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El pleno del Congreso empezó a abordar el miércoles el informe final que recomienda acusar al expresidente Martín Vizcarra por los delitos de organización criminal y otros, a propósito del caso conocido como ‘Vacunagate’. Sin embargo, el tema no llegó a debatirse ni a someterse a votación al solicitarse un cuarto intermedio, quedando aún en suspenso. La sesión continuará este jueves.
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El informe fue el primer punto de la sesión. El exmandatario estaba convocado para este miércoles; sin embargo, envió un oficio —el cual fue leído en el pleno— en donde adelantaba que no acudiría y que renunciaba a la prerrogativa del antejuicio, “con la finalidad de que los cargos imputados puedan ser investigados por el Ministerio Público sin sesgos políticos”.
Por su parte, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, María Acuña (Alianza para el Progreso), dio cuenta de todo el procedimiento que se llevó a cabo respecto a las dos denuncias que se acumulan en el informe en contra de Vizcarra y que fueron planteadas en 2021. Y aseguró que durante el desarrollo del caso “se ha observado y respetado estrictamente las garantías del debido procedimiento”, así como, el derecho “a una decisión imparcial” de la subcomisión, entre otros.
En calidad de delegado, hizo uso de la palabra el legislador Jorge Montoya (Honor y Democracia), quien expuso los cargos formulados contra el exmandatario. Entre ellos, explicó que se le atribuye a Vizcarra Cornejo el presuntamente haber encabezado una organización criminal que se habría dedicado “a la adquisición irregular de vacunas contra el Covid-19, aprovechándose de su posición para beneficiar a terceros y a sí mismo”.
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“El objetivo principal de la organización criminal habría sido el de obtener beneficios económicos y políticos a través de la adquisición irregular de vacunas. Esto se habría logrado mediante el cobro de comisiones ilegales, el favorecimiento de empresas farmacéuticas y el uso de vacunas para obtener ventajas políticas. Además, Vizcarra y sus colaboradores habrían buscado protegerse de las consecuencias legales de sus actos, ocultando información y falsificando documentos”, expuso Montoya.
Además de organización criminal, el informe también recomienda acusar al expresidente presunta concusión, colusión agravada, cohecho pasivo propio, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y falsificación de documentos.
“En el caso de Martín Vizcarra, la subcomisión señala que la tarjeta de vacunación que el denunciado presentó públicamente para demostrar que era un simple voluntario de los ensayos clínicos es apócrifa. Se ha demostrado que nunca estuvo reconocido en la lista oficial de los voluntarios reclutados por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Por consiguiente, se trata de un documento fabricado con la intención dolosa de engañar a la opinión pública y, de ese modo, ocultar su delito y escapar a la responsabilidad por los hechos delictivos, qué significó la inoculación de una vacuna que no estaba destinada para él ni para sus familiares más cercanos”, aseveró el legislador de Honor y Democracia.
El informe final había sido aprobado previamente en la Comisión Permanente el pasado 19 de febrero, 22 a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. Y estaba pendiente su ratificación en el pleno del Congreso.
Al concluirse con la exposición del informe, la presidenta de la subcomisión, María Acuña, pidió un cuarto intermedio, el cual fue acogido, quedando el tema en suspenso. No se precisó el motivo; sin embargo, lo cierto es que el hemiciclo lucía con varios escaños vacíos.
Según el reglamento del Congreso, una acusación por delitos en el ejercicio de función se aprueba con la votación favorable de la mitad más uno del número de miembros del Congreso, sin la participación de los integrantes de la Comisión Permanente.
Sobre Martín Vizcarra, pesan ya dos inhabilitaciones del Congreso: La primera de abril del 2021 por 10 años y por el “Vacunagate” y la segunda de mayo del 2022 y por 5 años, por sus vínculos con empresas privadas cuando fue ministro de Transportes.
