La usurpación del poder del régimen encabezado por Nicolás Maduro ha frustrado las esperanzas de miles de venezolanos que soñaban con una mejora tanto política como económica en su país. Este nuevo periodo de la dictadura chavista, denunciada por diversos gobiernos, incluido el del Perú, traería consigo una nueva ola de migrantes que a su vez se toparía con Estados Unidos nuevamente gobernado por el republicano Donald Trump, de quien se espera una política migratoria mucho más restrictiva.
¿Qué otras cargas arrastra Venezuela, donde la economía cada día se hunde más y los servicios sociales básicos se mantienen en un interminable espiral de precariedad, ante este nuevo sexenio de Maduro?
MIRA: Comando con Venezuela denuncia el “secuestro” y posterior liberación de María Corina Machado
La diáspora incesante
Según cifras de la agencia de refugiados ACNUR (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), poco más de 8,5 millones de venezolanos han dejado su país durante la última década, número que podría incrementarse hasta en un millón más este 2025. La mayoría de migrantes y refugiados de Venezuela residen en nuestra región (6,70 millones en diciembre de 2024).
Entre los países con mayor volumen de inmigración venezolana se encuentran Colombia (2,8 millones) y Perú (1,7 millones), según señala la ONU. De acuerdo a la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), por lo menos el 85% de los migrantes venezolanos se encuentran en América Latina.
La migración venezolana en la última década ya es mayor, por ejemplo, a todos los habitantes de Paraguay (6.5 millones). A fines del 2023, el Observatorio de la Diáspora Venezolana (ODV) señaló que el flujo migratorio se distribuía en 90 países y en más de 400 ciudades en todo el mundo.
La disputa política
Aunque el chavismo reduce la migración venezolana a 2,5 millones y asegura que 1,2 millones ya han regresado, la oposición liderada por el diplomático Edmundo González Urrutia responsabiliza al gobierno de Nicolás Maduro por la diáspora y aboga por un cambio de gobierno para generar oportunidades de retorno.
Este último escenario parece poco probable pese a las muy serias dudas sobre la validez de los resultados oficiales de las elecciones del año pasado. Y es que sobre González, de 75 años, recae una orden de arresto desde setiembre del año pasado, por cargos relacionados con la exposición pública de las actas electorales a través de una plataforma digital, razón por la que vive asilado en España.
El chavismo además ofrece una recompensa de 100.000 dólares por información para capturar al también docente, exdiplomático y escritor. Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, ha dicho varias veces que si Edmundo González “pone un pie en Venezuela, será detenido”.
Los apuros del próximo sexenio
Todo parece indicar que, como desde el 2013, el gobierno de Nicolás Maduro seguirá estando marcado por una profunda crisis económica, tensiones políticas internas y un creciente aislamiento internacional.
Existen muchas formas de explicar la crisis migratoria en Venezuela, pero en términos didácticos es posible resumirlas en tres poderosos problemas: político (autocracia y represión), económico (colapso e hiperinflación) y humanitario (falta de servicios básicos).
Esta situación, exacerbada por sanciones internacionales (Estados Unidos) y la inestabilidad política, impulsa la emigración masiva de venezolanos, que además se agrava con nuevos flujos migratorios en ascenso provenientes desde Cuba, Haití e incluso Ecuador.
La contracción económica
Una crisis de migración forzada del tamaño de la venezolana apunta principalmente a un estado precario de los servicios sociales básicos y una economía cada vez más contraída. El presidente Nicolás Maduro aseguró recientemente que la economía de Venezuela creció 5,5% en 2023.
Este supuesto avance contrasta con lo vivido en el país en la última década. El propio Banco Central de Venezuela (BCV) admitió que entre los años 2013 y 2018 el Producto Bruto Interno (PBI) del país se contrajo 52,3%, y el descenso continuó con fuerza en el 2019.
La contracción económica tocó fondo entre el 2014 y el 2021 al llegar a ser de hasta 70%. En adelante, el Gobierno tendió puentes con el sector privado, permitió la dolarización informal y abrió las fronteras para el abastecimiento comercial. Sin embargo, no ha sido suficiente.
El petróleo, la moneda y la industria
En cuanto a la producción petrolera, aunque se incrementó un 19,8% -hasta los 960.000 barriles por día (bpd)- en noviembre pasado respecto al mismo mes del 2023, aún mantiene distancia de los 2,89 millones de bpd que bombeaba a comienzos de siglo.
Por otra parte, la producción industrial privada mostró un avance de 7,6% en el tercer trimestre de 2024 y la manufactura alcanzó una capacidad utilizada de 43,8%. Sin embargo, las cifras todavía están lejos de ser positivas. Cuando Maduro asumió el poder en el 2013, el uso de la capacidad instalada estaba al 70%.
Con un nuevo gobierno de Maduro, el sector empresarial está pendiente y a la espera de resistir cualquier cambio abrupto en las políticas internas y externas. Finalmente, la volatilidad cambiaria y de precios es otro pendiente a resolver: según las proyecciones, la brecha cambiaria se mantendría por encima del 20%, lo que incrementará la volatilidad en los precios de bienes y servicios, dejando nuevamente en jaque al sector privado.
Es decir, el dólar cada vez vale más en Venezuela y su moneda, el bolívar, cada vez vale menos. Esto incrementa la inflación y con ello, el descontento del pueblo.
La carencia y la necesidad
El colapso económico y la elevada inflación parece condenar a los venezolanos a vivir en la pobreza. Los continuos cortes en el suministro de electricidad y agua potable complican la vida cotidiana de sus habitantes, que ven cómo estas deficiencias en los servicios básicos tienen consecuencias en otros servicios igual de trascendentales como el sector salud y la educación.
La Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) del 2023 señala que el 51,9% de los hogares de Venezuela viven en pobreza multidimensional, que se caracteriza por bajos ingresos, falta de servicios básicos y deterioro de la educación.
Las desigualdades de ingresos son también evidencia irrefutable de una crisis que no ha sido mitigada: el ingreso promedio per cápita del estrato más pobre es 10 dólares al mes, el del más alto es 347,2 dólares, según Encovi. La principal respuesta del gobierno de Maduro (a casi el 80% de la población) ha sido la entrega de bonos solidarios.
Corrupción y delincuencia
Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) en el sector público, con una escala de cero (muy corrupto) a 100 (muy baja corrupción), Venezuela obtuvo 13 puntos, convirtiéndose en el segundo país más corrupto del mundo a inicios del 2024, solo superado por Somalia.
Malversación sistemática de fondos y secuestro de los poderes públicos han dinamitado las entidades estatales y con ello el gasto público. “Los grandes esquemas de corrupción van de la mano con la captura de los sistemas legislativo, regulatorio y judicial por parte de funcionarios de alto nivel para generar poder y evadir el castigo”, advirtió el informe anual del 2023 de Transparencia Internacional (TI).
Los sobornos y la impunidad para delinquir son otras características que se han asentado en la última década. Según la ONG Provea, entre los años 2013 y 2023, bajo el gobierno de Nicolás Maduro, se registraron 1.652 víctimas de torturas, 7.309 víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y 10.085 asesinatos cometidos por agentes de seguridad (Provea 2024).
Para que no queden dudas del difícil contexto social que enfrentan los venezolanos, según el Atlas Mundial de Impunidad, de 163 países Venezuela ocupa el lugar número 11, con uno de los mayores índices de impunidad a nivel mundial.
En resumen, el nuevo gobierno enfrentará el desafío de la reconstrucción económica al frente de un país devastado por años de hiperinflación, recesión y sanciones internacionales. Para esto, será crucial reactivar la industria petrolera y fomentar nuevos sectores industriales.
A esto se suma la crisis humanitaria masificada por la escasez de alimentos, medicinas y servicios básicos. Finalmente, urge restituir la confianza en las instituciones, fundamental para el desarrollo de políticas públicas efectivas y la reinserción en la economía global. Si lo anterior al menos se atenúa, la migración masiva proyectada para el 2025 podría frenarse.
Mientras, la incertidumbre política, la volatilidad económica y la presión social seguirán campeando en el que fue uno de los países más ricos de América Latina durante la década de 1970.
