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El primer tipo delictivo sería el copamiento indebido del poder. Así lo precisó el fiscal José Luis Quispe Changanaquí durante la audiencia por el pedido de prisión preventiva contra la exfuncionaria Elizabeth Ugarte Manrique, una de las integrantes de la presunta red criminal.
De acuerdo con la investigación fiscal, la organización nombró a funcionarios claves en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Provías Descentralizado (PVD) para concretar sus objetivos ilícitos.
ESTA FUE LA AUDIENCIA PARA EVALUAR EL PEDIDO DE PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA UGARTE:
La segunda modalidad delictiva fue la de lobbies ilícitos, explicó el representante del Ministerio Público. La red habría utilizado su influencia y poder para manipular decisiones gubernamentales en su beneficio.
En tanto, la tercera modalidad delictiva sería las contrataciones públicas fraudulentas.
“Una vez que se hicieron del poder político, desplegaron acciones para hacerse del control económico, primero a través de la presidencia de la República, luego a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, después mediante el viceministerio de Comunicaciones y capturando Provías Descentralizado”, dijo Quispe ante el juez Jorge Chávez Tamariz.
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El fiscal – integrante del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) – añadió que cuentan con cuatro colaboradores eficaces, e incluso dos de ellos han renunciado a la reserva de su identidad. Estos últimos son el empresario Hugo Meneses Cornejo y el exfuncionario de Provías Descentralizado Juan José Enciso Torres.
Quispe destacó que el colaborador eficaz 08 – 2023 ha relatado el pago de sobornos en tres licitaciones públicas. La primera data de diciembre del 2019, por una obra valorizada en más de S/ 156 millones, a la que la fiscalía llama el Caso Tintay; la segunda, en setiembre del 2020, por S/ 63 millones (Caso Samegua); y la tercera, en diciembre del 2020, también por S/ 63 millones (Caso Pampa).
Además, el Ministerio Público cuenta con cuatro testigos protegidos, a los que identifica con los códigos 02-2023, 03-2023, 04-2023 y 02-2024. “Ellos han precisado, desarrollado y corroborado la información proporcionada por los aspirantes a la colaboración eficaz”, dijo Quispe.
“Líder de la organización criminal”
Durante la audiencia, el fiscal Quispe ratificó que Vizcarra “desempeñaba la función de líder de la organización criminal en su condición de presidente de la República”.
La red habría operado desde marzo del 2018 hasta diciembre del 2020 para cobrar sobornos a cambio de la buena pro de millonarias obras públicas.
El representante del Ministerio Público enfatizó que el exmandatario “emitía las órdenes y ubicó a sus principales aliados para que ejerzan funciones públicas claves dentro del aparato estatal”.
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La hipótesis del Ministerio Público es que, con objetivos presuntamente ilícitos, Vizcarra obtuvo la conducción de sectores claves del gobierno incluso antes de asumir como presidente de la República, en marzo del 2018.
Para la fiscalía, en el 2016, Vizcarra habría intercedido ante el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski para que nombre a Edmer Trujillo como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Trujillo también es señalado como uno de los integrantes de Los Intocables de la Corrupción.
Vizcarra “habría controlado dos ministerios”, en referencia a Transportes y Comunicaciones, a donde él fue designado como ministro, y a Vivienda.
La relación entre Vizcarra y Trujillo se remonta al 2012, cuando el primero fue gobernador de Moquegua y el segundo fue gerente general del Gobierno Regional de Moquegua.
Las declaraciones de colaboradores eficaces ubicarían a Trujillo en el marco de la cúpula del poder, dentro de una organización criminal que supuestamente integran Carlos Estremadoyro como exviceministro de Transportes; Carlos Revilla, exdirector de Provías Descentralizado; Hugo Misad, exasesor de la alta dirección de PVD; Alcides Villafuerte, ex gerente de obras de PVD, y otros.
Por este caso, la Fiscalía de la Nación allanó las viviendas de Vizcarra y Trujillo en Lima y Moquegua en marzo último. La diligencia estuvo a cargo del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del Ministerio Público, tras ser autorizada por el juez supremo de Investigación Preparatoria Juan Carlos Checkley Soria.
Alcides Villafuerte devolvió coima de S/ 500 mil y además trató de desaparecer celular, laptop y disco externo lanzándolos al techo del vecino
Un personaje clave en esta trama de presunta corrupción, es Alcides Villafuerte, exgerente de obras de Provías Descentralizado. En febrero, se conoció que se acogió a la colaboración eficaz y devolvió 500 mil soles producto de coimas.
En marzo, El Comercio reveló que el fiscal José Luis Quispe sostuvo, ante el juez Miguel Quevedo Melgarejo, que durante las diligencias de detención y allanamiento, Alcides Villafuerte buscó desaparecer y esconder objetos que contenían información sobre el Caso “Los Intocables de la Corrupción”. Según narró, el exfuncionario “se deshizo de un celular” lanzándolo a la azotea del vecino colindante.
“Pero no solamente fue un celular, señor juez, porque la reacción de Alcides Villafuerte no fue de, inmediatamente, colaborar con la justicia, sino que fue tendiente a desaparecer su celular, a desaparecer una laptop, a desaparecer un tera (memoria de almacenamiento), conforme se verifica que aparecieron aventados en la azotea del vecino de a lado”, detalló.
“La capacidad del señor Alcides Villafuerte para ocultar, para sustraer, para buscar desaparecer medios no se infiere a través de los documentos presentados; sino que se corrobora, por cuanto él mismo pretendió esconder y desaparecer su celular, su laptop y una memoria externa ¿Qué hubiese pasado si este despacho fiscal no hubiese advertido tal situación? Probablemente no contaríamos con esta información altamente relevante que se vincula directamente a las actividades que le hemos presentado en las audiencias”, añadió el fiscal.
Alcides Villafuerte entrega dinero de sobornos por Caso Los Intocables de la Corrupción
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Exfuncionaria prófuga reaparece en audiencia
La exfuncionaria pública Elizabeth Ugarte Manrique reapareció el lunes último, de manera virtual, en la audiencia en la que se evaluó un pedido de 36 meses de prisión preventiva en su contra. La fiscalía la investiga por el presunto delito de colusión agravada.
De acuerdo con la fiscalía, Ugarte integraría la presunta organización criminal liderada por Vizcarra. Ella fue coordinadora de Abastecimiento y Control Patrimonial de Provías Descentralizado.
Según la declaración de un colaborador eficaz, Ugarte podía observar “algún documento o buscar un pretexto” para descalificar a las empresas que, en los procesos de licitación, estaban por arriba de la que se había comprometido a pagar una coima.
En la audiencia, dirigida por el juez Jorge Chávez Tamariz, la fiscalía destacó que Ugarte permanece como no habida desde enero último, cuando recibió una orden de detención preliminar.
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“Este despacho fiscal se ha venido preguntando en los últimos meses dónde se encontraba la señora Elizabeth Ugarte. […] Tomamos conocimiento que se encontraba fuera del país y corroboramos que tenía un boleto de regreso para el 6 de febrero, pero tampoco tuvimos novedades. ¿Dónde está la señora?”, cuestionó el fiscal Quispe.
Una fuente de El Comercio señaló que Ugarte se encontraba en Tailandia en enero último, cuando la fiscalía la buscó sin éxito para que cumpla con una orden de detención preliminar.
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