El expresidente Martín Vizcarra, actualmente inhabilitado para ejercer la función pública, suma una nueva denuncia constitucional ante el Congreso de la República.
El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena Campana, presentó el jueves último una denuncia constitucional contra el exmandatario por los presuntos delitos de falsedad genérica y omisión de consignar declaraciones en documentos. El primer ilícito tiene una sanción que va de dos a cuatro años de cárcel; y el segundo, de 1 a 6 años de pena privativa de la libertad.
“Los hechos que se denuncian se refieren a declaraciones públicas presentadas por el denunciado en su condición de presidente de la República al momento de asumir el cargo, negando sus vínculos con las empresas Odebrecht y CyM Vizcarra S.A.C. Ingenieros Contratistas”, informó el Ministerio Público.
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Consultado por El Comercio, Fernando Ugaz, abogado de Vizcarra, refirió que hasta el jueves aún no había sido notificado de la denuncia, por lo que se excusó de dar comentarios al respecto y señaló que se encontraba en una diligencia. “No nos han notificado ningún documento, ya nos notificarán mañana [viernes]”, expresó.
Argumentos
Según el documento al que accedió El Comercio, el delito de falsedad genérica se contextualiza en sucesos del 9 de enero del 2019. Aquel día, el entonces mandatario brindó una conferencia de prensa en la que negó que la empresa familiar CyM Vizcarra haya sido proveedora de la constructora Odebrecht entre el 2006 y el 2008 para la construcción de la carretera Interoceánica Sur.
No obstante, el 20 de enero del 2019, en entrevista con “Punto final”, el entonces presidente reconoció que su empresa sí hizo trabajos para la construcción de la vía a través del consorcio Conirsa S.A., que tenía a Odebrecht como empresa con mayor participación accionarial. Para la fiscalía, la condición que por aquellos años tenía Vizcarra como socio de su compañía familiar le dio la “posibilidad de conocer los contratos” de la misma.
Respecto al citado delito, la fiscalía señala que también se configuró cuando, ese 20 de enero, Vizcarra afirmó en la entrevista con el referido dominical que había renunciado oficialmente a su empresa el 23 de marzo del 2018. No obstante, la fiscalía determinó que su revocatoria como gerente de Operaciones y vicepresidente del directorio de la compañía fue acordada por la junta de accionistas recién el 4 de junio del 2018 y fue inscrita en Registros Públicos el 17 de agosto de ese año.
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En cuanto al sindicado delito de omisión, la fiscalía refiere que Vizcarra no informó en su declaración jurada de intereses del 30 de octubre del 2018, pese a que estaba obligado, que hasta el 4 de junio de ese año había sido directivo de su empresa. Según la denuncia, el expresidente habría actuado “de manera deliberada” para “evitar informar con veracidad aspectos de los cargos directivos que ostentó”.
En ambos ilícitos, de acuerdo con la denuncia, “el perjuicio ocasionado es a la colectividad en general, por el desmedro de la imagen institucional de la presidencia de la República y la consecuente pérdida de confiabilidad como representante del Estado, tanto en el ámbito nacional como internacional”.
Diversos casos
Vizcarra, vacado por el Parlamento en el 2020, suma casi 20 denuncias constitucionales en trámite ante el Congreso. La más reciente deberá seguir el respectivo proceso en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside la parlamentaria Lady Camones (Alianza para el Progreso).
El exmandatario tiene dos sanciones de inhabilitación del Congreso para ejercer cargos públicos. Una es por diez años por el Caso Vacunagate y otra por cinco años por sus vínculos con empresas cuando fue ministro de Transportes.
