trujillo, el docente en Ciencia Política y analista en seguridad Pedro Yaranga consideró que la situación “ya refleja un escenario de una ‘mexicanización’ o ‘colombianización’ de las economías ilegales en el Perú, donde las organizaciones delictivas ya no temen al Estado, sino que lo confrontan utilizando el terror como moneda de cambio y presión política”.
“La letalidad del ataque buscaba asegurar que no hubiera resistencia y enviar un mensaje de terror para obligar a la familia a pagar un rescate que se presume de varios millones de dólares. Ese tipo de actuación en el Perú es una novedad. No estamos ante delincuentes comunes con suerte, sino ante estructuras híbridas donde no se descarta la participación de especialistas militares o policiales, activos o en retiro”, expresó.
Enfatizó que la línea de investigación no apunta a un secuestro al azar, sino a un ataque planificado.
En diálogo con El Comercio, Pedro Yaranga comentó que “soy reacio a creer que ese tipo de secuestros lo hayan cometido las bandas u organizaciones peruanas, como Los Pulpos u otras bandas surgidas a partir de Los Pulpos en La Libertad. Ninguna banda convencional en el Perú tiene la capacidad de realizar ese tipo de operaciones. Ese tipo de actos los hacía el MRTA, no solo con asesinatos, sino también con secuestros a la fuerza, pero otras bandas no”.
En relación con el perfil criminal de los secuestradores, dijo que “no se debe descartar que hayan participado exmilitares o expolicías, pero a lo mejor también puede haber una colaboración de policías y militares de la zona. En una zona caliente, en tres o cuatro meses, la policía ya está contaminada con la criminalidad”.
Luego de la liberación de Lara Tantaquilla, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, confirmó que sí hubo una entrega de dinero durante la operación relacionada con el secuestro del empresario minero. Foto: César Bueno.
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“Si esto crece, sería muy peligroso. Para combatir esta criminalidad tan creciente, lo que necesitamos es limpiar la casa por dentro, especialmente la Policía, pero también el Poder Judicial, el Ministerio Público y las Fuerzas Armadas”, concluyó.
Para conocer cómo se inició la problemática de los secuestros premeditados en México, El Comercio conversó con el investigador mexicano de la Universidad Autónoma de Coahuila y especialista en seguridad pública Víctor Manuel Sánchez Valdés. “Encontramos casos de secuestro en México desde las décadas de los 40 y 50. Primero estaban ligados a grupos insurgentes o revolucionarios. Pero posteriormente las organizaciones criminales empezaron a incorporarlos en los años ochenta y mucho más a partir de 2007”, dijo.
“En México hay células especializadas en los diferentes cárteles que realizan secuestros enfocados en personas de muy altos ingresos, rivales criminales o familiares de personas que están en el gobierno. Pero tienen en común el hecho de que requieren una alta inversión. Hacen un seguimiento de semanas e incluso de meses de los patrones de desplazamiento de las personas que van a ser secuestradas. En ocasiones, hasta se infiltran en sus círculos de seguridad; es decir, convencen a algún guardaespaldas, trabajador doméstico, jardinero, etc., de colaborar o brindar información”, agregó.
El experto contó que, en principio, los secuestros estaban dirigidos contra grandes empresarios —las 100 o 200 familias más ricas del país—, pero luego fueron territorializándose hacia personas de menores ingresos, aunque con negocios importantes a nivel local. “En México hay una cifra negra muy importante de secuestros. Es decir, solo un pequeño porcentaje llega a reportarse a las autoridades por el miedo de que las personas secuestradas sean ejecutadas o mutiladas”, expresó.
El investigador mexicano de la Universidad Autónoma de Coahuila y especialista en seguridad pública Víctor Manuel Sánchez Valdés dijo que hay casos en los que los secuestradores son exmilitares y expolicías, pero también algunos otros se formaron dentro de los aparatos sicariales de las organizaciones criminales. Foto: AFP.
/ ALFREDO ESTRELLA
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“Quienes conforman estas redes son grupos mixtos. Sin duda, hay casos en los que los secuestradores son exmilitares y expolicías, pero también algunos otros se formaron dentro de los aparatos sicariales de las organizaciones criminales. En México, el tema del secuestro va muy de la mano con la extorsión. No solo secuestran a los dueños de una empresa minera, sino que también se ha visto el secuestro de trabajadores de empresas mineras. Hay una célula criminal ligada al Cártel de Sinaloa o al Cártel Jalisco, donde, cuando la empresa deja de pagar o no acepta un incremento en las cuotas, secuestran a sus trabajadores”, añadió.
Sánchez Valdés advirtió que los secuestradores cuentan con armamento muy sofisticado. “Se estima que hay 15 millones de armas ilegales en el país. Este se adquiere de forma legal en Texas, Arizona o Nuevo México y es pasado de forma clandestina a México”, dijo.
“Desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, es decir, el presidente anterior a Andrés Manuel López Obrador, hubo una estrategia nacional contra el secuestro e incluso se creó una instancia especializada para combatir este delito. Sin embargo, siendo muy honestos, el impacto que se ha tenido no ha sido tan profundo. Se siguen perpetrando secuestros”, concluyó.
Para abordar las formas de combatir esta problemática, el profesor e investigador de la Universidad del Pacífico José Luis Pérez Guadalupe analizó el hecho a partir de los resultados del estudio “Seguridad ciudadana y política criminal del Estado”, elaborado junto con la investigadora Lucía Nuñovero para Agenda 2026, una iniciativa impulsada por el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP).
En México, hubo una estrategia nacional contra el secuestro e incluso se creó una instancia especializada para combatir este delito.
/ Cesar Grados
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“La coyuntura vivida muestra las brechas institucionales en temas de seguridad ciudadana. Trujillo evidencia que la inseguridad ya exige una respuesta de Estado, no solo policial. La política criminal debe articular al Congreso, Ministerio Público, Poder Judicial, PNP y sistema penitenciario. El problema no es solo capturar delincuentes; es anticiparse al crimen. El desafío es convertir información e inteligencia en capacidad efectiva de prevención y respuesta”, explicó.
El investigador mencionó, además, que el uso de falsos policías revela una amenaza directa a la capacidad de control del Estado. “El ataque se ejecutó mediante una intervención policial simulada, utilizando uniformes y equipamiento similares a los de unidades especializadas de la PNP. El debilitamiento de la capacidad de disuasión y control estatal puede incrementar la percepción de impunidad y erosionar la confianza ciudadana en las instituciones”, expresó.
Frente a una criminalidad que trasciende las competencias de una sola institución, el estudio “Seguridad ciudadana y política criminal del Estado”, elaborado por Pérez Guadalupe y Lucía Nuñovero, propone un Pacto Nacional por la Seguridad Ciudadana liderado por el Ejecutivo y construido con los otros dos poderes del Estado, los gobiernos locales, el Ministerio Público, las universidades, los centros de investigación y la sociedad civil. “El episodio de Trujillo refuerza la necesidad de que esta respuesta sea interinstitucional, sostenida y basada en inteligencia, y que no dependa únicamente de medidas coyunturales después de cada crisis”, concluyó.
