La violencia íntima de pareja en el Perú continúa siendo un problema estructural y extendido, con más del 50% de mujeres en edad fértil reportando haber experimentado al menos un tipo de violencia en el último año, según el informe elaborado por el Observatorio de Familia del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad de Piura.
La violencia íntima de pareja en el Perú continúa siendo un problema estructural y extendido, con más del 50% de mujeres en edad fértil reportando haber experimentado al menos un tipo de violencia en el último año, según el informe elaborado por el Observatorio de Familia del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad de Piura.
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El estudio, basado en más de 44.000 casos recogidos por la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) entre 2015 y 2024, revela que la violencia emocional es la forma más frecuente, con prevalencias cercanas al 43% en los últimos años. En contraste, la violencia física muestra una tendencia a la baja —de más de 34% en 2015 a menos de 27% en 2024—, mientras que la violencia sexual se mantiene por debajo del 9%.
El análisis también incorpora un enfoque generacional que evidencia mayores niveles de reporte en mujeres jóvenes. Así, la violencia emocional pasa de 37,2% en cohortes mayores a 46,4% en las más jóvenes, mientras que hasta el 64% de mujeres nacidas entre 1992 y 2004 reporta haber sufrido algún tipo de violencia.
Según explicó Guillermo Dulanto, miembro del comité editorial del estudio, este fenómeno responde a una mayor capacidad de reconocer y denunciar situaciones de violencia. “No necesariamente hay más violencia, sino más conciencia y menor tolerancia frente a estas conductas”, indicó.
El informe también identifica factores de riesgo como el consumo frecuente de alcohol en la pareja, que puede elevar significativamente la prevalencia de violencia, así como variables individuales como el nivel educativo, la situación laboral y antecedentes de violencia en la infancia.
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Los hallazgos plantean nuevos desafíos para las políticas públicas, al evidenciar cambios en la dinámica y reconocimiento de la violencia. En ese sentido, el estudio recomienda fortalecer estrategias integrales que aborden la prevención, la salud mental, la educación emocional y la atención diferenciada según contextos sociales.
