El expresidente Martín Vizcarra ha pedido al Poder Judicial (PJ) que se le devuelvan 68 bienes incautados que continúan bajo custodia del Ministerio Público (MP), en el marco de la investigación que se le sigue por el Caso Los Intocables de la Corrupción.
Se trata de equipos electrónicos como teléfonos celulares, laptops, memorias USB, tarjetas de memorias y CPU, así como un contrato original donde se acuerda una compra de bien futuro, entre otros.
Dichos bienes fueron parte de todo el acervo decomisado en marzo, durante el allanamiento al domicilio del exmandatario.
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En este caso, se le atribuye a Vizcarra Cornejo, en calidad de autor, presenta organización criminal e, instigador, del supuesto delito de colusión.
Mientras que, su co-investigado, el exministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo, está incluido como presunto autor de los delitos de organización criminal y colusión.
Según la investigación del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, cuando Vizcarra se desempeñó como gobernador regional de Moquegua habría constituido una presunta red criminal con personas de confianza a las que habría llevado hasta el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) cuando fue nombrado ministro del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.
El Ministerio Público señala que los personajes cercanos a Vizcarra se conocerían como “la muralla moqueguana” y habrían tenido diferentes funciones dentro de la estructura criminal que habría liderado el exmandatario entre marzo de 2018 y diciembre de 2020.
La oficina de peritaje recomendó mantener en resguardo lo incautado
En audiencia celebrada la mañana de este jueves ante el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, la defensa legal de Vizcarra Cornejo requirió la devolución alegando que la fiscalía ya se había extraído la información de todos ellos.
Erwin Siccha, abogado del exmandatario explicó que en setiembre requirieron los bienes, pero les fue negado por la fiscalía. Agregó que estos eran usados por la esposa y los hijos del investigado.
“El tratar de mantener en su custodia o bajo su poder o dominio, bienes que ya sirvieron para la finalidad respecto a lo cual se ordenó la incautación instrumental, no solo es arbitrario y despótico señor magistrado; sino que además, vulnera el derecho a la propiedad de dichos bienes de mi patrocinado y mis familiares; sino que dado la finalidad recreativa de algunos equipos incautados, se está vulnerado su derecho a la recreación”, indicó.
Al respecto, el fiscal supremo adjunto Luis Germaná, del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, solicitó que se rechace el pedido al señalar que aún no se concluye con los informes periciales de los bienes incautados.
El representante del Ministerio Público explicó que durante el operativo de allanamiento, se incautaron 71 bienes a Vizcarra. Tras disponer que se practique una pericia de análisis digital forense para extraer la información contenida, la oficina correspondiente concluyó los exámenes de tres de los bienes del exmandatario y dispuso su devolución en abril.
Sin embargo, precisó que la oficina de peritaje aún no concluye con las diligencias respecto a los otros 68 bienes incautados.
Incluso, acotó Germaná, dicha oficina pericial recomendó a la FN que “conserve en custodia las evidencias incautadas” ya que se ha solicitado su resguardo ante cualquier eventualidad hasta concluir con los informes periciales.
“Sin embargo, obra en la carpeta fiscal como en el expediente, el informe técnico No 330-2024 del 3 de octubre del 2024, donde textualmente, en las conclusiones, la ofician de peritaje señala: Se informa que las copias forenses realizadas en los dispositivos electrónicos están en proceso de indexación; posteriormente se elaborarán los informes periciales. Estamos hablando de los otros 68, aún no están los informes periciales”, indicó el fiscal.
Sobre el contrato de compra venta, concluyó el fiscal, aún no ha sido deslacrado ya que ello forma parte de los documentos incautados.
Concluida la argumentación de las partes, el juez Checkley Soria anunció que resolvería el pedido en el plazo de ley.
