La acusación fiscal contra el expresidente Martín Vizcarra por recibir sobornos de empresas constructoras cuando fue gobernador regional de Moquegua (2011-2014) continúa fortaleciéndose.
Este lunes 13 de enero, durante una nueva audiencia del juicio oral en su contra por presunto delito de cohecho, la contadora Liliana Sánchez ratificó dos informes sobre cómo ICCGSA y Obrainsa habrían retirado y justificado contablemente el dinero de las presuntas coimas a Vizcarra.
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Los documentos fueron elaborados por Sánchez en el 2022 a pedido del Ministerio Público para los Casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.
Sánchez, en su calidad de testigo técnico de la fiscalía, detalló que verificó que Obrainsa giró dos cheques de S/400 mil y S/600 mil, entre enero y abril del 2014, respectivamente, a nombre de Tobías Puertas, exconserje de la empresa, estos fueron cobrados en efectivo en el BBVA.
Los cheques fueron registrados contablemente por la compañía como préstamo al Consorcio Obrainsa-Astaldi y la cuenta de dividendos de OB Construcción SAC.
Sin embargo, de acuerdo con la tesis fiscal, este dinero correspondería al S/ 1 millón que habría recibido Vizcarra a cambio de la buena pro del proyecto Lomas de Ilo.
Sanchéz precisó que, además de corroborar la existencia de los cheques, también halló en el registro contable y los libros electrónicos de Obrainsa la factura del servicio aéreo con ATSA (Aérea de Transportes SA) por un valor de S/35.985,65.
Asimismo, correos electrónicos internos de la solicitud del servicio, la autorización del vuelo e información de los pasajeros.
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De acuerdo con el testimonio que Elard Paul Tejeda, gerente de Obrainsa, brindó durante una anteior audiencia del juicio oral, el alquiler de la aeronave habría sido parte de los presuntos sobornos entregados al exgobernador de Moquegua.
Con respecto a su informe contable sobre el Hospital de Moquegua, Sánchez indicó que pudo verificar la existencia de las cuatro facturas ficticias que el Consorcio Hospitalario, conformado por ICCGSA e Incot, emitió a nombre de Mzarq.
De acuerdo con la acusación fiscal, por esta obra el expresidente habría recibido un pago de S/1,3 millón, que se habrían concretado entre 2014 y 2016, con el exministro José Hernández como intermediario en algunos de ellos y con Rafael Granados y Fernando Castillo como los representantes de la empresa que entregaron el dinero.
Los directivos y el examigo de Martín Vizcarra ya confirmaron esas versiones dentro de este juicio. Los ejecutivos de ICCGSA también indicaron que el dinero en efectivo para esos pagos se generó a través de boletas por servicios ficticios a favor de la empresa Mzarq. Así lo dio a conocer El Comercio en un anterior informe.
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En la audiencia también participaron como testigos técnicos Aldo Flores Alfaro, especialista en contrataciones con el Estado, y el contador César Gonzalez.
La jueza Fernanda Ayasta, directora de debates del juicio y presidenta del Cuarto Juzgado Colegiado, informó que la audiencia continuará los días 20 y 27 de enero. En estas fechas participarán peritos contables y financieros.
Mira aquí la audiencia:
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Defensa de Vizcarra cuestiona a testigos
En diálogo con El Comercio, Erwin Siccha, defensa legal de Vizcarra, cuestionó los informes de Sánchez y la solidez de las declaraciones de los otros testigos técnicos presentados por la fiscalía.
“Nosotros no discutimos si ellos (Obrainsa) han sacado plata o no. Ellos (la fiscalía) tienen que acreditar si esta plata retornó en efectivo a Obrainsa y si está acreditada la entrega de ese dinero. Ella (Liliana Sánchez) solo ha dicho que ha revisado información de Obrainsa y no puede dar fe si el dinero regresó en efectivo a la empresa”, aseveró.
Con respecto a ICCGSA, indicó que Sánchez respondió que no había verificado si Mzarq retiró el dinero que habían depositado en las cuentas bancarias y que desconocía las fechas y otros detalles importantes, entre ellos si la empresa había devuelto la plata en efectivo.
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Asimismo, Siccha criticó que la fiscalía haya presentado a un técnico nivel básico de contrataciones con el Estado.
“Es un técnico de nivel básico […] Nunca ha participado en un proceso de selección vinculado a un organismo internacional. ¿Cómo puede dar una opinión al respecto? No ha revisado las bases del concurso público internacional […]”, expresó.
Para Siccha, quienes declararon hoy en la audiencia “no son testigos como tal” sino que fueron entregados por la fiscalía como “testigos técnicos”. “¿Técnicos de qué, si nisiquiera han revisado los documentos de Mzarq. Si el dinero regresó a Obrainsa o ICCGSA”, concluyó.
