Martín Vizcarra: la historia del caso y los principales testimonios y pruebas del juicio que hoy llega a su fin

Cinco años después del inicio de su investigación y luego de un año de juicio, el expresidente Martín Vizcarra conocerá este miércoles la sentencia en su caso por presuntamente haber recibido coimas de constructoras que ganaron obras durante su gestión como gobernador de Moquegua. La decisión puede ser una condena de hasta 15 años de prisión o su absolución.

La resolución será leída desde las 9:00 a.m. por el Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional (CSNJPE), integrado por los jueces Fernanda Ayasta (presidenta y ponente de la sentencia), Giovanni Félix y Andy Rodríguez. Se espera la presencia en el lugar del propio Martín Vizcarra, quien ha asegurado que asistirá. Si el tribunal lo condena y ordena la ejecución inmediata de la sentencia, el expresidente sería detenido allí mismo para su posterior internamiento en el penal de Barbadillo.

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Este juzgado ya dictó este año dos sentencias por Lava Jato: el caso Alpha Consult y el caso Metro de Lima, fallando en ambas ocasiones a favor de la acusación fiscal. En la primera, impusieron 35 años de pena al principal acusado, pero suspendieron la ejecución de la pena hasta que se confirme en segunda instancia. En el segundo, dispusieron la ejecución inmediata, aunque el principal acusado, el exviceministro Jorge Cuba, fugó del país días antes de la sentencia y permanece prófugo.

El fiscal Germán Juárez confía en que Martín Vizcarra será sentenciado y en que este se convertirá en el séptimo juicio consecutivo, en los últimos dos años, en que el Equipo Especial Lava Jato logre una sentencia condenatoria. De ser así, se trataría del tercer expresidente sentenciado por su conexión con esta trama, luego de Alejandro Toledo y Ollanta Humala, que hoy cumplen sus condenas en el penal de Barbadillo.

Las sentencias previas del Caso Lava Jato

Martín Vizcarra se ha mostrado confiado en que el tribunal lo absolverá, tal como solicitó su abogado, el penalista Erwin Siccha, aunque en la jornada previa a la audiencia reconoció que tiene “cierta preocupación”. El exmandatario niega la acusación en todos sus extremos y atribuye el caso a mentiras de empresarios corruptos ligados al Club de la Construcción, que lo incriminan para negociar acuerdos de colaboración con el Ministerio Público.

Durante el juicio, iniciado en octubre del 2023, declararon como seis testigos seis colaboradores eficaces con sentencia, quienes confesaron haber participado en las entregas de dinero y/o haber tenido conocimiento del pacto para las coimas entre Martín Vizcarra y los empresarios. La defensa del expresidente alega que esos testimonios son falsos.

El caso

El fiscal Germán Juárez, del Equipo Especial Lava Jato, acusa a Martín Vizcarra de haber recibido S/ 2.3 millones de consorcios liderados por las empresas Obrainsa e ICCGSA, implicadas en el Club de la Construcción, a cambio de los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. El pacto se habría hecho en noviembre del 2013 y los pagos se habrían ejecutado entre el 2014 y 2016.

La investigación se remonta a octubre del 2020, cuando Martín Vizcarra era presidente, y fue revelada como una exclusiva del diario El Comercio. Los exdirectivos de Obrainsa se sometieron a un proceso de colaboración con el fiscal Germán Juárez, que los investigaba por el caso Club de la Construcción. Como parte de su confesión, relataron que pagaron S/ 1 millón a Martín Vizcarra para ganar el proyecto Lomas de Ilo.

Poco después, representantes de ICCGSA, también sometidos a la colaboración eficaz, confesaron el pago de S/ 1.3 millón a Martín Vizcarra por el proyecto de la ampliación del Hospital de Moquegua. Ambas casos se acumularon en una sola carpeta fiscal en la que se abrió una investigación preliminar al entonces jefe de Estado.

El Congreso tomó los hechos de la investigación como sustento para la vacancia de Martín Vizcarra, tal como hicieron antes con el caso Richard Swing. Sin embargo, esta vez la moción sí prosperó y el jefe de Estado fue destituido. Con el acusado fuera de Palacio de Gobierno, la investigación siguió y el Poder Judicial le dictó un impedimento de salida del país.

En marzo del 2021, la fiscalía formalizó la investigación y requirió prisión preventiva para Martín Vizcarra. Sin embargo, el Poder Judicial rechazó la medida y solo le impuso reglas de conducta. Las pesquisas culminaron en diciembre del 2022, cuando el Equipo Especial Lava Jato presentó su acusación contra el expresidente: pidieron 15 años de prisión por el delito de cohecho.

Luego de un dilatado control de acusación, el juicio por este caso finalmente comenzó en octubre del 2024. A lo largo de las audiencias, los colaboradores eficaces de la fiscalía (todos ellos ya con sentencias del Poder Judicial) fueron presentándose y ratificaron ante el tribunal sus testimonios sobre el pago de coimas.

Dos exgerentes de ICCGSA coincidieron en que Martín Vizcarra, en noviembre del 2013, les ofreció “información privilegiada” para ganar la licitación de Lomas de Ilo a cambio de que accedan a pagarle S/ 1 millón. Los pagos fueron hechos, agregaron, por el directivo Elard Paul Tejeda en dos partes: S/ 400 mil en enero del 2014 y S/ 600 mil en abril del 2014.

“Me llama alrededor del 24 de enero a pedirme. Le dije que tenía que hacer el trámite (…) “El cheque es cobrado el 27 de enero y ese mismo día, o al día siguiente, se hace la entrega de ese dinero a Martín Vizcarra” declaró Elard Paul Tejeda sobre el primer pago. Sobre el segundo, añadió: “Es la misma tónica: Martín Vizcarra me llama (indicando) que le atienda los pagos. Hago el trámite interno, se cobra el cheque el 4 o 5 de abril. Entre el 4 y el 7 de abril es que viene a mi oficina”.

“Una vez que lo traían del banco, (el dinero) lo tenía guardado en una caja fuerte que tenía. Lo sacaba de allí y se lo entregaba en un sobre manila amarillo, un sobre grande que teníamos ahí para poner el dinero (…) Pedíamos que la nominación (de los billetes) sea alta, para tener el menor volumen posible. En ese momento, era de S/ 200 cada uno”, detalló.

Su hermano, Manuel Tejeda, gerente general de Obrainsa al momento de los hechos, declaró en la misma línea: “Tuvimos que acceder a un pedido que nos hizo el señor Vizcarra. “Sí (se hicieron los pagos), se tuvieron que pagar. Fueron en realidad tres pagos. Hubo un pedido que hizo antes de la suscripción del contrato, de los gastos de una avioneta. Luego, un pago de S/ 400 mil y un segundo pago de S/ 600 mil”.

A su turno, los representantes de ICCGSA también ratificaron en el tribunal que accedieron a pagar el 1.3 millón solicitado por Martín Vizcarra a través de un intermediario, su amigo y futuro ministro José Manuel Hernández, para que no observe la firma del contrato por el Hospital de Moquegua. Este último también confesó en el mismo sentido.

Según lo declarado, los pagos fueron hasta en ocho partes: las seis primeras mediante José Manuel Hernández en el 2014 (S/ 1 millón), la séptima directamente a Martín Vizcarra por parte del directivo Rafael Granados (US$ 30 mil) a mediados del 2015, y la última por parte del directivo José Castillo en agosto del 2016 (US$ 60 mil), en casa de Hernández. En esta última fecha, el acusado ya era vicepresidente y ministro de Transportes.

“(Preguntó) si los conozco (a los directivos de ICCGSA), si son serios y si había algo adicional”, dijo Hernández. “Cuando le pregunto [a Martín Vizcarra] qué quiere decir ‘algo adicional’, dice ‘algún premio’, porque ‘ellos se comen la torta solos’ (…) De ahí, la conversación devino en si ‘había algo para él’. Le digo que hable directamente con [el directivo Rafael] Granados y él me dice ‘no, no puedo, mejor tú dile’. Le comienzo a preguntar de qué estamos hablando. Y él me habla de un monto: S/ 1 millón 300 mil soles”.

En cuanto a las entregas en las que fue intermediario, relató: “El primer pago debió ocurrir entre fines de marzo y abril del 2014. Ello por insistencia del señor Vizcarra (…) [Rafael] Granados tenía un paquete preparado y me dijo ‘llévale esto’ (…) Se lo di a mi chofer, el señor Carlos Aranda, [para] que lo lleve a la casa del señor Vizcarra. Previamente, lo llamé para que dé la dirección exacta y él lleva ese pago […] Apenas lo entregó, [el chofer] me llama y me dice ‘ya lo entregué”.

Añadió que en entregas posteriores, le dio el dinero personalmente al expresidente. “Yo traía [el dinero] acá a la oficina y él lo recogía. Se lo entregaba acá y él se movilizaba (…) Venía siempre con un maletín de cuero, de color oscuro, algo así, y allí colocaba el dinero y se lo llevaba”.

“Accedimos (al pedido de S/ 1.3 millón para Vizcarra) y dimos el consentimiento (…) Tengo conocimiento de que se cumplió el pago que se acordó”; dijo a su turno Javier Jordán, gerente técnico de ICCGSA. “El pago se materializó. Fueron pagos hechos en efectivo. Hubo seis entregas a través del señor José Hernández, quien después se las hacía llegar a Martín Vizcarra. Estas fueron con cantidades de entre 100 y 200 mil soles”, confesó Rafael Granados.

“Yo me paré y saqué de mis bolsillos el dinero (US$ 60 mil) y lo puse en una repisa que había en la sala. Martín Vizcarra se paró, lo recogió, puso ese dinero en los bolsillos de su saco y su pantalón. Procedió a sentarse. Le dije ‘con eso ya cumplimos, todo bien’. El hizo una señal afirmativa. Cuando terminaba de acomodarse el dinero, regresó Hernández”, contó el gerente general de ICCGSA, José Castillo, sobre el último pago.

Otros testigos de la fiscalía apuntaron a acreditar que Martín Vizcarra sí podía condicionar la firma de los contratos de las empresas, a cómo ambas empresas generaron el dinero para las coimas, que estuvo presente en las oficinas de Obrainsa y a que acudió a la casa de José Manuel Hernández para el último pago, en agosto del 2016, entre otros hechos.

El Ministerio Público también presentó documentos a modo de pruebas para su acusación contra Martín Vizcarra. Estos incluyeron pericias para verificar que los montos de dinero sí cabían en los sobres descritos por los testigos, pericias a sus cuentas para alegar que “vivía de las coimas”, chats, correos, cheques, registros de llamadas y de geolocalización, los contratos y bases de los concursos para las obras, etc.

Entre la confianza y la preocupación

La defensa de Martín Vizcarra presentó sus propios testigos para acreditar su tesis de defensa: que los concursos para ambas obras dependían de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), que el entonces gobernador no podía observar la firma del contrato, que no estuvo en Lima en las fechas del supuesto pacto ilícito y del supuesto pago de coimas, y que los colaboradores que lo señalan como receptar mintieron y sus declaraciones no fueron corroboradas.

En su alegato final, el abogado Erwin Siccha sostuvo que la acusación se basa “en especulaciones y conjeturas, en erróneas interpretaciones jurídicas, y , sobre todo, en la arbitrariedad del Ministerio Público”. “(Los colaboradores) expresaron mentiras que no han corroborado (…) Esta defensa solicita que la decisión de la judicatura sea la absolución de todos los cargos atribuidos al señor Martín Vizcarra”, requirió.

En su última palabra antes del juzgado, Martín Vizcarra enfatizó en que los colaboradores canjearon sus declaraciones contra él a cambio de acuerdo con la fiscalía para librarse de la cárcel, por lo que cuestionó “¿quiénes son realmente los delincuentes?“. ”Por eso estamos aquí y estaremos aquí presentes (…) Confiamos que ustedes, con base en la verdad, van a impartir justicia. Y la justicia que ustedes impartan, yo la voy a respetar“, afirmó.

Luego, en su última entrevista antes de conocer la sentencia, Martín Vizcarra reconoció que tenía “cierta preocupación” sobre la decisión del juzgado, pese a que “no hay una duda en absoluto sobre mi actuar sobre mi probada inocencia”. Según dijo, esto se debe a la posibilidad de que el juzgado se deje influenciar por la “presión mediática” en su decisión.

“Son tres jueces los que finalmente van a dictar sentencia entonces. La pregunta es, ¿van a usar el Código Procesal Penal, los argumentos de todo el proceso, o se van a dejar influenciar por la presión mediática, política, que existe para tratar de sacar del juego político a Martín Vizcarra. Eso siempre me puede generar alguna duda, alguna preocupación”, declaró a radio Exitosa.

El expresidente sostuvo que desde su partido, Perú Primero, y su propia familia, le han dicho que se “escape”, que “no se ponga a derecho” o se “ponga a buen recaudo” ante su posible condena. No obstante, volvió a asegurar que irá a la audiencia de lectura de sentencia: “Voy a ir y voy a ir como soy, siempre con la frente en alto”.

Distintos especialistas consultados por El Comercio coincidieron en que todo apunta a que el caso se resolverá por una condena contra Martín Vizcarra y que lo más probable es que esta se ejecute de inmediato. Aun así, el resultado sigue siendo reservado. Todo está en manos de los tres jueces, liderados por la magistrada Fernanda Ayasta.

Puntos de vista

Silvana Carrión, exprocuradora del Caso Lava Jato, estimó que la sentencia de este miércoles será de condena para Martín Vizcarra. “Lo que se ha evidenciado durante el juicio oral, que fue resumido claramente por la Fiscalía y la Procuraduría Ad Hoc en los alegatorios finales, da cuenta de la solidez de la prueba que hay en este caso”, dijo a El Comercio.

La abogada remarcó la importancia de que en este caso los colaboradores eficaces hayan dado sus testimonios ante los jueces y que estos hayan sido “convincentes”. “Y no solamente son dichos, sino que vienen acompañadas de toda una corroboración judicial que ya fue valorada por otros jueces en el procedimiento de colaboración eficaz».

“El delito de cohecho como tal, que significa una ventaja, una dádiva o dinero, en este caso está plenamente acreditado. Entonces, deberíamos tener una condena (…) Buena parte de la sentencia debería estar sustentada en los testimonios de colaboradores eficaces, pero no es lo único, porque la fiscalía trajo otras pruebas, como los registros de llamadas”, remarcó.

Finalmente, consideró que es difícil anticipar si el juzgado dispondrá que se ejecute la sentencia de inmediato o cuando se confirme en segunda instancia, pero opinó que la pena “debería ser efectiva”. “También se debería acoger el monto de reparación civil, que requerimos en su momento en la procuraduría, que es de S/ 4.6 millones en forma solidaria con las empresas que resulten responsables” sostuvo.

El abogado penalista Guillermo Astudillo comentó que “para quienes hemos leído el caso y seguido el juicio, el pronóstico es de condena por los dos hechos por los que el señor Martín Vizcarra es procesado». Según remarcó, la jurisprudencia de la Corte Suprema establece que en este tipo de casos se trabaja con prueba indiciaria de los actos de corrupción y en este caso se ha “acreditado con abundantes medios probatorios” que el expresidente solicitó y recibió los sobornos que se le imputan.

El jurista destacó, en particular, la potencia de las declaraciones de los seis colaboradores eficaces. “Creo que será imposible para el tribunal voltear la cara y taparse los ojos ante la abundante prueba que se ha actuado (…) Creo que sí lo van a condenar, sería muy sorprendente que no lo hagan. No espero otra otra situación que no sea la condena”, dijo.

Aun así, el penalista señaló que el tribunal debe emitir una sentencia bien fundamentada y que responde a los argumentos de su defensa para evitar que un tribunal superior luego la anula. En esa línea, también consideró que la sentencia debe ser de ejecución inmediata, sin esperar a que se confirme en segunda instancia.