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Vizcarra es acusado por el Ministerio Público de haber cometido el delito de cohecho pasivo propio por supuestamente haber recibido sobornos en la licitación de las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua II, cuando era gobernador regional de Moquegua (2011-2014).
La fiscalía lo acusa de haber pactado ilícitamente con empresas constructoras como Obrainsa e ICCGSA y haber recibido 2,3 millones de soles por las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.
Según acusación fiscal, Vizcarra habría recibido una coima de S/1 millón por la obra Lomas de Ilo y otros S/1,3 millones por la licitación del Hospital de Moquegua II. Dichos montos, según la fiscalía, corresponderían al 2% del total de la inversión de las obras.
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Como se recuerda, en octubre del 2020, el Equipo Especial Lava Jato abrió investigación contra el exgobernador regional por los presuntos delitos de colusión agravada, asociación ilícita para delinquir, cohecho y usurpación agravada. Posteriormente, solo se formalizó por tres de ellos.
En diciembre del 2022, la fiscalía solo acusó a Vizcarra Cornejo por el delito de cohecho pasivo propio y solicitó 15 años de cárcel en su contra. Esa misma fecha, el Equipo Especial Lava Jato requirió el archivo de los delitos de asociación ilícita para delinquir y usurpación agravada.
Fue en noviembre del 2023, durante el inicio del control de acusación que la jueza Margarita Salcedo discrepó con la fiscalía al considerar que -el también ex jefe de Estado- debía seguir siendo procesado por tres delitos y no solo por uno. Por ello, dispuso que el fiscal superior se pronuncie respecto a la decisión del fiscal provincial que solicitó el archivo de dos delitos.
Finalmente, la Fiscalía Superior coincidió en requerir el archivo de los delitos de asociación ilícita para delinquir y usurpación agravada. Ante ello, la jueza Salcedo emitió una resolución declarando el sobreseimiento -es decir el archivo- de ambos ilícitos a pedido de la fiscalía, pero dio luz verde al proceso contra Vizcarra por el supuesto delito de colusión agravada.
Lo que busca la defensa de Vizcarra con su solicitud es que se declare la nulidad absoluta de la resolución que da inicio al juicio oral y que este se programe una vez que concluya el control de acusación por el delito de colusión.
Además, cuestiona que, hasta el momento, no se haya emitido el auto de enjuiciamiento por dicho delito y que la resolución que fija la fecha del juicio oral (solo por cohecho pasivo propio) vulnera el principio de non bis in ídem (no se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena por el mismo hecho).
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“Estrategia dilatoria”
En diálogo con El Comercio, el exviceministro Gilmar Andía, el exfiscal supremo Martín Salas y los exprocuradores Luis Vargas Valdivia y Antonio Maldonado opinaron que el expresidente estaría empleando una estrategia dilatoria para no sentarse este lunes en el banquillo de los acusados.
Andía consideró que, si bien la solicitud de Vizcarra podría tener “lógica”, se trataría de un argumento para la dilatación del juicio. Indicó que la defensa del expresidente ha encontrado en “el error” o “mala tramitación” del Poder Judicial la “justificación” para pedir la nulidad de la resolución.
Lo que sigue, según explicó el exviceministro, es que el requerimiento se evalúe antes de la instalación del juicio oral o en la misma audiencia programada para este lunes 28.
Habría dos caminos, dijo Andía: “O aceptan la nulidad, con lo cual el caso regresa al juez de investigación preparatoria para que haga el control completo del tema de colusión, o la rechazan y se continúa como está. Lo que sucedería es que a la par pueda darse una instalación de etapa intermedia por el delito de colusión. Llevaría que esto sea visto en tiempos distintos”.
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A su turno, Salas dijo que la defensa del ex jefe de Estado “no pude pedir la suspensión del juicio oral porque este se dispone mediante una resolución que es esta de carácter obligatorio e inaplazable”.
El exfiscal supremo indicó que la defensa de Vizcarra pudo haber hecho la observación en la etapa preparatoria y no ahora que ya se dispuso el inicio del juicio oral. “Eso es buscar que se dilate el juicio”, afirmó.
Afirmó que la defensa puede mantener el cuestionamiento del non bis in ídem, pero en el caso de colusión que está en etapa preparatoria.
“Se lo van a rechazar porque definitivamente el juicio ya tiene fecha de inicio y es inaplazable e impostergable”, reiteró.
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El exprocurador Antonio Maldonado calificó el pedido de Vizcarra como “un artilugio dilatorio” y que “no se trata de un cuestionamiento genuino”.
“Está usando esta presunta vulneración del principio non bis in ídem para lograr demorar la instalación del juicio”, remarcó.
Bajo su lectura, lo que hará el Poder Judicial es requerir la opinión del Ministerio Público sobre este planteamiento de la defensa de Vizcarra. Incluso, si lo considera pertinente, podría ser objeto de una audiencia.
No obstante, subrayó que se trata de “un movimiento de ajedrez cuyo objeto es impedir la instalación del audiencia en razón de tomar una distancia con la sentencia de Alejandro Toledo” y “toda la energía que hay en este momento en el país acerca de los presidentes que incurrieron en actos de corrupción”.
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Por su parte, Vargas Valdivia señaló que “la defensa del expresidente está confundida”. “Ya la etapa intermedia concluyó y el juez, en su momento, aprobó la acusación […] No creo que la solicitud se la acepten”.
“Lo que quiere es ganar tiempo porque le inician juicio oral y está muy fresca la condena de Alejandro Toledo y a mitad de su juicio oral va a salir la sentencia de Ollanta Humala. Eso podría afectar su condición a nivel de los propios jueces y en la opinión pública. ¿Qué más puede ganar con esto?”, cuestionó.
“Lo que hará el juzgado es resolver su pedido el lunes en la audiencia. No creo que prospere su solicitud”, concluyó.
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Respuesta
En diálogo con El Comercio, Erwin Siccha, abogado de Vizcarra, descartó que se trate de una estrategia dilatoria y subrayó que su solicitud es de carácter técnico y no político.
“No puede ser posible que, en el marco del mismo proceso penal, el mismo hecho sea objeto de enjuiciamiento y esté pendiente de proceso de acusación, es irregular por donde se vea”, expresó.
Explicó que, cuando llegó el momento de que la fiscalía formule su acusación o solicitud de sobreseimiento (archivamiento), ellos “piden sobreseer todos los delitos y solo lo acusan por cohecho pasivo propio”, pero la jueza no estuvo de acuerdo y elevó la consulta al fiscal superior y este ordenó que se le acuse también por colusión.
“Mientras ocurría este trámite ante el fiscal superior, tanto la procuraduría como el fiscal le indican a la jueza que suspenda el trámite de control de acusación por el delito de cohecho hasta que el fiscal superior resuelva lo pertinente en cuando al delito de colusión, pero la jueza dijo que eso se podía tramitar de manera distinta”, precisó.
“Ahora resulta que estamos yendo a juicio por el delito de cohecho y el delito de colusión que refiere al mismo hecho está pendiente de control de acusación, eso es absurdo por donde se vea […] La procuraduría y la fiscalía le hicieron ver eso a la jueza de la etapa intermedia, le advirtieron que podría generar nulidades”, añadió.
Finalmente, subrayó que están “solicitando que no se instale el juicio a efectos de que en su oportunidad se resuelva lo de colusión y todo se pueda resolver conjuntamente porque sino están perjudicando los intereses del señor Martín Vizcarra dado a que no se va a poder ejercer correctamente el derecho de defensa”.
