Un nuevo día clave para Martín Vizcarra. El juez Jorge Chávez Tamariz, de la Corte Superior Nacional, evalúa este miércoles el pedido de prisión preventiva hecho por la fiscalía contra el expresidente como parte del proceso por presuntamente haber recibido coimas de empresas constructoras ligadas a su gestión como gobernador de Moquegua (2011-2014).
El fiscal Germán Juárez, del equipo especial Lava Jato, busca que se varíe la comparecencia simple (sin restricciones) que actualmente cumple Martín Vizcarra por seis meses de prisión preventiva, plazo en el que su juicio por este caso ya debería haberse resuelto con una sentencia. La defensa del expresidente se opone y busca seguir enfrentando su proceso en libertad.
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La audiencia iba a realizarse originalmente el pasado viernes 8 de agosto. Sin embargo, el juez decidió postergarla para este miércoles debido a que tanto la defensa como la fiscalía presentaron documentación adicional relacionada al pedido y era necesario darles tiempo para analizarla.
En esa misma sesión, el juez dijo que la sustentación del pedido debía ser “puntual” y que iba a dar a la fiscalía hasta 50 minutos para exponer la evidencia del caso (25 minutos como máximo por cada proyecto) y otros 20 minutos para el “peligro procesal”, es decir, para que argumente porque hay riesgo de fuga. El mismo tiempo se dará a la defensa para su contraargumentación.
“Exijo capacidad de síntesis, porque ya contamos todos con la información material. La réplica y la dúplica se desarrollarán en un promedio de 10 minutos. Si tengo preguntas adicionales, será un nuevo debate y se desarrollará con un nuevo tiempo (…) Va a tener que ser todo rápido”, dijo el juez.
El magistrado también dijo que espera poder resolver el pedido ese mismo día, aunque esto dependerá del tiempo que finalmente tome todo el debate entre la fiscalía y la defensa. Además, dijo que Martín Vizcarra no está obligado a acudir presencialmente a la audiencia, pero que lo puede hacer si desea dar unas palabras al final de la sesión.
El caso contra Vizcarra
Este proceso contra Martín Vizcarra, en el que el expresidente enfrenta a un posible condena de 15 años de prisión, actualmente está en fase de juicio oral. Se le acusa de haber recibido sobornos de S/ 2.3 millones de las constructoras peruanas Obrainsa e ICCGSA por los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, respectivamente, que se adjudicaron durante su gestión como gobernador.
El juicio comenzó en octubre del año pasado en el Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional. Desde entonces, se desarrolló a ritmo de una audiencia por semana. Recién desde este mes se avanzará con dos sesiones semanales. A lo largo de las audiencias, distintos testigos o colaboradores eficaces han declarado haberle entregado el dinero de los sobornos al expresidente o haber tenido conocimiento de los pagos.
En medio de este desarrollo, la fiscalía considera que hay riesgo de que el expresidente fugue del país o pida asilo político ante un gobierno extranjero antes de conocer su sentencia, prevista para fines de año. Actualmente, el expresidente no tiene ninguna restricción para salir del país ni otra regla de conducta.
Por ello, el fiscal Germán Juárez, del equipo especial Lava Jato, solicitó en junio pasado que se dicten seis meses de prisión preventiva para el acusado, bajo el cálculo de que en ese plazo ya habría terminado el juicio y se tendría una sentencia. Para el Ministerio Público, sería una condena.
La defensa de Martín Vizcarra rechaza la acusación de los sobornos y se opone al pedido de prisión preventiva, alegando que no existe ningún riesgo de salir del país o solicitar asilo a una embajada. El expresidente asegura que tiene arraigo familiar y un trabajo como ingeniero y ‘asesor’ del partido Perú Primero, y que siempre se ha sometido al proceso judicial, que se remonta a fines del 2020.
En junio pasado, el juez Víctor Alcocer, también de la Corte Superior Nacional, rechazó el pedido de prisión preventiva y optó por darle a Martín Vizcarra reglas de conducta e impedimento de salida del país. La fiscalía y la defensa apelaron y a fines de julio, una sala superior anuló esa decisión y ordenó que el pedido vuelve a ser evaluado por otro juez, responsabilidad que fue asignada al magistrado Chávez Tamariz.
