Martín Vizcarra: desde el destape de las coimas hasta el inicio del juicio oral contra el expresidente

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A finales de octubre, Vizcarra se convirtió en el cuarto expresidente peruano en ir a juicio por corrupción, tras ser acusado de recibir una coima de S/2,3 millones de las empresas Obrainsa e ICCGSA.

Esto para que dichas compañías sean favorecidas en la entrega de las licitaciones de los proyectos “Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Ilo – Moquegua” y “Ampliación y Mejoramiento del Hospital de Moquegua Nivel II-2″, respectivamente.

El Comercio dio a conocer el caso a finales del 2019, luego de una rigurosa investigación. A continuación, la cronología desde el destape de las coimas hasta el inicio del juicio oral contra el exjefe de Estado.

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A finales del 2019, El Comercio reveló que, el 30 de diciembre del 2014, un día antes de que Vizcarra culminara su período como gobernador regional de Moquegua, se realizaron una serie de trámites que derivaron en un desembolso de S/41′869.086 a favor de un consorcio integrado por ICCGSA por la construcción de un hospital en la región. Esta información se desprende de un informe de la contraloría.

Según documentos a los que obtuvo acceso este Diario, las entregas de dinero fueron solicitadas y aprobadas por funcionarios de la gestión de Vizcarra, entre ellos el ex ministro de Transportes Edmer Trujillo, quien en ese entonces era el gerente general del gobierno regional.

Vizcarra fue gobernador de Moquegua entre el 2011 y el 2014. Un día antes de que dejara el cargo, el 30 de diciembre del 2014, suscribió un convenio con el Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud del Ministerio de Salud por el “financiamiento de la ejecución y supervisión” de la obra, para que esta se continuara con recursos del Gore de Moquegua, pero supervisada por el Minsa.

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En la investigación de este Diario, se comprobó que el 31 de diciembre, en la víspera del Año Nuevo, el Gobierno Regional de Moquegua autorizó el desembolso al consorcio por S/41′869.086. Pero no se hizo en un solo abono, sino a través de 133 comprobantes de pago girados el mismo día: 131 por montos de S/310.000 cada uno, uno por S/256.217 y otro por S/31.000. Adicionalmente, se emitieron otros comprobantes de pago por un total de S/971.868.

La Contraloría General de la República detectó indicios de responsabilidad penal y presentó una denuncia ante la fiscalía contra 14 ex funcionarios del Gobierno Regional de Moquegua y quienes resulten responsables de los presuntos delitos de negociación incompatible y aprovechamiento del cargo.

Previamente, hubo dos pesquisas fiscales por el caso, pero se archivaron.

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En octubre del 2020, se dieron a conocer los testimonios de más de tres aspirantes a colaboradores eficaces que dieron cuenta sobre los supuestos sobornos por más de 2 millones de soles a Vizcarra.

Primero, el aspirante a colaborador N° 10-2018 detalló al fiscal Germán Juárez, del equipo Lava Jato, que la empresa Obrainsa- ligada al “Club de la Construcción”- pagó al exmandatario de forma ilícita un total de S/1′000.000, a cambio de la buena pro de la obra Lomas de Ilo.

Posteriormente, tres nuevos aspirantes declararon que las empresas ICCGSA e Incot pagaron S/1′300.000 al exgobernante para ser favorecidos con la construcción del Hospital Regional de Moquegua.

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Una de las entregas se habría dado en la casa de un exministro, en el distrito de La Molina. De acuerdo con uno de los testigos, en la reunión participaron Martín Vizcarra, Fernando Castillo Dibós y Rafael Granados, representantes de ICCGSA. Ese día el expresidente presuntamente cobró una parte de la coima relacionada al hospital de Moquegua.

El testigo detalló que, en total, los pagos se realizaron de “seis a ocho oportunidades” a través suyo, tras coordinaciones “por teléfono o WhatsApp” y en dos ocasiones fueron entregados directamente al mismo Martín Vizcarra.

Posteriormente, este Diario reveló que el exministro de Agricultura José Hernández fue el intermediario en la entrega de referidos sobornos.

Tras las declaraciones del aspirante a colaborador eficaz N° 10-2018, el fiscal Juárez – que investiga desde el 2018 el caso “Club de la Construcción”- abrió una pesquisa preliminar contra Vizcarra por los presuntos delitos de cohecho y colusión en agravio del Estado.

Posteriormente, se conoció que Juárez también ordenó que el mandatario sea investigado por asociación ilícita para delinquir.

Tras la difusión de las versiones de los aspirantes a colaboradores, Vizcarra, quien entonces era presidente de la República, rechazó haber recibido sobornos.

“No he recibido ningún soborno por ninguna obra en ninguna parte del Perú ni del mundo”, dijo en diálogo con “Cuarto Poder”, en octubre del 2020.

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En noviembre del 2020, El Comercio difundió las conversaciones de WhatsApp entre Vizcarra y el exministro de Agricultura José Hernández. Estas fueron entregadas a la fiscalía por el propio Hernández, entonces aspirante a colaborador eficaz.

En el celular entregado al Ministerio Público se observan también conversaciones que sostuvo el exministro con los representantes de ICCGSA, Fernando Castillo Dibós y Rafael Granados, sindicados de haber realizado pagos ilícitos a Vizcarra a cambio de la construcción del hospital de Moquegua.

Los peritos del Ministerio Público realizaron un informe pericial informático de este celular y corroboraron la autenticidad de los mensajes, imágenes y videos compartidos entre el mandatario y el exministro.

Aunque Vizcarra había dicho que su relación con Hernández era solo profesional, los chats demostraban lo contrario: ellos tenía una relación de amistad de años atrás.

Una de las conversaciones data del 28 de mayo del 2019. Ese día Vizcarra envió a Hernández la captura de pantalla de un tuit en el que se señala que el entonces fiscal de la Nación Pedro Chávarry tendría en sus manos el expediente y fotos de los cobros que Vizcarra hizo a Obrainsa.

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Las revelaciones de los aspirantes a colaboradores eficaces motivaron una moción de vacancia por incapacidad moral permanente contra Vizcarra en el Congreso. Es así como el martes 9 de noviembre del 2020, la representación nacional destituyó al entonces presidente.

La remoción contra Vizcarra fue respaldada por la mayoría de los integrantes de Acción Popular, Alianza para el Progreso (APP), Somos Perú, Podemos Perú y Frente Amplio. Fuerza Popular, Frepap y Unión por el Perú (UPP) tuvieron un voto unánime a favor, mientras que el Partido Morado fue la única agrupación que marcó en contra.

En total fueron 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones.

Tras la destitución de Vizcarra, juró en el cargo Manuel Merino, quien dimitió luego de las violentas protestas en su contra. Finalmente, juró Francisco Sagasti juró como presidente de la República.

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Días después de su destitución, el Poder Judicial le impuso 18 meses de impedimento de salida del país. Ello a solicitud del fiscal Germán Juárez.

Al leer su decisión, la jueza María de los Ángeles Álvarez afirmó que, a nivel de diligencias preliminares, estaban “suficientemente sustentados” los elementos de convicción para el pedido. Además, señaló que existía el peligro de fuga y que Vizcarra tiene ingresos suficientes para abandonar el país, debido al cargo que ha ostentado.

La medida concluía el 12 de mayo de 2022.

Posteriormente, en el 2024, el Poder Judicial volvió a dictar el impedimento de salida contra el exmandatario. Esta vez por 12 meses.

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Vizcarra se presentó por primera vez ante el despacho del fiscal Germán Juárez para ser interrogado como parte de esta investigación. El interrogatorio al hoy líder de Perú Primero duró más de cuatro horas.

Un mes después, Vizcarra volvió a acudir al llamado de Juárez. En esa ocasión permaneció en el despacho del fiscal poco más de tres horas.

En diálogo con la prensa, su entonces abogado Fernando Ugaz cuestionó que el fiscal Germán Juárez haya declarado sobre el caso. A su juicio, se trató de “un adelanto de opinión”.

“No es normal que un fiscal salga y diga ‘a tal persona le espera la cárcel, lo voy a acusar directamente sin investigar”, exclamó.

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En marzo del 2021, la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, declaró infundado el pedido fiscal de prisión preventiva por 18 meses para el exmandatario por los presuntos sobornos. En su lugar, impuso comparecencia con restricciones.

La magistrada consideró que no existía peligro de fuga ni obstaculización por parte del investigado.”No se cuenta con la alta probabilidad exigida [del peligro de fuga] para el dictado de este tipo de medidas”, dijo.

Vizcarra había señalado que el pedido de prisión preventiva era “parte de una persecución política” en su contra. Por ese entonces, encabezaba la lista al Congreso de Somos Perú en los comicios del 2021. Alcanzó curul, pero no asumió debido a que fue inhabilitado por la representación nacional.

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El Comercio tuvo acceso a reportes de la empresa Telefónica que registran el tráfico de llamadas entre el exmandatario Vizcarra; los empresarios Elard Paul Tejeda, de Obrainsa; José Fernando Castillo Dibós y Rafael Granados Cueto, de ICCGSA; y el exministro José Manuel Hernández.

Esta nueva prueba de la fiscalía se sumó a los testimonios y documentos que tiene la fiscalía -que fueron entregados por los colaboradores- y que comprometen a Vizcarra en la recepción de presuntos sobornos por un total de S/2′300.000 a cambio de la adjudicación del Hospital Regional de Moquegua y del proyecto de irrigación Lomas de Ilo, durante su gestión como presidente regional de Moquegua.

Para ese entonces, Tejeda, Castillo Dibós, Granados y Hernández habían decidido levantar la reserva de su identidad como colaboradores eficaces de esta investigación.

Las comunicaciones evidencian coordinaciones entre Vizcarra y Tejeda, de Obrainsa.

Este último dijo al fiscal que Vizcarra le entregó en noviembre del 2013 información “privilegiada” para que el consorcio conformado por las empresas Obrainsa y Astaldi se adjudique la obra Lomas de Ilo.

El exmandatario les dijo que debían entregar una propuesta económica menor a S/81′000.000 a Unops, organismo encargado del proceso de licitación.

Según los correos de los días 2 y 3 de diciembre del 2013, Tejeda y su secretaria Ana Ellen intercambiaron comunicación con el entonces gobernador regional de Moquegua para coordinar el alquiler de una avioneta por parte de Obrainsa que transportaría desde Lima a Ilo a una delegación de funcionarios bolivianos encabezados por el expresidente de Bolivia, Luis Arce Catacora.

Según Tejeda, Vizcarra le hizo este pedido “porque tenía urgencia de reunirse con unas personas que se encontraban en Lima y necesitaba que los trasladen a Tacna o Ilo”. El acta fiscal registra tres llamadas efectuadas por parte del exjefe del Estado al dueño de Obrainsa el 2 de diciembre del 2013, durante los días que se enviaron los correos electrónicos.

Además, las fechas de los primeros pagos de ICCGSA a Vizcarra, según las declaraciones de los colaboradores eficaces, también coinciden en el tiempo con las llamadas que intercambiaron Vizcarra, Granados, Hernández y Castillo Dibós.

Entre marzo y diciembre del 2014, cuando se habría efectuado los primeros pagos del soborno, el expresidente y Granados se comunicaron 54 veces. En el 2015, entre enero y agosto, también hubo 37 llamadas. El mayor número de comunicaciones fue de Vizcarra a Granados.

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En diciembre del 2022, luego de dos años de investigación, el fiscal Germán Juárez presentó ante el Poder Judicial su acusación contra el expresidente Vizcarra por los presuntos sobornos que recibió cuando era gobernador regional.

En la acusación fiscal, a la que El Comercio accedió, Juárez solicitó una pena de 15 años de cárcel para el exmandatario por el delito de cohecho pasivo propio. Además, pidió que sea inhabilitado para ejercer la función pública por nueve años.

Por el proyecto Lomas de Ilo, realizado por un consorcio formado por Obrainsa y Astaldi, Vizcarra recibió un soborno de un millón de soles, según el documento fiscal. “El acusado […] contacta vía telefónica con Elard Tejeda Moscoso [gerente comercial de Obrainsa] para reunirse con la intención de brindarle información privilegiada y solicitarle a cambio donativo o beneficio indebido consistente en el 2% [S/1′016.212,74] del costo de la obra [S/50′810.637,85]”.

Lomas de Ilo terminó costando S/116 millones, además de S/17 millones en arbitrajes. Pese a la inversión, no hay irrigación en la zona.

Sobre el hospital, a cargo de un consorcio entre ICCGSA e Incot, Vizcarra, “en su condición de presidente del gobierno de Moquegua, condicionó su conducta funcional a la entrega de un donativo indebido ascendente a la suma de S/1′300.000″. De acuerdo con la acusación, el intermediario para entregar ese soborno fue el exministro José Manuel Hernández, amigo del expresidente y dueño de ATA, empresa supervisora de los dos proyectos.

El costo inicial de la obra fue de S/123′456.590. Sin embargo, cuando Vizcarra la inauguró en el 2019 como mandatario, dijo que el proyecto “en todas sus etapas costó más de 270 millones de soles”. El contrato se firmó en diciembre del 2013, pero la obra recién se inauguró en noviembre del 2019.

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El 28 de octubre, Vizcarra se convirtió en el cuarto expresidente peruano en sentarse frente al banquillo de los acusados, imputado de presunta corrupción y afrontando una posible condena que lo podría llevar a purgar 15 años de cárcel.

El dinero ilícito sería el monto que Vizcarra Cornejo habría solicitado para quebrantar la ley y la confianza que se le otorgó como funcionario público, a cambio de entregarles de manera irregular, respectivamente, las licitaciones de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

Junto al expresidente también han sido incluidos y convocados a juicio oral, como terceros civilmente responsables, las personas jurídicas INCOT Contratistas Generales S.A.C., ASTALDI S.P.A. – Sucursal del Perú, Obras e Ingeniería S.A.- OBRAINSA e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. – ICCGSA

Horas antes de la instalación del juicio oral, el fiscal Juárez aseguró a El Comercio que obtendrán una sentencia condenatoria.

El expresidente buscó dilatar el inicio de su juicio bajo el argumento de que el auto de acusación que se analizará en el proceso debía contener también la imputación por el presunto delito de colusión – por el que inicialmente fue acusado por la fiscalía- y cuyo control acusatorio aún se encuentra pendiente. Sin embargo, su solicitud fue desestimada.

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